El último conejo que Pedro Sánchez se ha sacado de la chistera es la vieja idea del federalismo. Este es un Estado federal, hay que federalizar España, dijo ayer, muy efusivamente, el premier socialista, al que se vio más duro y enrocado que nunca, quizá porque tiene al molesto juez Peinado pululando por los pasillos de Moncloa y metiendo sus narices en el armario ropero de su esposa en busca de los contratos del empresario Barrabés. De esta manera, el Gobierno trata darle masa madre, cobertura ideológica, una justificación jurídico-política, a sus pactos contra natura con Esquerra, mayormente al hipotético nuevo modelo de financiación autonómica (el polémico cupo catalán), el precio que los de Junqueras, Aragonès y Rovira han puesto a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya.
El federalismo no deja de ser una de esas bellas utopías que el PSOE aún conserva en sus decimonónicos y amarilleados documentos fundacionales, una meta u objetivo que, para qué vamos a engañarnos, ni los socialistas más audaces creen ya realizable. La última vez que en Ferraz se oyó hablar de federalismo fue en la Declaración de Granada de 2013 (ya ha llovido) donde, bajo el rimbombante título de Un nuevo pacto territorial: la España de todos, se acordó incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Desde entonces, nunca más se supo. Nadie se ha atrevido a sacar el tema ni a abrir ese melón, ni siquiera en las últimas campañas electorales, donde se ha hablado poco, por no decir nada, de federalismo. Y no nos extraña. En los tiempos que corren, con la ola de nacionalismo ultra en plena ebullición, proponer una reforma del modelo político y económico territorial (más regionalismo y menos España) es un mal negocio electoral. Así que Ferraz, y con buen criterio, decidió que mejor no meneallo.
Ahora que Esquerra arrecia con sus exigencias de última hora a cambio de entronizar a Illa, Sánchez vuelve con la matraca del presunto federalismo, una quimera de la que el PSOE solo se acuerda cuando sube la fiebre indepe. Sin embargo, ni el propio presidente se cree lo que está diciendo. Darle a Cataluña la llave de la caja de los impuestos (el llamado concierto o cupo catalán a imitación del vasco) sería tanto como sentar las bases de un federalismo asimétrico injusto en el que 14 comunidades autónomas dependerían del régimen común general mientras que otras tres comunidades históricas jugarían con ventaja y con privilegios. Un federalismo de pacotilla que supondría una España a dos velocidades, una para ricos y otra para pobres; la quiebra de principios esenciales del socialismo como el de solidaridad e igualdad (pilares fundamentales de la izquierda y del Estado de bienestar); y una peligrosa reforma exprés de la Constitución, es decir, por la puerta de atrás, en pleno mes de agosto y con el país sesteando por vacaciones. Sánchez no debería caer en semejante frivolidad por mucho que le apremien las prisas por colocar a Illa, cuanto antes, en el despacho de Sant Jaume. En todo caso, y si es cierto que el presidente del Gobierno sigue convencido de que lo mejor es la solución federalista (con un salto adelante hacia un nuevo modelo de financiación), algo tan complejo y trascendental para el país debería ser acordado con todas las comunidades autónomas, no solo con una a la que se le regala una “financiación singular” por motivos que parecen tener más que ver con el cálculo político, con el tacticismo y el cambalache que con las necesidades reales del país, de las comunidades autónomas y de sus ciudadanos.
Hubo un tiempo en que el federalismo fue una receta eficaz para tratar de lograr un modelo de convivencia en paz y armonía entre todas las regiones de España. Hoy ese tiempo ha pasado. A los secesionistas, la fórmula les sabe a poco, y los poderes fácticos reaccionarios/fanatizados de este país jamás se sentarán a negociar un modelo federal que suponga el reconocimiento de una nación de naciones. La última vez que se intentó algo así (aquello del “Estado Catalán dentro de la República Federal Española” proclamada por Companys en el 34) miren ustedes cómo terminamos. A tiro limpio. Por desgracia, este siempre ha sido un país unitario y radial (hoy con apariencia de descentralizado), donde para ir de un lugar a otro, en tren, hay que pasar necesariamente por Madrid.
El cupo catalán, una copia exacta del cupo vasco con la que la comunidad autónoma se convierte en fiscalmente independiente y soberana para recaudar y gestionar sus impuestos, al tiempo que contribuye a un fondo de solidaridad interterritorial (maravilloso eufemismo para definir las migajas o limosnas que el rico le da al pobre), no implica un avance hacia un modelo federal, tal como pretende Sánchez, ni hacia un robustecimiento de un Estado de bienestar igualitario, sino más bien al contrario. En esa tesitura, es comprensible el mosqueo de Page, ya que el modelo ahonda en la división y la desigualdad, supone un revés a los principios de la izquierda y da un paso más hacia la consagración de Cataluña como nuevo paraíso fiscal, que es donde quieren llegar Puigdemont y la derecha catalana. Por si no teníamos bastante con el emporio para ricos que Isabel Díaz Ayuso pretende levantar en la capital de la Meseta, ahora este otro reino de taifas tributario y periférico, esta nación de naciones fiscalmente asimétrica con tres cajas fuertes (la vasca, la navarra y la catalana) funcionando por su cuenta y riesgo y al margen de los inspectores de Hacienda, nuestro FBI tributario. El modelo de Sánchez no es propiamente el de un Estado federal. Es más bien un fraude a los trabajadores, que verán cómo los catalanes nadan en la abundancia mientras el centro de salud de su barrio se cierra por falta de fondos. Algo así como lo que ya ocurre en Italia, donde las regiones ricas del norte gozan de las prebendas que no tienen las del sur. Quieren berlusconizar España. El independentismo era esto.