Vox está ocultando sus cuentas. En los últimos días se ha negado a identificar qué banco “les prestó el año pasado más de 9 millones de euros para financiar la campaña de las municipales y generales”, según El País. El nombre de la entidad financiera sigue siendo un secreto, pero se sabe que se trata de una empresa próxima a Viktor Orbán, el controvertido presidente húngaro que pasa por ser la mano derecha, el topo o infiltrado de Putin en la Unión Europea. Cada cosa que ocurre en Bruselas la sabe el Kremlin al instante porque Orbán coge el teléfono e informa puntualmente al jefe.
En esa trama Moscú/Budapest está perfectamente integrado el partido de Santiago Abascal, que nunca ha ocultado su admiración por el húngaro autoritario. De hecho, en cada cumbre posfascista internacional que Vox organiza en Madrid tiene un sillón preferente Viktor Orbán. Abascal le pone la alfombra roja y lo agasaja como al mejor de los aliados. Se hace selfis con él, lo pone por las nubes ante los periodistas. Ahora sabemos por qué. Orbán (por orden de Putin) está pagando la fiesta de Vox en España. Llama poderosamente la atención, tal como cuenta El País, que nadie del partido liderado por Santiago Abascal haya querido aclarar hasta el momento las cuentas del banco húngaro, cuando la ley de financiación de partidos les obliga a hacerlo. Y no extraña el silencio, la omertá de los dirigentes voxistas. Putin mete la mano en todas las salsas, allí donde puede desestabilizar a un país europeo de la UE. Lo hizo durante el procés, prometiendo el envío de 10.000 soldados rusos a Cataluña para provocar una guerra civil, y lo hace alimentando grupos antisistema como Vox. Agitar el fantasma del fascismo es la mejor forma de acabar con las democracias liberales, ante las que Putin siente auténtica alergia.
“El partido de ultraderecha se escuda en que no quiere dar nombres con el fin de evitar la demonización del banco que le prestó el dinero a la formación. Sin embargo, la defensa de los de Abascal se cae por su propio peso, sobre todo cuando entra en la ecuación el artículo 14.8 de la ley de financiación de los partidos políticos”, asegura el rotativo madrileño.
De confirmarse que Orbán transmitió a través de su banco de cabecera nueve millones de euros para Vox estaríamos ante un hecho muy grave. Un caso para que la Fiscalía Anticorrupción entrara de lleno, incluso registrando la sede del partido, si fuese necesario, en busca de los discos duros con las cuentas sobre sus oscuras finanzas. Y para que la UE actúe por alta traición.
Sea como fuere, es evidente que Abascal tiene un problema. Fuera de los gobiernos regionales (en un calentón propio de autócrata rompió toda relación con el PP), con no pocos altos cargos en abierta desbandada y en deserción del proyecto, con Alvise comiéndole la tostada entre el votante ultra y con sus cuentas contaminadas por las autocracias del Este de Europa, Vox está de capa caída. El roto es aún mayor desde que el pragmático Feijóo se ha abrazado al discurso duro contra la inmigración (casi xenófobo) propio de un partido de extrema derecha. Incluso ha declarado su admiración por Giorgia Meloni, la primera ministra italiana hasta hace no tanto gran musa de los voxistas y hoy denostada por su giro centrista tras su llegada al poder. Es tal la situación complicada de Vox, que el pasado mes de julio Abascal decidió dar un volantazo ideológico en Bruselas para abandonar el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Meloni y unirse a los Patriotas por Europa del propio Orbán. Fue toda una declaración de intenciones. Ahí está lo más reaccionario de cada casa, como el Partido de la Libertad de Austria, Vlaams Belang de Bélgica, Prísaha de la República Checa, el Partido Popular Danés, Agrupación Nacional de Francia, Voz de la Razón de Grecia, la Liga italiana, Letonia Primero, el Partido por la Libertad de Países Bajos y el Chega! Portugués (además del Fidesz del ya citado Orbán). Putin agita ese avispero y, como buen oligarca, probablemente lo alimenta, inyectándole recursos financieros a través de Orbán, su banquero personal. Hace solo unos días, España sufrió otra injerencia cuando una empresa próxima al líder húngaro quiso comprar Talgo para apoderarse de un sector estratégico de nuestra economía como es el del transporte. El Gobierno tuvo que intervenir para frenar la opa, que no dejó de ser un ataque directo y frontal a la soberanía española.
En la ley de partidos española se especifica claramente que todos los partidos políticos deberán indicar en sus respectivas páginas webs –en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, que corresponde con el 30 de junio de cada año– el balance, la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente.
Dentro de las Cuenta Anuales del Ejercicio de 2023 de Vox, se indica que se recurrió a dos préstamos para hacer frente a los gastos y financiar las campañas electorales del pasado año. El crédito en cuestión ronda los 6,5 millones de euros para los comicios nacionales del 23 de julio que llegó a ampliarse con otros 192.082 euros adicionales. En el caso de los autonómicas, la cuantía fue de 2,6 millones para las municipales.
A mes de junio, fecha en la que se publicó las cuentas del partido, se indicó en la memoria que ya se habían devuelto 1,8 millones correspondiente al capital prestado para las elecciones municipales. Aun así, aún quedaban pendientes el pago de otros 7.386.574 euros.
“La información publicada en la web es la que corresponde hacer pública. Toda la restante, en manos del Tribunal de Cuentas, no se va a hacer pública. Y en este caso porque no queremos contribuir a la demonización de bancos concretos por haber prestado dinero a Vox”, ha asegurado a El País uno de los portavoces de Vox. También explican que la información requerida está en manos del Tribunal de Cuentas, pero no basta con ello porque según la ley previamente citada esa información tiene que ser pública.
Abascal ha alegado que no publica las cuentas del partido porque no quiere que se “demonice” a ninguna entidad, una excusa pueril que choca directamente contra la legislación en vigor. Habrá que seguir de cerca el caso Vox.