Cuando la Audiencia Nacional condenó al Partido Popular por haber financiado de manera ilegal las obras de su sede central, la acusación popular representada por el PSOE no se conformó porque había quedado abierta una laguna en el fallo, si el PP estaba exento del pago de impuestos por las donaciones ilegales con las que se financió.
El juez instructor de entonces, Pablo Ruz, ordenó una serie de diligencias para esclarecer si el Partido Popular había cometido delito fiscal. Tanto la fiscalía anticorrupción como la AEAT se pronunciaron en contra. Pero lo cierto es que esos ingresos extraordinarios no se declararon en el Impuesto de Sociedades. El único ejercicio que no ha prescrito es el de 2008 y en el no se declararon 1.055.000 euros de los donativos ilegales recibidos. La cuota resultante sobrepasa los 120.000 euros, el límite para que se declare la existencia de un delito fiscal. AEAT, fiscalía y abogacía del Estado dicen que la ley de financiación de partidos políticos no prevé que los ingresos que se puedan obtener de manera ilegal no tienen por qué tributar. La discrepancia la debe resolver el Tribunal Supremo quien se reunió a deliberar el 10 de abril. A fecha de hoy, casi cuatro meses después, todavía no hay respuesta.
Todo este asunto todavía se está investigando. En un juzgado de Tarragona, hay diligencias abiertas por las actividades de la consultora Equipo Económico fundada por el exministro Cristóbal Montoro, a la que se la imputa un delito de tráfico de influencias. En el sumario de la causa figuran una serie de correos electrónicos de la época en la que Montoro era ministro en los cuales se expresan las opiniones de la Agencia Tributaria. sobre el dinero negro destinado a financiar al PP.
“Ministro. En el primer anexo de la nota viene descrito por qué el importe de la financiación (sea superior o tenga unas condiciones diferentes a lo que prevé la ley de financiación de partidos políticos) no tiene consecuencias tributarias, a efectos del Impuesto de Sociedades. El informe estará listo para remitir al juez la próxima semana. El juez ha pedido expresamente a los funcionarios que se pronuncien si habría delito en el partido si todo el importe de la financiación que no cumpliese con lo previsto en la ley de financiación de partidos políticos no se considerase exento a efectos del Impuesto sobre Sociedades. La Agencia Tributaria considera que el incumplimiento de la ley debe sancionarse administrativamente y no tiene consecuencias tributarias de ningún tipo. La AEAT no va a cuantificar el impacto”. Ese es uno de los correos remitido por el jefe de gabinete del ministro, Felipe Martínez, a Cristóbal Montoro.
En algún momento de la instrucción se llegó a acusar al magistrado Pablo Ruz, de intentar forzar a los funcionarios de la Agencia Tributaria. Hay unas manifestaciones de Margarita García-Valdecasas, entonces jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ONIF, en las que señala la inexistencia de delito: “nuestro informe es absolutamente contrario al utilizado expresamente por la autoridad judicial” decía la máxima responsable de la ONIF por aquél entonces. Sus afirmaciones sirvieron para que el jefe de gabinete de Montoro señalase, en otro correo, que “los funcionarios de la AEAT han dado argumentos creíbles de ausencia de delito en el PP por la financiación del partido. El carácter irregular de la financiación no cambia el régimen tributario de los ingresos recibidos por el partido, que deben considerarse exentos a efectos del Impuesto sobre Sociedades. El fiscal ha quedado convencido y la opinión del Abogado del Estado es que esta vía de acusación ha quedado cerrada”.
Estos correos evidencian el nerviosismo en el que se movía el gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Estaba saliendo demasiado caro el asunto de Gürtel. Ya no sólo se constaba la existencia de una financiación irregular que acabaría por costarle el puesto a Mariano Rajoy, sino que las acusaciones podrían llegar a ampliarse a la comisión de un delito fiscal. Montoro había dado órdenes expresas a todos los altos cargos de la administración tributaria de que todos los informes deberían ser negativos. El PP no tenía que pagar impuestos por esos ingresos, por mucho dinero negro que se utilizase para la financiación de las obras de Génova. Otra cosa bien diferente era la empresa contratista de dichas obras que acabó siendo acusada de fraude a la Hacienda Pública. Pero una cosa son las imputaciones a la empresa privada y otras que acabasen salpicando al entonces partido gobernante.
Se presionó y mucho para evitar que el daño llegase a mayores. Se utilizaron todos los medios que el partido tenía en la Audiencia Nacional, incluidos los jueces afines, por aquél entonces Concepción Espejel y Enrique López, que acabaron por apartarse del tribunal que debía juzgar el famoso asunto de la caja b del PP.
El juez que redactó las sentencias, con expresiones de extrema dureza, José Ricardo de Prada, tuvo que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial por los furibundos ataques que recibió por parte del entonces presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Todavía hoy, este juez está vetado para participar en los organismos de gobierno de la judicatura por parte de los populares que no olvidan que gracias a él pasaron a la oposición. En la moción de censura a Mariano Rajoy por parte de Pedro Sánchez, éste utilizó muchas de las frases del magistrado de Prada en la sentencia. Unas frases que en el recurso de casación el Supremo suprimió.
Por eso, ahora no se quiere que haya una nueva sentencia en este caso por la comisión de un delito fiscal precisamente cuando era ministro del ramo Cristóbal Montoro. De ahí que no es de extrañar que la derecha judicial esté ejerciendo fuertes presiones a los jueces del Tribunal Supremo. Porque si no es difícil de entender ese retraso de cuatro meses desde que el 10 de abril tuvieron lugar las deliberaciones sobre este asunto.