Cada vez que aparece un nuevo nombre en la lista de políticos supuestamente implicados en la llamada "trama Koldo", la opinión pública se estremece un poco más. Esta vez, no es un actor secundario. El foco se ha desplazado hasta Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y figura de máxima confianza del presidente del Gobierno. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado una escritura privada que lo vincula directamente con Servinabar, una empresa señalada como uno de los pilares iniciales de la red de presunto amaño de contratos públicos. El hallazgo ha puesto al PSOE contra las cuerdas, en uno de los momentos más delicados para su credibilidad.
Y lo preocupante no es sólo el contenido del documento: lo es también el contexto. Fue encontrado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso, junto a 16.180 euros en efectivo y una abundante documentación que incluye libretas manuscritas, facturas y hasta esquemas con nombres propios, como el de Ábalos. A nadie se le escapa la gravedad de lo descubierto. Lo que se está investigando no es una irregularidad administrativa: es la posible existencia de una red perfectamente organizada para beneficiarse ilícitamente de contratos públicos.
La escritura que nadie registró
La clave de esta pieza que amenaza con derrumbar un castillo de fichas rojas está en la compraventa de acciones de la empresa Servinabar. Según la escritura fechada en junio de 2016, Santos Cerdán adquirió el 45% de la sociedad a través de 1.350 participaciones. No obstante, su nombre no figura en el registro oficial de la empresa. ¿Por qué alguien firmaría una compraventa de acciones que luego no inscribe en el registro mercantil?
Este vacío entre el documento privado y la ausencia de huella legal plantea interrogantes gravísimos. ¿Fue una inversión encubierta? ¿Intentaba evitarse una trazabilidad pública de esa operación? ¿Existía una voluntad de ocultar la relación entre Cerdán y una empresa que se adjudicó obras públicas de la mano de Acciona? Todo esto mientras la UCO advierte que Servinabar apenas aportó valor técnico a los contratos que ganó en Navarra entre 2015 y 2018.
La sospecha, por tanto, no es sólo de corrupción. Es de una corrupción que se enmascara, que se esconde tras documentos privados y relaciones empresariales aparentemente inofensivas. Una corrupción que implica a quienes deberían velar por la ética pública y que, si se confirma, se habría servido de estructuras políticas para obtener beneficios millonarios.
¿Cómo se gestiona la sospecha en política?
El PSOE, hasta ahora, ha optado por el silencio o por declaraciones vagas que apelan a la prudencia judicial. No es suficiente. La ciudadanía no exige juicios paralelos, pero sí merece respuestas claras cuando los indicios son tan sólidos. ¿Sabía el partido de esta relación entre Cerdán y Servinabar? ¿Ha abierto una investigación interna? ¿Qué posición mantienen los principales dirigentes socialistas?
La política no puede seguir funcionando con la lógica del cortafuegos: aislar al implicado y confiar en que el incendio no llegue a la sede. Porque, en este caso, el incendio ya está dentro. La figura de Santos Cerdán no era marginal: ha sido una pieza clave en la estrategia política del PSOE en los últimos años. Su implicación, de confirmarse, sería devastadora no sólo por la mancha moral, sino por lo que revela sobre el funcionamiento interno del partido.
Un patrón que se repite
Este caso recuerda demasiado a otros escándalos que han sacudido la vida política española en las últimas décadas. Personas con poder e influencia que aparecen ligadas a empresas que, por arte de magia, logran contratos públicos millonarios. Siempre con estructuras complejas, siempre con documentos ambiguos, siempre con dinero en efectivo. Y siempre con una verdad que tarda en emerger, porque los engranajes del poder político tienden a protegerse a sí mismos.
Pero la ciudadanía ha cambiado. El escepticismo es generalizado, la paciencia es corta y la exigencia de limpieza democrática, más fuerte que nunca. Si el PSOE quiere conservar algo de su crédito moral, necesita actuar con una contundencia que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Depurar responsabilidades no es una opción, es una obligación ética.
El problema no es solo Cerdán
El problema de la corrupción es más profundo. Es un síntoma de una cultura política donde las relaciones personales pesan más que los méritos técnicos, donde las empresas pantalla proliferan y donde los mecanismos de fiscalización pública fallan estrepitosamente. No es una trama de un solo hombre. Es, probablemente, un engranaje que ha funcionado durante años, beneficiando a unos pocos a costa de muchos.
La implicación de otras figuras como José Luis Ábalos o el ya conocido Koldo García sugiere una estructura organizada. No hablamos de favores personales, sino de un sistema de puertas giratorias, sociedades interpuestas y adjudicaciones manipuladas. Un sistema donde la política y el negocio se mezclan de forma turbia, para beneficio privado y con dinero público.
Transparencia o decadencia
Cada vez que se destapa un nuevo caso, la democracia se debilita un poco más. La confianza en las instituciones se resiente. Y aunque la justicia está haciendo su trabajo, la política no puede escudarse en la lentitud de los tribunales. La política necesita liderar la regeneración, no esconderse hasta que escampe.
Es el momento de exigir cuentas. De pedir explicaciones claras, no comunicados ambiguos. De señalar no sólo a quienes firmaron escrituras en privado, sino a quienes las permitieron, las encubrieron o simplemente miraron hacia otro lado. Porque el silencio, en estos casos, también corrompe.
Y porque los partidos no se miden solo por los delitos que cometen sus miembros, sino por la valentía con la que responden a ellos. La regeneración empieza cuando se pierde el miedo a decir la verdad.