En un acto de calculada insolidaridad y oportunismo político, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han decidido ausentarse de una reunión clave para coordinar la acogida de menores migrantes no acompañados. Con discursos que criminalizan la solidaridad y banalizan los derechos de la infancia, el Partido Popular renuncia a su deber institucional y ético, agravando la situación de colapso en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.
Boicot que no es casual
Galicia, Andalucía, Madrid, Aragón y Murcia —todas gobernadas por el Partido Popular— han anunciado que no asistirán a la Conferencia Sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de una reunión crucial para repartir de forma equitativa la atención a menores migrantes no acompañados, cuya situación en Canarias roza ya el colapso humanitario. La excusa: una supuesta “ilegalidad” en la convocatoria. La realidad: una irresponsabilidad moral flagrante.
Los argumentos esgrimidos por los gobiernos autonómicos del PP son un insulto a la inteligencia y a la infancia. Hablan de menores como si fueran mercancía, “paquetes” o “moneda de cambio”, cuando en realidad son niños y niñas vulnerables que han cruzado medio mundo escapando del hambre, la guerra o la miseria. Convertir esa situación en munición política no es sólo indigno, es miserable.
Madrid, la hipocresía institucional
El caso de la Comunidad de Madrid es especialmente sangrante. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se acusa al Ejecutivo central de “instrumentalizar” a los menores para “mantenerse en el poder”. Pero es su consejera, Ana Dávila, quien convierte a los niños en un argumento de confrontación política. Denuncia que llegarán 400 menores a Pozuelo “sin comunicación oficial”, pero omite que se trata de una obligación de solidaridad constitucional, respaldada incluso por medidas cautelares del Tribunal Supremo.
Galicia, Andalucía y el discurso del colapso perpetuo
Desde Galicia, la conselleira Fabiola García justifica la inasistencia por una supuesta “sobrecapacidad” del 108%, mientras su Ejecutivo rechaza incluso debatir soluciones. Andalucía califica el reparto de “ilegal” y acusa al Gobierno de usar a los niños como “moneda política”. Lo que el PP andaluz no dice es que la alternativa a esa “ilegalidad” es dejar a cientos de menores hacinados, abandonados a su suerte.
Canarias, abandonada por la derecha insolidaria
Mientras tanto, el Gobierno de Canarias, gobernado también por el PP en coalición,suplica ayuda y denuncia el hacinamiento crónico que sufren sus centros. El portavoz Alfonso Cabello lo dice claro: “seguimos en solitario”. El PP, en lugar de respaldar a sus propios compañeros de partido en las islas, los deja solos frente a una emergencia humanitaria que no admite dilaciones.
El Partido Popular se vanagloria de su “compromiso con la familia” y de su “humanismo cristiano”. Sin embargo, en lugar de acoger, proteger y garantizar derechos, prefiere levantar muros, agitar miedos y esquivar responsabilidades. No hay ni rastro de ese supuesto “interés superior del menor” que debería regir todas sus decisiones.
El PP, a la deriva moral
La negativa del PP a participar en una solución colectiva para una crisis humanitaria revela no sólo su falta de proyecto de país, sino su degradación moral. Prefiere el rédito electoral inmediato al deber constitucional. Prefiere confrontar antes que colaborar. Prefiere cerrar los ojos mientras menores duermen hacinados, desprotegidos, olvidados.
El PP ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en un partido de espaldas al Estado.