En buena hora se jubiló el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Lo primero que ha hecho su sustituta, la magistrada Alejandra Gil, es reavivar el “caso Negreira” tomando tres decisiones: una prorroga de otros seis meses a los dos años que de instrucción, y llamar, en calidad de imputados, a dos expresidentes del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu que, por cierto, ya lo estuvieron en algún momento del proceso. La jueza está dispuesta a llegar hasta el final de la causa que su antecesor tenía “olvidada”, no como la de la “trama rusa del procés” que Aguirre estaba empeñado en seguir investigando y que el Supremo ha decidido dar el carpetazo. La Audiencia de Barcelona había llamado la atención a Aguirre sobre este asunto en el que se pretendía investigar una posible “injerencia rusa en el proceso independentista catalán”. Le había exigido el archivo, pero éste, en un gesto inusual, había remitido el caso al Supremo.
Aguirre había atribuido a los presidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, unos supuestos contactos con el Kremlin, "el liderazgo y el control de las acciones" y la capacidad de "suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al estado español al que representaban". En la resolución en la que acordó trasladar al Supremo los indicios contra Puigdemont, el instructor veía en el expresident "una suerte de autoría mediata en la que elementos directivos", entre los que incluye a su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, "actuaban como instrumentos al servicio de una línea de trabajo estable que ha permanecido durante años”. El alto tribunal ni siquiera toma en consideración estos argumentos. Eso sí, como ya no está en funciones, el juez se libra de una nueva reprimenda que ya recibió de sus superiores de la Audiencia de Barcelona.
Y es que estuvo muy cerca de abrírsele un expediente. La situación de provisionalidad en la que se encontraba el Consejo General del Poder Judicial fue decisiva a la hora de archivar sus declaraciones a la televisión pública alemana sobre ese asunto en las cuales revelaba que estaba investigando hechos relacionados con una influencia entre Rusia y el proceso independentista catalán en los cuales Putin habría favorecido a los soberanistas buscando desestabilizar España e infiltrarse en las democracias de Europa Occidental. También en esta entrevista aseguró que el entorno de Carles Puigdemont conocía la intención del Kremlin de invadir Ucrania años antes del inicio de esta. Esta entrevista fue objeto de una recusación por parte de la representación legal de Puigdemont y su asesor Josep Lluís Alay, la cual fue rechazada por la Audiencia Provincial.
Esos mismos magistrados no dudaron en revocar la prórroga de la instrucción por entender que no hay razones justificadas para mantener la causa abierta que estuvo inactiva durante seis meses. El juez decidió sortear la decisión de sus superiores abriendo una pieza separada con idénticos fundamentos a los utilizados en el sumario inicial. Ahora, el Tribunal Supremo ha ordenado archivar esa pieza y cerrar, definitivamente, la llamada conexión del procès con el Kremlin.
El problema del juzgado número 1 de Barcelona es que está saturado de causas, algunas complicadas. Al juez Aguirre le tuvieron que poner un compañero de apoyo. Los expertos creen que su problema era su extraordinaria capacidad de abrir investigaciones paralelas partiendo de un mismo caso. Y eso provocó el alargamiento de las instrucciones, muchas veces de manera artificial.
Ahora, la nueva titular, Alejandra Gil, intenta poner orden en el juzgado y acabar con las piezas más mediáticas. Lo primero que ha hecho es asumir la tesis del fiscal anticorrupción y ha vuelto a imputar a los expresidentes del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. En el sumario está imputada la entidad como persona jurídica. También ha citado a Javier Enríquez y los exmandatarios del club durante la presidencia de los dos primeros, Óscar Grau y Albert Soler.
En numerosas ocasiones se ha pedido el cierre del sumario y la apertura de juicio oral porque se considera probado que el vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, facturó una importante cantidad de dinero al Futbol Club Barcelona, unos dicen que en calidad de asesoramiento y otros que para influir en la actuación arbitral. El controvertido instructor, Aguirre, complicó la investigación hasta extremos insospechados. Llegó a atribuir un delito de cohecho por entender que Enríquez Negreira, al prestar servicios a la RFEF, era un funcionario público. Al final, la Audiencia Provincial le tuvo que dejar claro que la Federación de Futbol es un organismo semiprivado.
Aguirre imputó y desimputó a varios dirigentes del club. El último es el actual presidente, Joan Laporta. Pidió informes a la UCO de la Guardia Civil para averiguar el paradero del dinero que presuntamente cobraron Enríquez Negreira y su hijo. Hay tal desaguisado que todavía se desconocen los resultados de estos informes. La única persona llamada a declarar, el exdirigente arbitral, se negó a hacerlo alegando demencia. El que fuera vicepresidente del CTA acudió a una prueba pericial. Ese día se le vio perder pie a la entrada de los juzgados de Barcelona y caerse. Tras valorar las pruebas periciales, el juez Aguirre consideró que el principal implicado era apto para testificar, pero luego nada más se supo del tema.
Con todo este galimatías, la nueva jueza ha decidido partir de cero. Siendo titular del juzgado número 13 ya tuvo que hacerse cargo de algunas investigaciones relacionadas con las actividades de la entidad deportiva cuando al frente de ella se encontraba Bartomeu, entre otras el conocido como Barçagate, el presunto uso de fondos del club para pagar campañas en redes sociales con el fin de desprestigiar a jugadores azulgrana y dirigentes de la oposición.
Ahora, la nueva jueza intentará poner orden en esta sencilla investigación que complicó su antecesor. Sólo falta por rastrear el dinero presuntamente cobrado. Lo que pretendió Aguirre pero que nunca terminó de aclararse.