La Asociación de fiscales ha quedado en entredicho después de que haya negado el amparo en el Consejo Fiscal a uno de sus afiliados, Álvaro Redondo, al que un medio de comunicación afín a la derecha conservadora acusó de ser “cómplice de un canje corrupto que suspende la aplicación de la ley y blinda la impunidad” hablando, además, del “espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia degradado a servidor del poder”. Redondo ha sufrido los más duros ataques por parte de la derecha judicial por ser el autor del informe en el cual considera que a Carles Puigdemont no se le puede juzgar por terrorismo en el Caso Tsunami. El “pecado” del fiscal, que ha comunicado su baja de la asociación en la que llevaba afiliado más de veinte años, fue elaborar un informe no bien visto por sus compañeros, los fiscales de sala del Supremo que no sólo lo rechazaron sino que se hicieron eco de la filtración de un primer borrador en el que se mostraba partidario del procesamiento y que luego modificó, se dice que tras una entrevista con el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Redondo acusa a la Asociación de Fiscales de incumplir una “de sus más importantes finalidades”: “defender a los asociados en su actuación profesional, prevista en el artículo 7 de sus estatutos”. “Por las expresadas razones, considerando que carece de sentido mi permanencia en la AF, te ruego que tramites, a la mayor brevedad posible y con efecto inmediato, mi definitiva e irrevocable baja asociativa”, pide el fiscal del Supremo a la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, según consta en un escrito fechado el pasado 8 de marzo.
El fondo de este asunto es la lucha emprendida por la AF contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La agrupación que preside Cristina Dexeus cuenta con la mayoría de vocales dentro del Consejo Fiscal tras las elecciones celebradas en mayo del año pasado. Una mayoría que utiliza cuando puede contra García Ortiz al cual le han pedido que dimita en más de una ocasión. Votan en contra de todas las decisiones que presenta. Consideran que García Ortiz “cumple las órdenes de Pedro Sánchez” ante el cual se han posicionado frontalmente en contra.
Pero eso empieza a ser moneda corriente en la judicatura. Las asociaciones conservadoras, sean de fiscales o de jueces, se han “echado al monte” sin respetar el principio para el que fueron creadas: la defensa de los intereses de sus afiliados. El caso de Redondo es un claro ejemplo. No le ampararon porque lo que desean es atacar desde todos los frentes posibles a Álvaro García Ortiz. Y la ocasión se les presentó con la controversia en torno al informe que el fiscal elaboró para ser presentado a la sala de lo penal del TS.. Redondo asegura que no sufrió presión alguna por parte de su superior. Reconoce que sí hizo un borrador en el que se mostraba favorable al procesamiento de Puigdemont por terrorismo pero que, posteriormente, examinando la documentación de una forma más rigurosa, decidió cambiar de opinión. Y que este cambio se produjo antes de tener una entrevista con el fiscal general del Estado. Y, además, que lo puede demostrar “porque la fecha de redacción del escrito es anterior al encuentro, según consta informáticamente”.
No le creyeron en el periódico donde un columnista publicó verdaderos improperios contra Redondo. “¿Merece la pena venderse al gobierno más arbitrario de la democracia? Con usted en Berlín el capricho del emperador no habría conocido límite. Con héroes como usted, la democracia española no necesita enemigos. Usted ha trucado la balanza de la justicia para no herir a delincuentes privilegiados”. Unas descalificaciones lo suficientemente graves como para que Redondo pidiese a su asociación que saliese en su defensa. Pero no fue así. La AF resta importancia a esas descalificaciones porque “no se advierte que la publicación del artículo periodístico pudiese suponer una inquietud o perturbación en el ejercicio de sus funciones” añadiendo, además, que el artículo era “una publicación individual sin influencia en las funciones futuras del afectado”.
Por eso Redondo se ha dado de baja de la asociación. Porque califica este posicionamiento de “inconcebible y sobrecogedor”, además de contradecir la “jurisprudencia del Supremo, que establece que el amparo adquiere su sentido cuando determinadas actuaciones extrañas a la relación procesal pretenden influir en la opinión pública”. Afortunadamente, esta vez, la patada a García Ortiz en el culo de Redondo le ha salido mal a la asociación conservadora. El Consejo Fiscal acabó por dar amparo al fiscal gracias al voto de calidad del fiscal general del Estado. Esta vez la otra asociación conservadora, la Asociación Profesional de Fiscales, que cuenta con un vocal, y los progresistas de la UPF votaron a favor del amparo. Entonces, ¿Cómo es posible que una asociación decida no apoyar a un afiliado que paga sus cuotas precisamente para que se le represente y defienda?
La respuesta es sencilla. El pasado mes de enero, una serie de colectivos firmaron el llamado “Pacto de Profesionales en defensa del estado de derecho”. El manifiesto es lo suficientemente descriptivo como para saber quienes están detrás de este movimiento. Las asociaciones firmantes son la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura que representa a los jueces conservadores, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, los Inspectores de Hacienda del Estado, el sindicato de inspectores de trabajo, la Asociación de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Seguridad Social y “otros colectivos de funcionarios y profesionales del derecho”. Decidieron constituir un comité de coordinación “con el propósito de trasladar a la sociedad la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, y separación de poderes”.
El manifiesto huele a Génova 13. Parece sacado de los despachos de la sede central del PP con postulados idénticos a los que está utilizando la derecha conservadora en su guerra ya no sólo contra la amnistía sino contra el gobierno progresista. Las asociaciones firmantes dicen representar la mayoría de los profesionales de colectivos como son los jueces, los fiscales, los inspectores de Hacienda y de Trabajo y a los altos funcionarios de la administración central. Todos ellos están llevando a cabo una batalla en la que vale todo argumentando que defienden la Constitución y los principios de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes cuando instituciones como la Comisión de Venecia ya han manifestado que con la ley de amnistía no se están vulnerando ninguno de estos principios.
Pero la derecha conservadora manipula estos informes si hace falta desautorizando a sus propios afiliados como ha ocurrido en el caso de los fiscales, incluso en torno a algún juez que manifiesta en privado su oposición a la política que está llevando a cabo la asociación a la que está afiliado, la APM, que piensa abandonar próximamente.
Y es que no está en juego la democracia como ellos mismos argumentan. Una democracia que ni ellos mismos defienden en las organizaciones que lideran desentendiéndose de sus propios afiliados. Porque lo que verdaderamente está en juego es mucho más. Esta es una lucha por el poder.