Al instructor del Supremo, Ángel Huerta, no le queda mas remedio que archivar la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. En el volcado de los datos de los soportes digitales de la fiscalía, la Guardia Civil no ha encontrado mensaje alguno que indique su participación en los hechos de los que se le acusa. Ni órdenes de filtración ni nada que se le parezca. Sólo los famosos intercambios de mensajes del fiscal anticorrupción, Julián Salto, con el abogado defensor del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Y eso no prueba la filtración. Así pues, no hay caso y al magistrado no le queda otra que archivarlo y remitir la investigación, si acaso, a los juzgados de Madrid por si se pueden derivar responsabilidades de los subordinados de García Ortiz, pero no del fiscal general, el único aforado. Claro está que la sorpresa puede saltar en cualquier momento si tenemos en cuenta que el juez Huerta es bastante proclive a obedecer las órdenes del Partido Popular. Ya lo hizo cuando era magistrado de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional en la operación Gürtel. Pero los hechos son tozudos por mucho que se intente perseguir a la máxima figura de la acusación pública de este país.
Quedan los interrogatorios al jefe de gabinete de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a los ocho periodistas que redactaron la famosa filtración de los datos personales de González Amador. Pero todo parece indicar que lo que puedan decir no va a tener relevancia para la instrucción. Rodríguez se puede volver a inventar cualquier bulo. Ya lo hizo cuando puso una trampa a García Ortiz dando la vuelta a las comunicaciones del fiscal que lleva el asunto del novio de Díaz Ayuso por un presunto delito de fraude fiscal, señalando que el primero de los mencionados había efectuado una oferta de pacto al segundo. Lo que todavía falta por explicar, y eso forma parte de una probable conspiración contra el FGE, cómo Álvaro García Ortiz entró en ese juego conocedor de la imposibilidad de una oferta de este tipo cuando, ni siquiera, la imputación se había puesto en manos de un juzgado.
García Ortiz entró en una trampa en la que tienen mucho que ver las asociaciones conservadoras. El FGE tiene muchos enemigos, y muy poderosos, en la carrera fiscal. La Asociación de Fiscales, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. La APIF quieren apartarlo. Más que por motivos políticos, que los hay, (su proximidad al PP y a la derecha judicial), por haber sido el numero dos de la anterior fiscala general, Dolores Delgado, considerada la bestia negra de los conservadores.
Pero hay más. Los fiscales de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo mantienen una oposición activa contra su superior. Javier Zaragoza, anterior fiscal jefe anticorrupción, cree que cuando llegue el Partido Popular será el nuevo fiscal general. Consuelo Madrigal ya ocupo ese cargo con Mariano Rajoy. Jaime Moreno ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que desobedecerá la orden de informar favorablemente a la ley de amnistía, y Fidel Cadena es el líder de los fiscales de sala que han puesto en apuros en más de una ocasión a García Ortiz que ha salido airoso al convocar al núcleo duro de la acusación pública de la corte suprema gracias a los buenos oficios de su segunda, Ángeles Sánchez Conde, precisamente la que le defiende en la instrucción que lleva a cabo el juez Huerta.
Más vergonzosa aún es la actitud de la Asociación Profesional de Fiscales, que se ha presentado como acusación popular en este caso y que mandó a su anterior presidente, Salvador Viada, porque dijo haber visto a García Ortiz y a su segunda, Sánchez Conde, manipular un teléfono móvil la misma jornada en que la UCO de la Guardia Civil registraba su despacho. Viada, fiscal del Supremo, llegó a decir que "un fiscal no hace eso, no habla con el investigado en medio de una diligencia", en referencia a la actitud amistosa de Sánchez Conde con García Ortiz: "es lo que nos han enseñado siempre y también lo dice el código ético". A Viada se le olvida que Ángeles Sánchez Conde está ahí en calidad de defensora de García Ortiz. Por supuesto el defensor de un imputado no sólo tiene el derecho a parlamentar con su cliente y de intercambiar opiniones, sino que está obligado a generar la confianza necesaria para todo aquél que está inculpado de un delito. A Viada también se le olvida la presunción de inocencia.
Lo que está claro es que en los móviles de García Ortiz no se han encontrado conversaciones comprometedoras y que en el informe de los investigadores de lo único de lo que se especula es de que “el fiscal general tuvo una participación preeminente” en los hechos que se investigan. Esa conclusión no es suficiente para acusarlo del delito de revelación de secretos.
Todo ello se ha dado a conocer en el mismo momento en el que el juez ha levantado el secreto de la parte del sumario que se refiere a las conclusiones de la Guardia Civil sobre el registro de la fiscalía general. Pero lo que no se dice en dicho informe es si en los datos de los soportes digitales se encontraron otras cuestiones relevantes que nada tienen que ver con la investigación pero que en manos de terceros pueden ser utilizadas indebidamente. Porque nadie debe olvidar que, entre las partes personadas en este asunto, además de González Amador, hay grupos de extrema derecha, Manos Limpias y Hazte Oír, un partido ultra, como es Vox, y una corporación bastante interesada en poseer información sensible como el Colegio de la Abogacía de Madrid, ICAM.
Y lo más importante, una asociación, la APIF cuyo objeto es que García Ortiz deje la fiscalía general del Estado lo antes posible para lo cual está utilizando todos los medios a su alcance, incluido el judicial. No hay que olvidar que la APIF sólo cuenta con un representante en el Consejo Fiscal, el organismo consultivo del FGE, que, si bien no tiene capacidad decisoria, sí goza de la suficiente influencia como para exigir la dimisión de García Ortiz, aunque la hayan pedido sin éxito.