El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ese que fue declarado inocente por los trajes, por el circuito de fórmula 1 de Valencia, y por las irregularidades encontradas en los gastos sobre la visita del Papa, entre otras causas en las que también figura el Caso Noos, se acaba de librar de la sentencia más grave de todas a las que ha sido expuesto a lo largo de su dilatada singladura judicial. Vive tal momento de euforia que ya ha hablado con Alberto Núñez Feijóo para decirle que está dispuesto a volver a la política activa. Se olvida de que todavía le queda un obstáculo por salvar: el recurso del Tribunal Supremo, un hueso duro de roer. Mejor sería que el político midiera sus gestos por si sufre algún revés. Y, de momento, nada de regresar a la política porque aún no ha sido absuelto en firme de su actuación en la concesión del stand de la Feria deTurismo de Madrid. Pesan, todavía, los testimonios de los adjudicatarios de los contratos adjudicados, los responsables de Orange Market que en el juicio declararon que Camps fue la persona que obtuvo beneficios económicos de la operación. Aunque la Audiencia Nacional lo haya absuelto, todavía quedan los recursos por resolver. Es pronto para que Francisco Camps cante victoria.
El expresidente valenciano está como loco por volver a la política. Siempre se ha considerado inocente a pesar de que se vio salpicado, además de las causas aquí expuestas, por ciertas irregularidades en la financiación del PP valenciano cuando lo presidía. Y, además, ha quedado señalado por personas que han sido sus más estrechos colaboradores como Ricardo Costa, que fue secretario general del partido cuando el lo presidía y que llegó a declarar bajo juramento que el empresario de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez “El Bigotes”, trabajó “con el partido y con el gobierno” a instancias de Francisco Camps, el cual, según el testigo, estaba al tanto de la financiación irregular de las campañas electorales.
Este testimonio se contradice con lo que se señala en la sentencia. Los jueces manifiestan que “no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal". Se refieren a las conversaciones que se escucharon en la vista oral de “El Bigotes” y Camps. Los jueces de la Audiencia Nacional no la consideran prueba, tampoco el testimonio de Costa ni las manifestaciones efectuadas en el estrado de los acusados pertenecientes a la empresa que se adjudicó la gestión de los stands valencianos en FITUR. Estos, al final, han salido peor parados. Se les ha condenado a la pena que acordaron con el fiscal mientras que los que se negaron a negociar han sido declarados inocentes.
Es una de las moralejas que se desprenden de este juicio para mejores ocasiones. A lo mejor no es conveniente pactar con el ministerio público. Está sucediendo en los casos de delitos fiscales. Los que no aceptan una sentencia de conformidad están siendo absueltos, mientras que los que se asustan ante lo que les pueden pasar y acaban por ceder tienen que pagar cuantiosas cantidades de dinero que se podrían haberse ahorrado si hubiesen optado por el enfrentamiento.
En el Caso Gürtel de la Comunidad Valenciana, los que pactaron con el fiscal poco tenían que perder. Ya están en la cárcel cumpliendo condena por otras piezas que ya se han enjuiciado en la Audiencia Nacional. Esa es, precisamente, una de las circunstancias más extrañas de la trama en la que se ha visto involucrado el Partido Popular. En todas las que se han celebrado las vistas orales, ha habido condenas, y algunas de extremada gravedad. Ahí está la del Partido Popular como persona jurídica que desembocó en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sólo en la de Francisco Camps ha habido absoluciones. Y eso no huele muy bien que digamos.
Los magistrados de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional insisten en que no hay pruebas para condenar al expresident de la Generalitat Valenciana. Poco han ponderado las testificales. "Más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos, durante Navidades, y que el propio Camps Ortiz fuera a actos de celebración personales del Sr. Pérez, de ello no puede deducirse en absoluto que el Sr. Camps fuera responsable de todos los actos del Sr. Pérez o que favoreciera las actividades de este dentro del ámbito de la contratación pública", dicen los magistrados.
Ricardo Costa llegó a decir en el juicio que había asistido a una comida en la que se habló de un acuerdo mediante el cual todos los actos que celebra la Generalitat iban a ser gestionados por Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez. Los jueces llegan a decir que “no cabe deducir de una simple comida la intervención en serias irregularidades administrativas [...]. La jurisprudencia está llena de casos de comidas entre funcionarios y autoridades, con distintas personas e incluso letrados intervinientes sin que por ello quepa deducir que el funcionario adoptara resoluciones irregulares". Parecen más argumentos propios de un abogado defensor que de unos magistrados de reconocida experiencia como juristas como son José Antonio Mora, Fernando Andreu y Teresa García. Aquí sí que se puede decir que el principio de presunción de inocencia ha prevalecido por encima de todo. Ojalá ocurriera lo mismo en otras causas.
Mucho nos tememos que no va a ser así. Y mucho nos tememos, también, que el Tribunal Supremo puede llegar a echar por tierra la sentencia de la Audiencia Nacional. Va a ser una cuestión de ponderación de las pruebas testificales. Y en eso nunca se sabe el camino por el que se va a inclinar la alta magistratura judicial de este país.
Por lo tanto, y mientras la sentencia no sea firme, sería conveniente que Francisco Camps mostrase cierta prudencia. Los jueces no han dicho su última palabra y mientras esto ocurra, lo mejor es que se dedique a su vida privada y se olvide de la actividad pública. Porque su imagen ha quedado deteriorada y, lo más probable, es que el expresident ya no goce del mismo tirón que tuvo en su época, cuando logró la mayoría absoluta para el Partido Popular en unas elecciones autonómicas. Las cosas han cambiado.