Bajo la coartada de las "falsas denuncias", la extrema derecha ha desplegado una ofensiva cultural que, más allá del desprestigio del feminismo, busca reinstaurar un modelo de familia jerárquica, con el padre como autoridad incuestionable y los menores como sujetos subordinados. La estrategia, reciclada de viejos dogmas patriarcales, se difunde con apariencia técnica y se apoya en cifras manipuladas, teorías sin respaldo y una retórica emocional que oculta su verdadera finalidad: el desmantelamiento de los avances en igualdad y protección de la infancia.
Cuando el padre se convierte en dogma
Desde hace años, el negacionismo de la violencia de género ha encontrado en la retórica de la “falsedad” su caballo de batalla. Se ha invertido la carga de la prueba y se ha colocado a las mujeres bajo permanente sospecha, reduciendo a anécdota lo que es una realidad estructural. Pero la estrategia de deslegitimación ha evolucionado: ahora, el eje del discurso se ha desplazado también hacia la infancia, convertida en rehén discursivo del viejo orden.
Los argumentos de organizaciones como Anavid, a los que se suman voces cercanas a Vox, presentan un marco tan peligroso como tramposo: si las mujeres mienten, es porque quieren arrebatarle los hijos al varón. Si un padre es apartado de sus criaturas, es víctima de una justicia feminista sesgada. Y si la madre denuncia maltrato o abuso, no lo hace por protección, sino por revancha. En esta lógica, el padre se convierte en víctima sistémica, y la infancia, en trofeo.
Las cifras que blanden son tan alarmistas como falsarias: se difunden estadísticas sin fuentes, se atribuyen tragedias personales a decisiones judiciales sin contexto, se utilizan informes desacreditados en entornos académicos. Lo que subyace no es preocupación por el bienestar infantil, sino la nostalgia de un tiempo en el que el padre no se discutía y su palabra era ley. Un tiempo que nunca fue justo, y que tampoco fue seguro para tantas mujeres y menores.
El retorno del ‘pater familias’ en versión ultra
La visión que proyectan estos sectores sobre la infancia no es de protección, sino de propiedad. El niño o la niña no es un sujeto con derechos, sino una extensión del hombre-padre, una pertenencia emocional, simbólica y hasta legal que debe preservarse frente al “enemigo” feminista. En el relato de estos grupos, las madres protectoras son villanas que amenazan el equilibrio natural de la familia, no mujeres que denuncian, cuidan y resisten en un sistema que demasiadas veces las desampara.
Esta idea no es nueva. Ya en la Roma clásica, el pater familias era dueño de los cuerpos y las vidas que habitaban bajo su techo. Lo preocupante es que, más de veinte siglos después, esa figura vuelve con fuerza, agitada por quienes ven en los avances sociales una amenaza a su posición de dominio. Los nuevos cruzados del patriarcado no portan togas, sino micrófonos, mociones en ayuntamientos o discursos en salas del Congreso.
La derecha política, y especialmente su rama más reaccionaria, no ha dudado en dar voz y legitimidad a estos discursos, alimentando un clima en el que cuestionar la violencia machista se convierte en moneda corriente. No se trata de un debate académico ni de una discrepancia técnica: es una ofensiva ideológica de quienes no toleran que el poder —también el doméstico— deje de estar monopolizado por ellos.
Resulta especialmente preocupante que esta narrativa se esté colando en instituciones, como ha ocurrido en el Congreso de los Diputados con unas jornadas cuyo único fin es dar pábulo a una conspiración sin base: la de que miles de hombres inocentes están siendo encarcelados por denuncias falsas, cuando los propios datos del Consejo General del Poder Judicial lo desmienten año tras año.
No estamos ante una defensa de la paternidad, sino ante una cruzada contra el feminismo, que usa a los menores como excusa para reinstaurar un orden familiar autoritario, machista y profundamente dañino. Se intenta revertir décadas de luchas por la igualdad con una mezcla de sentimentalismo y falsedades, apelando a una supuesta injusticia estructural que jamás ha existido.
Detrás del discurso del padre víctima no hay justicia, ni ciencia, ni preocupación real por la infancia. Lo que hay es una reacción furibunda ante la pérdida de privilegios, una rabia disfrazada de defensa de los valores y una voluntad deliberada de erosionar los avances legales y sociales que han hecho de nuestra democracia un espacio más libre y más igual.
Y mientras tanto, niños y niñas reales, víctimas reales, madres reales, quedan relegadas al silencio o, peor, puestas en el banquillo por ejercer el derecho —y el deber— de proteger. Porque lo que está en juego, en última instancia, no es solo la verdad judicial, sino el modelo de sociedad que queremos habitar: una que ampare y respete a todas las personas, o una que devuelva a la infancia al sótano del poder patriarcal.