El Congreso ha decidido al fin poner orden en casa. Tras años de tensiones crecientes en los pasillos de la soberanía popular, la Cámara Baja endurece sus condiciones de acceso para medios, delimitando con claridad el terreno entre el ejercicio del periodismo y la construcción deliberada de espectáculo.
Una decisión incómoda, pero necesaria
La política contemporánea se juega ya no solo en los escaños, sino también en la lente de cada móvil, en los titulares buscados a gritos, en la tensión impostada que algunos confunden con fiscalización. En ese terreno movedizo, la línea entre la información legítima y la provocación interesada se había vuelto peligrosamente difusa.
Era cuestión de tiempo que el Congreso pusiera freno al deterioro progresivo del espacio parlamentario. La proliferación de supuestos medios, sin estructura profesional ni códigos éticos, acabó por transformar zonas de trabajo en auténticos platós de confrontación, donde lo menos importante era escuchar y lo más rentable era gritar.
¿Proteger la libertad de prensa? Siempre. Pero libertad no es impunidad, ni micrófono es sinónimo de derecho absoluto. En ese equilibrio complejo se sitúa la reforma: un intento de recuperar el valor de la palabra informada, sin convertir el Congreso en una sucursal del reality político permanente.
La democracia no se protege con likes
Que un espacio institucional como el Congreso establezca condiciones mínimas para la acreditación —como contar con una redacción estructurada o seguir unas normas básicas de convivencia— no debiera escandalizar a nadie. No hay libertad sin responsabilidad, ni derechos sin límites.
No se impide la crítica, ni se censura el desacuerdo. Lo que se corta de raíz es el uso de la cámara como arma arrojadiza, la entrada sin reglas de quienes confunden el pluralismo con la algarabía, y el acceso irrestricto a quienes no distinguen entre fiscalización y hostigamiento.
Y sí, algunos sectores alzarán la voz y hablarán de censura. Pero habría que preguntarse cuántos de esos autoproclamados defensores de la libertad se han negado sistemáticamente a aceptar las normas más elementales del respeto institucional. No se puede exigir transparencia mientras se boicotean ruedas de prensa; no se puede clamar por democracia mientras se interrumpe a gritos al adversario.
Reglas para todos, privilegios para nadie
La nueva normativa no discrimina por ideología. Exige profesionalidad. Y en ese sentido, quien esté dispuesto a ejercer el periodismo con rigor y respeto encontrará el espacio garantizado. El resto, quienes solo buscan el titular fácil o la humillación pública como moneda de cambio, tendrán que buscar otros escenarios. Quizás en los márgenes del plató, pero no en el corazón del Estado. No se trata de excluir voces, sino de proteger el derecho a ser informados sin trampas, sin ruido y sin filtros interesados.