Desde las escuelas infantiles hasta las universidades públicas, toda la enseñanza madrileña parará para denunciar el "desmantelamiento" de la educación pública. En el origen de esta movilización, que también incluye una gran manifestación, está la asfixia presupuestaria que vive el sistema educativo de la Comunidad de Madrid, y el rechazo a la nueva ley regional de universidades impulsada por Isabel Díaz Ayuso.
Aunque se espera que el paro tenga mayor seguimiento en la Universidad Complutense (UCM) y en la Universidad Autónoma (UAM), las otras universidades públicas madrileñas también muestran signos de descontento. En un hecho poco habitual, más de la mitad de los decanos de la UCM (14 de 26) y de la UAM (5 de 9) han expresado, en correos a sus facultades, su apoyo o, al menos, su comprensión hacia la huelga. Eso sí, lo han hecho usando un lenguaje muy medido, evitando términos demasiado combativos y subrayando la necesidad de "sumar esfuerzos" o de "garantizar una financiación adecuada".
Un movimiento que crece desde abajo
La protesta se gestó meses atrás, en octubre, con reuniones de profesores, personal de administración y estudiantes que pusieron en marcha colectivos como "UCM por la Pública" o "UAM por la Pública". Buscaban defender la calidad de la enseñanza en un contexto de recortes presupuestarios persistentes. Madrid, la región más rica de España, destinó en 2024 apenas el 0,40% de su PIB a universidad, muy por debajo de la media nacional del 0,57%, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad.
Esa brecha se traduce en datos concretos: la inversión anual por alumno en Madrid fue de 5.900 euros, mientras que la media estatal alcanzó los 7.000 euros (7.800 si se descuenta la UNED, que es a distancia). Como resultado, las universidades madrileñas sufren problemas crónicos de infrafinanciación, que amenazan la calidad de la enseñanza, la investigación y la equidad de acceso.
Decanos que rompen el silencio
La participación de los decanos en el apoyo a las protestas ha sorprendido a muchos. Especialmente llamativo ha sido el caso de José Manuel Almudí, decano de Derecho de la Complutense, una facultad tradicionalmente conservadora. Almudí no solo ha criticado los recortes, sino que ha llamado abiertamente a acudir a la manifestación. En su discurso de toma de posesión en enero, ya denunció "el austericidio que afecta al presente y al futuro de la educación universitaria pública", recordando que su facultad ha sufrido un recorte del 35% en sus gastos.
Otros decanos han optado por posturas más prudentes, limitándose a facilitar la participación de alumnos en la huelga mediante el aplazamiento de exámenes o trabajos. Aun así, su implicación institucional refuerza la legitimidad de la protesta.
Asfixia presupuestaria en toda la enseñanza
La falta de financiación no afecta solo a las universidades. Las escuelas infantiles, los colegios y los institutos también denuncian precariedad. Rosa Marín, educadora en una escuela infantil privatizada del Ayuntamiento de Madrid, cuenta que trabaja por el Salario Mínimo Interprofesional, con ratios de alumnado "inhumanas" y falta de medios básicos como calefacción o aire acondicionado. "Atendemos a 20 niños por aula, y a veces una sola profesora tiene que ocuparse de dos clases para que su compañera pueda comer", denuncia.
La situación no mejora en primaria, secundaria ni en formación profesional, donde el profesorado lleva años reclamando revertir los recortes aplicados durante la crisis de 2010. Mientras otras comunidades ya han restituido las antiguas jornadas lectivas, Madrid mantiene horarios más largos y plantillas más ajustadas.
Según el colectivo "Menos Lectivas", si se redujeran las horas de clase como piden, sería necesario contratar 4.000 nuevos docentes. Pero los últimos acuerdos entre la Consejería de Educación y los sindicatos mayoritarios no han satisfecho esas reivindicaciones, y han provocado una fuerte contestación desde las bases.
La amenaza de la nueva ley universitaria
En el ámbito universitario, el rechazo se centra también en el Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores de la Comunidad de Madrid. Esta norma limitaría la financiación pública de las universidades al 70%, obligándolas a buscar el resto de los recursos en el sector privado. Las plataformas universitarias alertan de que esta medida fomentará la elitización, aumentará las tasas y provocará el cierre de grados no rentables económicamente.
Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas enviaron el pasado noviembre una carta a Ayuso advirtiendo de que los presupuestos autonómicos de 2025 eran "insuficientes" y ponían en riesgo incluso el pago de las nóminas. Además, denunciaban la "infrafinanciación acumulada durante 15 años" y exigían una solución urgente.
La protesta universitaria también denuncia la creciente represión de la libertad de expresión en los campus. El reciente proceso judicial abierto contra siete estudiantes de la Complutense por protestar pacíficamente contra la extrema derecha ha encendido aún más los ánimos.
Una huelga que une generaciones
La huelga del 28 y 29 de abril será una movilización conjunta de toda la comunidad educativa: infantil, primaria, secundaria, formación profesional y universidad. Bajo el lema "Salvemos la educación pública", se pretende denunciar el deterioro progresivo del sistema educativo madrileño y defender un modelo basado en la calidad, la equidad y el acceso universal.
El lunes arrancará con piquetes informativos y dos asambleas abiertas, por la mañana y por la tarde, en el Parque de las Peñuelas y en la Plaza de Juan Goytisolo. La gran manifestación partirá a las 18:00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol. El martes continuarán las concentraciones en distintos puntos de Madrid.
Unidas somos más fuertes, la universidad pública madrileña es un generador de conocimiento y transferencia a la ciudadanía #28A#Salvemoslapublica#lapublicasedefiende#defiendelaUCM#ALasCallesPorLaPública@EVicianaDuro, @joaquingoyache, @DianaMorantR, @Pilar_Alegria@MADRIDpic.twitter.com/ymQ1qvHP5t
— UCM por la Pública (@UCMporlaPublica) April 27, 2025
Mientras la Consejería de Educación resta importancia a la protesta, calificándola de "lamentable" e "innecesaria", los organizadores insisten en que el malestar es profundo y transversal. "No se trata de política partidista", dicen. "Se trata de defender algo que es de todos: el derecho a una educación pública digna."
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