Con su mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular convierte una comisión de investigación en un tribunal de escarnio, donde las conclusiones están dictadas antes de comenzar. El caso Leire Díez no es una cruzada contra la corrupción: es un intento más de instrumentalizar la justicia como ariete partidista contra el Gobierno de coalición.
Más inquisición que investigación
En el eco monótono de las declaraciones de Alicia García, portavoz del PP en el Senado, resuena una lógica más propia de la sospecha permanente que de la búsqueda veraz: Leire Díez es, según su juicio sumario, "la pieza clave del sanchismo". Una afirmación que pretende sentenciar antes de escuchar, manchar antes de esclarecer, erosionar antes de entender.
El caso Díez, con su complejidad jurídica aún en desarrollo, está siendo utilizado con voracidad mediática por el PP como el mascarón de proa de una cruzada que poco tiene que ver con el afán de transparencia. Lo que se ventila en esta operación no es tanto un supuesto delito de cohecho como la legitimidad de un Gobierno progresista que la derecha no acepta ni dentro ni fuera de las urnas.
La citación de Díez en la comisión del caso Koldo —que el PP estira como un chicle gastado— es sintomática de esa obsesión por vincular cualquier elemento, por remoto que sea, con Pedro Sánchez. Una militante ya fuera del PSOE, sin cargo público, con presuntas responsabilidades personales, se convierte en símbolo de un supuesto entramado imaginario que se amplifica sin pruebas, pero con titulares.
La hipocresía de quienes arrastran su propia historia
Quienes ahora se envuelven en el ropaje de la ejemplaridad parecen haber olvidado sus propias mochilas judiciales, desde Gürtel hasta Kitchen. Lo que resulta más alarmante no es tanto la amnesia política, sino la capacidad del Partido Popular para erigirse en fiscal de la moral pública mientras calla ante sus múltiples escándalos.
El caso Díez, aún pendiente de investigación judicial, se merece rigor, no circo. Pero el PP necesita casos más que causas. Porque no está buscando justicia: está buscando desgaste político, erosionar la imagen del Gobierno, resucitar el fantasma de la corrupción en el imaginario colectivo, aunque no haya aún una sentencia, ni siquiera una acusación formal al Ejecutivo.
El uso torticero de la comisión del Senado no refuerza la democracia, la debilita. Convierte las instituciones en platós de confrontación, no en espacios de deliberación. Y degrada el derecho de defensa, presunción de inocencia y respeto al proceso judicial. En esa lógica perversa, todo vale si sirve para desgastar a Sánchez, aunque el precio sea convertir el Senado en una sucursal de la posverdad.
La regeneración que nunca fue
La regeneración democrática no se proclama desde un atril mientras se maniobra para ensuciar al adversario. El verdadero compromiso con la ética pública exige prudencia, garantías, justicia y distancia con las estrategias partidistas. La comisión del Senado, tal y como la entiende el PP, no persigue la verdad. Persigue titulares, clics, desgaste y revancha.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste con escepticismo al espectáculo. Porque ya hemos visto demasiadas veces cómo la derecha judicializa la política cuando no puede ganarla en las urnas. Y porque cada vez que el PP convierte la corrupción en espectáculo, desvía el foco de lo importante: mejorar el país, no ensuciarlo más.