La investigación de la llamada “pieza 9” de Púnica está a punto de concluir después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional haya resuelto los recursos pendientes. Al final, ha ratificado el procesamiento del ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, por un delito electoral cometido en los comicios de 2011. La sala confirma la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, y decide ratificar el procesamiento de “todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016”.
Los demás imputados pudieron cometer delitos, pero han caducado. Un total de 71 investigados se libran de sentarse en el banquillo de los acusados. Se procesa a Gutiérrez, al exsecretario general, Enrique Granados, y a siete personas más. Entre los que se libran, Esperanza Aguirre e Ignacio González, expresidentes de la CAM. Eso sí, quedando claro para todos que es porque los delitos han prescrito. Pero, de hecho, los autos reconocen que se cometieron. Que los dirigentes regionales conservadores gastaron mucho más del límite permitido por la ley. No sólo en 2011 sino también en 2007 y 2008.
La llamada “pieza número 9” del sumario de la operación Púnica es la más controvertida. Trata de la financiación irregular, mediante una caja B, del Partido Popular en Madrid. En total, los populares declararon un gasto electoral de 2.986.624 millones ante el Tribunal de Cuentas, cuando, en realidad, los gastos supusieron un desembolso de 6,8 millones gracias a donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas y financiación a través de facturas falsas. En las diligencias previas se ha investigado el papel que jugó, en todo el entramado de financiación irregular la llamada Fundescam.
La fundación del PP madrileño recibió subvenciones de dinero público de la Comunidad de Madrid. Según el escrito del fiscal, Alejandro Cavaleiro, “Fudescam emitió facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, todo ello en connivencia con determinados proveedores de las campañas electorales citadas”.
Además, a través de la entidad, se canalizaba el dinero aportado de forma irregular por empresarios que, posteriormente, obtendrían adjudicaciones. Entre uno de los ejemplos que describe el ministerio fiscal está el del empresario hostelero Arturo Fernández, que fue vicepresidente de la CEOE. Fernández logró la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Un asunto por el que, en un principio, se imputó a la expresidenta Cristina Cifuentes que, al final, acabó por ser exculpada.
La fiscalía utilizó los mismos criterios para imputar, en un principio, a Ignacio González, que fue director de campaña de las elecciones. Al final fue exculpado aunque la desimputación más relevante fue la de Esperanza Aguirre. Un episodio controvertido que dio lugar al abandono del caso por parte de las dos fiscales que lo llevaron en un principio. Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, se negaron a estampar su firma en un escrito de acusación en el que no figuraba la expresidenta de la CAM. Su jefe, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, le encargó el asunto a Alejandro Cavaleiro, el cual modificó los criterios que inicialmente habían mantenido en materia de caducidad. Luzón avaló sus argumentos basándose en la idea de que es mejor que todos los que se sienten en el banquillo acaben por ser condenados.
Está claro que por un argumento de forma, en ese banquillo no se van a sentar todos los responsables de la financiación irregular electoral del PP en 2007 y 2011. Una financiación, según dice un atestado de la UCO de la Guardia Civil, “con numerosas irregularidades que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio de la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político.”
El propio instructor, Manuel García Castellón, en un auto de imputación, señala que Esperanza Aguirre, “desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Pero como siempre ocurre en la justicia española, el juego de plazos originado por un sistema garantista rígido puede suponer la exención de las oportunas responsabilidades penales. Los fiscales llegan a decir que la exlideresa de la CAM es la principal inspiradora de la financiación irregular de las campañas electorales. Y que, por ello, debería ser procesada y condenada.
No va a ser así. A Esperanza Aguirre nadie la va a pedir responsabilidades jurídicas por unos hechos que demuestran que el Partido Popular cometió delitos electorales en las campañas de los comicios municipales de 2007 y 2011. Lo que va a quedar claro, en esta pieza de la Púnica cuando se lleve a cabo el juicio oral, es que el PP jugó con ventaja respecto al resto de partidos. Y obtuvo mayorías absolutas de manera irregular.