En un contexto marcado por la validación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional, Alberto Núñez Feijóo ha optado por endurecer su narrativa y descalificar no solo al Ejecutivo, sino también a los pilares institucionales que no avalan su visión. Su intervención en Cáceres, teñida de dramatismo y afirmaciones absolutas, revela más una estrategia de agitación política, para no variar, que una lectura rigurosa del momento constitucional.
El presidente del Partido Popular ha vuelto a cargar con dureza contra la Ley de Amnistía, asegurando que “regalar impunidad a cambio de poder es corrupción”. Con esta frase, Feijóo desdibuja la diferencia entre una medida política avalada por las instituciones democráticas y un delito tipificado en el Código Penal, configurando un marco en el que toda acción del Gobierno es sospechosa por defecto.
En su intervención, el líder conservador afirmó que la ley "es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país", omitiendo que el Tribunal Constitucional, máxima instancia en esta materia, ha avalado la norma. No es la primera vez que el dirigente gallego presenta un relato donde las instituciones solo cuentan cuando coinciden con su posición, reduciendo el debate jurídico a un acto de fe ideológica.
Feijóo enumeró una larga lista de entidades supuestamente contrarias a la ley, letrados del Congreso y del Senado, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales, aunque ninguna de ellas tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de una norma. Tampoco todas han emitido pronunciamientos concluyentes o unánimes, como sugiere.
Un discurso para los convencidos
Lejos de ofrecer un análisis matizado, Feijóo apeló a frases cargadas de juicio moral: “comprar un gobierno con un privilegio ni es ético, ni es moral, ni es legal”, declaró, equiparando la negociación política, una práctica inherente a cualquier sistema parlamentario, con una transacción delictiva. Esta retórica maniquea busca elevar el tono del conflicto institucional, ignorando deliberadamente que la amnistía responde a una voluntad de desjudicialización que, guste o no, cuenta con el respaldo del Parlamento y ahora también del Tribunal Constitucional.
Sus afirmaciones de que “España nunca ha tenido un gobierno tan débil” o que “nunca ha sido tan necesario un cambio” encajan más en un mitin que en un análisis riguroso. A falta de propuestas, el líder popular construye su relato sobre la negación sistemática de la legitimidad del adversario, un camino que dista mucho del conservadurismo institucional que el PP dice defender.
Cuando todo es indignidad, nada lo es, y en política, esa exageración permanente debilita el necesario espacio de diálogo democrático. Resulta preocupante que el principal partido de la oposición construya su discurso no sobre argumentos técnicos o alternativas legislativas, sino sobre el desprestigio del adversario y de las instituciones que no se pliegan a su interpretación.
Feijóo exige respeto por la Constitución mientras desacredita sus guardianes. En su visión, la ley solo es válida si responde a su lectura. Pero el Estado de derecho no es una propiedad privada: es un espacio compartido, complejo y, a menudo, incómodo. Que el Tribunal Constitucional haya avalado la amnistía debería bastar para devolver el debate al terreno político, pero el líder del PP parece decidido a mantenerlo en la trinchera.