Madrid vuelve a recordar a sus muertos. Cinco años después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aplicara los denominados Protocolos de la Vergüenza, que impidieron la derivación de miles de ancianos a los hospitales durante la pandemia, familiares de las víctimas han vuelto a salir a la calle. Frente al Tribunal Supremo, al grito de "7.291, ni olvido ni perdón", exigen justicia para los fallecidos y que los responsables rindan cuentas.
Un homenaje que se convierte en lucha
Bajo la lluvia y con la emoción contenida, decenas de manifestantes han colocado una docena de sillas de ruedas vacías frente a la sede del alto tribunal, con zapatillas cuidadosamente dispuestas, como si sus dueños las hubieran dejado ahí segundos antes de desaparecer. Un símbolo que pesa como un testimonio de la ausencia y la tragedia.
“Han pasado cinco años y seguimos sin respuestas. Las autoridades han mirado hacia otro lado, la fiscalía ha incumplido su deber de investigar, y las muertes de nuestros seres queridos comienzan a prescribir”, denunció una de las manifestantes, miembro de la asociación Verdad y Justicia, creada por familiares de fallecidos en residencias.
Para evitar el olvido, seis organizaciones de afectados —Pladigmare, Verdad y Justicia, Ni un paso atrás, UDP Madrid y los sindicatos CCOO y UGT— han anunciado que cada 18 de marzo regresarán al Supremo. "Si no nos dan justicia, haremos que nuestra lucha se escuche cada año en este lugar", advirtieron.
Las víctimas, olvidadas por la Comunidad de Madrid
Las familias llevan años intentando que la justicia señale como responsable al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien en marzo de 2020 ejecutó unos protocolos que determinaron que los mayores que vivían en residencias no fueran atendidos en hospitales. Sin embargo, hasta ahora todas las querellas han sido archivadas. La última esperanza la representa la reciente denuncia de la Fiscalía de Madrid por el delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, que podría reabrir la puerta a la rendición de cuentas.
La Comunidad de Madrid ha intentado minimizar el impacto de la protesta. Su portavoz, Miguel Ángel García, ha tachado la concentración de "acto politizado" y ha asegurado que el Ejecutivo regional siempre ha mostrado "máximo respeto" a las víctimas. Unas palabras que indignan a los manifestantes. "No se puede hablar de respeto cuando no han reconocido siquiera el daño causado ni han pedido perdón", respondió una portavoz de la asociación Pladigmare.
Las condiciones en residencias siguen siendo un problema
Las asociaciones recuerdan que, cinco años después de la tragedia, las condiciones en las residencias no han mejorado sustancialmente. Falta personal, los ratios de cuidadores siguen siendo insuficientes y las infraestructuras están lejos de garantizar un servicio de calidad. "Las promesas de la Comunidad de Madrid sobre la construcción de nuevas residencias deben ir acompañadas de una inversión real y una gestión pública que garantice que no volveremos a vivir una catástrofe como la de 2020", denuncian los organizadores.
El testimonio de quienes vivieron la tragedia
En la manifestación también han participado trabajadoras de residencias que vivieron aquellos meses de horror. “Se nos morían entre las manos porque no teníamos medios. No nos dejaban trasladarlos a los hospitales y veíamos cómo fallecían sin atención médica", relató Mar Jiménez, empleada de una residencia madrileña. "Espero no volver a vivir algo así nunca más".
Carmen Troya, otra trabajadora, recordó cómo en su centro murieron 17 personas en marzo y 26 en abril de 2020. "Trabajamos sin descanso, con miedo, con el corazón en un puño. Y cuando pedíamos ayuda, nos daban la espalda", denunció.
El documental que pone cifras a la tragedia
En el quinto aniversario de la crisis de las residencias, el documental 7.291 emitido en La 2 de TVE ha sacudido la opinión pública con testimonios directos de la tragedia. "No queremos venganza, queremos verdad, justicia y reparación", repitieron los manifestantes, que consideran este trabajo audiovisual un hito en la visibilización del drama.
Las familias no solo exigen justicia, sino también medidas para evitar que se repita lo sucedido. “Queremos que se reconozca lo que pasó, que no se oculte la verdad y que se nos pida perdón”, reclamó Ramona Carvajal, cuyo padre murió en una residencia sin recibir atención hospitalaria. “Es lo mínimo que nos deben”.