Los diferentes gobiernos liderados por Pedro Sánchez han tenido una característica común: tener muy buenas intenciones pero escasa efectividad real en la vida de las familias españolas. Las reformas económicas y la agenda social, de la que tanto cacarean los órganos de propaganda monclovitas y sanchistas, está siendo un verdadero fracaso. Sánchez es un fracasado a la hora de trasladar la buena marcha de la macroeconomía (que es un hecho) en el bienestar de las personas de clase media y trabajadora (que también es otro hecho).
Hoy, Salvador Illa, un sanchista irredento, ha vuelto a hacer gala de esas buenas intenciones en su discurso de investidura, pero, sobre todo, ha defendido a las medidas que dieron la Presidencia del Gobierno de España a su líder.
En primer lugar, Illa ha hecho una defensa del catalanismo y se ha referido a la situación generada tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia como los años más difíciles de la historia de Cataluña. «Los valores, la tenacidad y la perseverancia lograron un hito que muchos crearon imposible: mantener viva la institución» de la Generalitat.
A continuación ha hecho una defensa a ultranza de la Ley Sánchez de Amnistía en clave puramente política, olvidándose de que esa ley que cuenta con el rechazo y el desprecio de dos tercios de los españoles, además de que, tal y como indicó la Comisión de Venecia, la legalidad de la misma está muy duda. Todo ello, además, unido a la inconstitucionalidad que el propio letrado mayor del Congreso puesto por el Grupo Sanchista reconoció en su informe donde detectó motivos de inconstitucionalidad recogidos por la doctrina jurídica.
Salvador Illa ha señalado, al respecto de la Ley Sánchez de Amnistía, que trabajará para su aplicación. «Reclamo respeto a la esfera del poder legislativo que dijo, de manera clara, su voluntad de normalización plena en Catalunya. Desde el respto a la división de poderes reclamo respeto a la esfera judicial y pido la aplicación ágil de las disposiciones de esta ley», ha dicho. La cuestión es que Illa olvida que en España, como en cualquier democracia, el poder legislativo legisla, y el poder judicial es el que interpreta la ley y la aplica.
Respecto al pacto en el que se otorga la soberanía fiscal a Cataluña respecto del régimen común, lo que es otra barbaridad del sanchismo y que tiene muy pocos visos de poder llevarse a efecto, Illa ha señalado que se presenta a la investidura con dos acuerdos de investidura «no de legislatura» y ha defendido «la financiación singular» y la «fiscalidad de izquierdas». Buenas intenciones y visos de poca efectividad porque es probable que ninguno de esos acuerdos se lleve a efecto o tenga las consecuencias que se esperan.
Es lógico que el discurso de Illa no haya sido una enmienda a la totalidad al gobierno de ERC. No en vano, ha dicho que no dedicará su futuro gobierno en «desmontar nada». Es más, ha alabado la gestión de Pere Aragonès: «Es cierto que deja el país mejor de lo que lo encontró».
Respecto a las reformas que pretende implementar, Illa se ha centrado en la política social y en las infraestructuras. Nuevamente, buenas intenciones en sanidad, educación o conexiones de transporte.
La investidura aún sigue en el aire, sobre todo tras el espectáculo de Carles Puigdemont, quien ha aparecido en Barcelona y ha desaparecido en modo Houdini. Si finalmente el expresidente es detenido, habrá que ver lo que sucederá.