Tras la Transición, la desigualdad, medida tanto por el ingreso antes como después de impuestos y las recaudaciones del Estado comenzó a aumentar rápidamente. Este crecimiento nunca se ha revertido.
El aumento de la desigualdad de ingresos refleja un fracaso de la política española en dos frentes. Primero, se tomaron decisiones políticas para debilitar intencionalmente el poder de negociación de los trabajadores. Esta erosión alimentó la desigualdad en los ingresos basados en el mercado.
En segundo término, el sistema fiscal español, aunque en teoría iguala los ingresos, no se volvió más progresivo frente a la creciente de la desigualdad y, por lo tanto, en gran medida no logró frenarla. Estas fallas en las políticas no solo han sido perjudiciales para los trabajadores, sino que están teniendo un efecto negativo en el crecimiento macroeconómico.
El actual sistema de impuestos está diseñado para ser progresivo, es decir, gravar más en la parte superior de los ingresos y gastar más en la parte inferior, pero apenas ha logrado desacelerar la brecha cada vez mayor entre los ingresos de las familias de altos y bajos ingresos durante las últimas cuatro décadas.
En términos técnicos, la creciente desigualdad en los ingresos del Estado se explica por la evolución de los ingresos antes de impuestos.
Por ejemplo, el 1% que suponen los hogares de rentas altas vio aumentar su participación en los ingresos totales antes de impuestos y beneficios, mientras que su participación en los ingresos después de impuestos y beneficios aumentó en un todavía considerables 6%.
Debido a su creciente participación en los ingresos durante las últimas cuatro décadas, las rentas altas se han asegurado más de un tercio de todos los ingresos después de impuestos, es decir, un 60% más que las rentas bajas.
Al redistribuir los ingresos de los hogares de menores ingresos, el aumento de la desigualdad reduce el crecimiento de la demanda agregada en más de 100.000 millones de euros anuales.
Por otro lado, los graves errores de las políticas en el mercado laboral han ayudado a impulsar el aumento de la desigualdad que creció en gran medida porque los trabajadores perdieron poder de negociación, gracias en parte a decisiones políticas intencionales que cambiaron el equilibrio de poder en los mercados laborales.
El poder de negociación reducido es evidente en la división entre el crecimiento de la productividad y el salario: en los últimos 40 años, la productividad en toda la economía aumentó casi un 60%, mientras que el pago por hora de los trabajadores aumentó menos del 14%.
El cambio pronunciado en el poder del mercado laboral tuvo efectos profundos en una serie de resultados económicos. Además del rápido aumento en la desigualdad de ingresos, se ha reducido el ritmo de crecimiento de los salarios en cualquier tasa de desempleo dada. Al impulsar el rápido aumento de la desigualdad de ingresos, el cambio en el poder del mercado laboral contribuyó enormemente al lastre significativo en el crecimiento del gasto de consumo de los hogares que condujo a una reducción del crecimiento de la demanda agregada en general.
Los políticos no han demostrado estar a la altura de este gran aumento de la desigualdad. Tanto las fallas de la política fiscal como la monetaria no lograron frenar significativamente la expansión de la desigualdad ni frenar sus efectos.
Además, el poder legislativo no ha hecho que el sistema de impuestos sea más progresivo para contrarrestar el aumento de la desigualdad y han tolerado largos períodos de demanda débil sin aumentar el gasto público lo suficiente como para impulsarla.
Por otro lado, los responsables de la política monetaria están intentando evitar que un aumento en los ahorros de los hogares arrastre la demanda mediante la reducción de las tasas de interés para estimular la inversión.
El gran aumento en la desigualdad de ingresos también ha tenido grandes efectos potenciales en el equilibrio fiscal y la deuda pública. Sin embargo, es probable que muchos de estos efectos se contrarresten.