Los grupos popular y socialista en el Congreso han registrado la proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se calcula que durante este mes de julio se podrían designar los candidatos que figuran en el acuerdo de los dos partidos. Pero mucha prisa se deben dar para que los nuevos vocales tomen posesión antes de que comiencen las llamadas vacaciones judiciales, en agosto, y mucho más que elijan al nuevo presidente quien sigue siendo una incógnita. Por lo tanto, tal y como ya se ha dicho aquí, el nuevo CGPJ, no empezará a funcionar hasta septiembre.
Lo primero que va a generar controversia es quien será el que inaugure el año judicial. Para entonces es muy probable que haya, ya, un nuevo presidente. Pero si no lo hay, tendría que ser el actual titular del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, el que, un año más, pronuncie el discurso. Y ya ahí se producirán las primeras divisiones, el primer roce de la judicatura con un consejo renovado pero que va a contar, desde un principio, con fuertes presiones por ambos bandos.
Ese consejo deberá elaborar, en un plazo de seis meses, una reforma que el PP pretende convertir en toda una revolución: fórmula de elección de los vocales en un sucesivo mandato, cambio del sistema de designación del fiscal general del Estado y reformulación del Estatuto del Ministerio Fiscal, y la derecha quiere ir más lejos, quiere modificar la ley del Tribunal Constitucional. Eso es lo que Alberto Núñez Feijóo va diciendo por ahí que se va a hacer.
En cambio, el ministro de Justicia tiene una lectura del acuerdo radicalmente diferente. Será el Congreso el que tenga la última palabra sobre el alcance de esta reforma que pretende la derecha política y judicial, y aquí habrá que ver hasta dónde llega el gobierno y sus socios parlamentarios porque estos ya han declarado que no van a permitir que los jueces sean quienes elijan directamente a sus órganos de gobierno y que el fiscal general deje de ser una figura vinculada al poder ejecutivo.
Y como las declaraciones en este sentido sigan subiendo de tono, no habría que descartar la posibilidad de ruptura del acuerdo. Ya la hubo en ocasiones anteriores y ahora puede suceder lo mismo. O sea que el presidente, Pedro Sánchez, debería guardar cierta prudencia al saludar al jefe de la oposición diciéndole “bienvenido al constitucionalismo” porque, al final, puede volverse al bloqueo: ocurrió con Rajoy en La Moncloa y la metedura de pata de Ignacio Coisidó, portavoz en el Senado, y con la protesta por la aprobación de los indultos a los independentistas catalanes.
Unos y otros insisten en que ya no hay marcha atrás. Esperando que no ocurra lo peor, lo que sí es evidente es que los debates en el seno del Consejo van a ser a cara de perro. La composición ideológica de sus miembros está igualada. Sólo el “voto de calidad” del presidente del que, repetimos, a esta hora nadie sabe quién puede ser, inclinará las decisiones en uno u otro sentido. Todo parece indicar que dicho presidente saldrá de entre los diez vocales progresistas. Para entonces, habrá que ver el sentido de la reforma que debe presentarse en el Congreso en un plazo improrrogable de seis meses. Si, al final, la fórmula de elección de los vocales no es la que quiere el Partido Popular que dice que “es semejante a la de los estándares europeos”, y que su presidente Núñez Feijóo asegura que Bruselas vigila de cerca, el conflicto estará servido.
Porque a Núñez Feijóo se le llenó la boca en la campaña electoral de hace un año prometiendo a las asociaciones judiciales que serían ellas las que protagonizarían, cuando él llegara el poder, la renovación del CGPJ. Y sobre la fórmula propuesta no cabe duda. Es idéntica a la del consejo fiscal donde los miembros en activo de la carrera eligen a sus representantes en elecciones directas. En la Asociación Profesional de la Magistratura se frotaban las manos. Aunque sólo el 60% de los jueces están afiliados, la mayoría la tienen los conservadores de la APM por lo que, según la promesa de Núñez Feijóo, monopolizarían a los representantes del órgano de gobierno de los jueces. La siguiente en afiliados es la “centrista” Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Por eso no es de extrañar que hayan elevado una protesta pública al comprobar que, en el acuerdo entre socialistas y populares, no figura ningún afiliado suyo mientras que la siguiente asociación en número de apoyos dentro de la judicatura, Juezas y Jueces para la Democracia, han conseguido colar a algunos de sus significados afiliados.
Si eso se ha dicho ahora, uno se puede figurar lo que pasará si, al final, la mayoría progresista logra imponer el criterio de la izquierda de seguir manteniendo el actual sistema de designación de los vocales con ligeras concesiones para la derecha como es la confección de listas de candidatos por parte de las asociaciones pero siempre teniendo la última palabra diputados y senadores.
Y si eso llega a ocurrir, el conflicto estará servido. Si. El Consejo General del Poder Judicial se habrá renovado, pero vamos a ver la campaña que llevan a cabo en la derecha judicial contra él. Sólo hay que comprobar cómo se las gastan con el “siete a cuatro”, ahora “siete a cinco” del Constitucional al que califican de falta de objetividad. Pues si eso ocurre en la corte de garantías, el terremoto en la sede de Marqués de la Ensenada puede ser de gran magnitud. Y eso sin contar lo que pueden decir en Bruselas donde la derecha conservadora sigue dominando la Comisión y el Parlamento europeo. Por lo que habrá que esperar a conocer la opinión de la vicepresidenta Vera Jourovà, según dicen en la derecha, la depositaria del acuerdo, algo de lo que se duda porque, la comisaria apenas ha tenido una labor mediadora activa no como su antecesor, el responsable de justicia Didier Reynders.
Por esa razón no hay que echar las campanas al vuelo porque seguramente se podrá culminar, no sin obstáculos, la renovación del CGPJ, pero el conflicto en torno a la carrera judicial se va a mantener durante muchísimo tiempo porque la derecha no va a dejar perder el gran poder que ostenta en la judicatura, y que la blinda de contratiempos como el que sufrieron en causas como la Gürtel, Púnica, Lezo y otras por el estilo.