Más le valdría a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, dejar de jugar con dos barajas porque puede acabar por quemarla si es que ya no lo está. Cuando los vocales progresistas y conservadores del órgano de gobierno de los jueces no se pusieron de acuerdo sobre un nuevo modelo de elección de los miembros que dentro de cuatro años les deberán sustituir, hizo lo que se debe de hacer en estos casos: enviar al Parlamento los dos informes, el de los conservadores que piden que sean los magistrados los que elijan directamente, y el de los progresistas que, con ligeros matices, sostienen el sistema actual. Por lo tanto, son las dos cámaras las que deben pronunciarse. Pero la presidenta del Tribunal Supremo decidió llevar a cabo otra jugada, o, al menos eso es lo que dicen en la derecha mediática, y pidió a la Comisión de Venecia que se pronunciase. Poco le hace falta a esa institución, que asesora al Consejo de Europa, para aceptar la petición. Este martes celebra su 114 sesión plenaria y allí se manifestará sobre el modelo de elección. Y no satisfechos, una representación visitará España, tal y como hicieron con la ley de amnistía. El caso es darse una vueltecita, visitar el país a costa de los impuestos, y luego decir lo que todos sabemos que van a decir, que los estándares europeos obligan a que sean los profesionales de la judicatura los que protagonicen el proceso de renovación del organismo que les dirige. Algo rotundamente falso tal y como ya se ha dicho aquí mismo en numerosas ocasiones.
En ningún sistema jurídico de los países europeos europeo los organismos rectores del poder judicial son elegidos directamente por los jueces. En la UE existen dos modelos de gobierno del poder judicial. El nórdico hace una labor administrativa y de gestión, y en el sur, en el que se puede encasillar a España, funciona como un gobierno de los jueces. En el Consejo Superior de la Magistratura de los Jueces de Portugal, el parlamento designa a siete vocales. El resto, hasta un total de 17, los eligen los magistrados. Un tercio del Consejo Superior de la Magistratura italiano, considerado junto al portugués “los ejemplos de autogobierno judicial”, se eligen en el parlamento. Los dos tercios restantes son los propios magistrados. Además, son vocales natos el presidente de la República, el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo. En Francia, el Consejo General de la Magistratura está compuesto por dos salas. Una la de los jueces, elegida por los miembros de la magistratura, y la otra, la de los fiscales, consta de cinco miembros del ministerio público, un juez, un consejero de Estado y tres vocales nombrados por el presidente de la República, la Asamblea Nacional y el Senado.
Aquí en España, las asociaciones judiciales conservadoras pretenden monopolizar el Consejo General del Poder Judicial y están utilizando todas las herramientas a su alcance, incluida la presión a su presidenta, Isabel Perelló. Y esa presión tiene un trasfondo: En la Asociación Profesional de la Magistratura, ultraconservadora y mayoritaria, están convencidos de que, en la hipótesis de un proceso electoral, sus candidatos obtendrían la mayoría absoluta. Las otras tres asociaciones son conscientes de ello y piden un sistema proporcional en el que se tengan en cuenta las minorías. Eso parece, aunque la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, también conservadoras, parecen haberse aliado con la APM de María Jesús del Barco en una estrategia unitaria. Y encima con el visto bueno de los medios de comunicación. Incluso los menos afines a la derecha que se olvidan de que hay una asociación, Juezas y Jueces para la Democracia de signo progresista, que no está de acuerdo con esta estrategia y esa asociación cuenta con una importante representatividad en el sector, la tercera en número de afiliados por delante, incluso de FJI.
La Comisión de Venecia enviará a tres relatores a mediados de este mes, tal y como hizo cuando tuvo que pronunciarse sobre el entonces proyecto de ley de amnistía, pero, con anterioridad, el pleno de la institución se habrá pronunciado. Digan lo que digan los miembros de este organismo consultivo están desautorizados para enmendar la plana a España. Forman parte países ajenos a la UE como son Turquía, Argelia, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguistán, Marruecos, México, Perú y Túnez además de otros observadores. Seria paradójico que un país como Israel, cuyo gobierno está acusado de genocidio por la práctica totalidad de la comunidad internacional, participase en una resolución criticando la postura de la izquierda española por no hablar de los Estados Unidos de Trump, Marruecos, Túnez o Perú sólo por poner ejemplos de territorios cuyo estado de derecho es permanentemente cuestionado.
Además, la Comisión de Venecia deberá de tener en cuenta que tanto la Constitución como la ley orgánica del Poder Judicial regulan la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que deja en manos del Parlamento. Por lo tanto, habría que elaborar una nueva norma, un verdadero encaje de bolillos, para adaptarla a la pretensión de la derecha judicial.
Lo más probable es que los miembros de la Comisión de Venecia terminen por elaborar un informe ambiguo, tal y como sucedió con la ley de amnistía. Pero esos relatores, a los que se les empieza a llamar “los nuevos hombres de negro”, recordando a los miembros de la Troika que Bruselas enviaba a Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre y España para intervenir la contabilidad en plena crisis económica, deben de tener en cuenta el respeto a la soberanía popular que en este país encarna el Parlamento. Este asunto está en manos del Congreso de los diputados que fue quien ordenó la elaboración del informe sobre un nuevo modelo de renovación del CGPJ y es el organismo que, ahora, deberá decidir. Y, por lo tanto, las propuestas que adopten los enviados de este órgano consultivo se tendrán en cuenta o no por los representantes soberanos de la ciudadanía. Eso que lo tengan claro.