Tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, Pedro Sánchez ha mantenido una posición firme y acertada respecto a Gaza y Palestina. Condena de los actos terroristas pero defensa del derecho internacional, de la solución de los dos estados y reconocimiento por parte de España del Estado de Palestina.
El posicionamiento de Donald Trump, que pretende expulsar a los habitantes de Gaza de su tierra y dispersarlos por Jordania y Egipto (algo que los dos países han rechazado), para reconstruir la Franja y convertirla en «la Riviera de Oriente Medio», es decir, en un gran resort exclusivo para los más ricos del mundo en dólares y los más pobres en valores humanos (dictadores) ha vuelto a colocar a Sánchez en una posición de defensa del pueblo palestino. No se trata de una lucha contra Estados Unidos o Israel. Se trata de reclamar justicia para un pueblo sometido a políticas de exterminio, de supremacismo y de apartheid que han sido condenadas por Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Sánchez se ha posicionado en contra del plan de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu y no ha dudado en hacer público el «rechazo rotundo de España y su Gobierno a la propuesta de trasladar población palestina fuera de la Franja de Gaza. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y mundial […] ninguna operación inmobiliaria va a tapar la ignominia y los crímenes de lesa humanidad en Gaza».
Sin embargo, como se afirma en el argot taurino, «Sánchez no remata en tablas», porque esta posición es absolutamente contraria a la que mantiene respecto al Sáhara Occidental, un territorio que, no se puede olvidar, es español, dado que España continúa siendo la «potencia ocupante» según el derecho internacional.
Mientras Pedro Sánchez pide que se respete el derecho internacional en Gaza, cosa que es lo menos que se puede esperar del primer ministro de un gobierno democrático, ha abandonado al Sáhara Occidental asumiendo las posiciones del propio Donald Trump.
En diciembre de 2020, a los pocos días de abandonar la Casa Blanca, Trump firmó una declaración que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La reacción de Naciones Unidas fue inmediata e instó, a través de una resolución de la Asamblea General, a todas las potencias administradoras de territorios no autónomos que «respeten las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 73e de la Carta con respecto a cada Territorio del programa del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales». Esto afectaba directamente a España y a su situación respecto al Sáhara.
En marzo de 2022 Sánchez cedió a las presiones y, a través de una carta, trasladó a Rabat que «España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución» del conflicto. Luego se conoció que el presidente español había sufrido una intrusión en su teléfono móvil a través del software israelí Pegasus. De ese ataque se responsabiliza a, precisamente, la inteligencia marroquí.
Además, según señalaron varios catedráticos de derecho constitucional, a decisión unilateral de Sánchez de afirmar que la propuesta de Marruecos respecto al Sáhara Occidental era la más «viable», supone una violación del artículo 97 de la Constitución Española que establece que el gobierno representado por el Consejo de Ministros es el que dirige la política exterior. Esto, supone que tanto Pedro Sánchez como José Manuel Albares se otorgaron facultades que la Constitución no les concede, porque la decisión de traicionar al Sáhara Occidental y dar un giro violento a la estrategia española no fue tomada por el Gobierno, sino por Sánchez y Albares de manera unilateral.
Es decir, Pedro Sánchez, además de adoptar una posición contraria al derecho internacional y a los tratados multilaterales firmados por España, se alineó con los posicionamientos de Donald Trump.
Por esa razón, el posicionamiento de Pedro Sánchez respecto a Palestina es el correcto pero no se puede considerar completo mientras siga manteniéndose su postura respecto al Sáhara Occidental. Mientras lo mantenga, más allá de las consecuencias, por ejemplo, en materia migratoria o de lucha contra el narcotráfico, la defensa del pueblo palestino de Sánchez no será otra cosa que un nuevo caso de oportunismo político.
Gaza y Cisjordania es de los palestinos, cierto, pero el Sáhara Occidental es del pueblo saharaui porque el actual administrador lo está haciendo de forma ilegal y contraria al derecho internacional. Hay que recordar que mientras no se llegue a una solución, España es la potencia administradora. El resto de los países del mundo se pueden alinear en la posición que quieran. Pero España no. No tiene derecho a entregar a un territorio colonizado a otro país.