La vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras seis años y medio en La Moncloa, el acceso a una vivienda digna no solo sigue siendo un problema acuciante, sino que se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Este contexto, agravado por la falta de ejecución de muchas medidas anunciadas, está dando alas a la oposición, que no ha dudado en tomar la iniciativa con propuestas propias y críticas directas al Ejecutivo.
El peso de las promesas incumplidas
Durante su mandato, Pedro Sánchez ha prometido en repetidas ocasiones soluciones ambiciosas para el mercado inmobiliario. Una de las más destacadas fue el anuncio de hasta 183.000 viviendas públicas, una cifra que sigue lejos de materializarse. A pesar de la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, la mayoría de sus medidas han quedado bloqueadas por las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, que se niegan a aplicar el control de precios al alquiler habilitado por la normativa estatal.
Incluso dentro de la coalición de Gobierno hay divisiones. Sumar, liderado por Yolanda Díaz, forzó la retirada de la Ley del Suelo tras votar en contra de la norma que habían aprobado meses antes en el Consejo de Ministros. Este tipo de desacuerdos no solo han frenado iniciativas, sino que han proyectado una imagen de descoordinación interna.
Un mercado al borde del colapso
Los datos sobre el acceso a la vivienda pintan un panorama desolador. Según un informe reciente de Sociedad de Tasación, el precio medio del metro cuadrado de vivienda nueva alcanzó los 3.028 euros en 2024, con incrementos significativos en comunidades como Cataluña (4.824 euros) y Madrid (4.673 euros). En el caso de la vivienda usada, los precios subieron un 10,7% interanual, marcando su mayor escalada desde 2006.
El alquiler, por su parte, enfrenta una situación crítica. Los precios aumentaron más de un 11% en 2024, con Madrid y Barcelona liderando las subidas. En Madrid, el precio del alquiler por metro cuadrado alcanzó los 20,5 euros, mientras que en Barcelona escaló hasta los 23,2 euros, según datos de Idealista. Estas cifras reflejan un mercado que no logra satisfacer la creciente demanda, impulsada por una insuficiente oferta de viviendas.
La respuesta del Gobierno: insuficiente y tardía
El Ejecutivo intenta recuperar terreno con la creación de una empresa pública de vivienda anunciada por Sánchez en el último congreso del PSOE. Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con escepticismo, incluso dentro del sector. Los directivos de la Sareb, clave para movilizar las viviendas prometidas, no fueron consultados previamente, lo que genera dudas sobre la viabilidad del proyecto.
Además, las limitaciones del índice de precios de alquiler, que entrará en vigor este año, son evidentes. Aunque busca limitar las actualizaciones de renta, solo afecta a contratos firmados a partir de 2023, dejando fuera la mayor parte del parque de alquiler. Expertos como Ferran Font, de pisos.com, advierten que estas medidas podrían desincentivar a los propietarios, reduciendo aún más la oferta disponible.
La ofensiva del Partido Popular
Mientras el Gobierno enfrenta críticas por su gestión, el PP ha lanzado su propia propuesta de vivienda, elaborada por Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible. Entre las medidas propuestas destacan incentivos fiscales para propietarios, avales para la fianza de los jóvenes con rentas bajas, y la construcción de viviendas de alquiler a precio tasado mediante colaboraciones público-privadas.
Una de sus iniciativas más controvertidas es la creación de seguros de impago y la posibilidad de desalojar okupas en menos de 48 horas. Para el PP, estas medidas son clave para garantizar la seguridad jurídica y fomentar que más viviendas salgan al mercado.
Un reto político y social
El fracaso en abordar el problema de la vivienda no solo representa un lastre para la gestión del Gobierno, sino que también tiene implicaciones políticas de cara a futuros comicios. La vivienda afecta especialmente a los jóvenes, un sector del electorado que ha pasado de apoyar mayoritariamente a fuerzas progresistas a mostrar desencanto con las políticas actuales.
En este contexto, tanto el PSOE como el PP parecen conscientes de que el acceso a la vivienda será un tema central en la agenda política de los próximos meses. Mientras uno trata de recomponer su imagen con nuevas promesas, el otro busca consolidar su narrativa como alternativa.
Lo que está claro es que, para los ciudadanos, las soluciones necesitan algo más que grandes titulares: requieren acciones concretas, sostenibles y consensuadas. De lo contrario, la vivienda seguirá siendo una asignatura pendiente, con un impacto cada vez mayor en el bienestar de millones de españoles.