En la sesión de apertura del año judicial la nueva presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, pidió a los partidos políticos que no se entrometan en el trabajo judicial. Aviso a navegantes que, al día siguiente, tuvo respuesta en su compañero de asociación, - ambos pertenecen a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia-, el presidente del Tribunal Constitucional. Más o menos, Cándido Conde-Pumpido la replicó pidiendo que dejen de acusar de falta de parcialidad a la corte que preside. Porque si unos jueces tienen derecho a reivindicar su independencia, los del TC no son menos. Está claro que va a haber enfrentamiento entre ambas instituciones. A Conde-Pumpido no le gusta la Perelló. Su candidata, Pilar Teso, ha sido encasillada por la derecha judicial dentro de su grupo y, por lo tanto, es la nueva bestia negra del conservadurismo.
Veremos lo que ocurre cuando en noviembre haya que designar al presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo por la baja de Manuel Marchena. La “banda de Conde-Pumpido”, como llaman los conservadores al grupo de incondicionales del presidente del TC, apuestan fuerte por Ana Ferrer, otra de las perdedoras en ese surrealista proceso de elección de presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sería un ejemplo del cambio que pretende la izquierda en la judicatura. No sólo porque la sala más importante pasaría a manos de una mujer, cumpliendo con el criterio de proporcionalidad que se pretende para un colectivo mayoritariamente femenino, sino que del más rancio conservadurismo que ha caracterizado el mandato de Marchena se pasaría al talante abierto y progresista de la Ferrer con un historial profesional impecable desde que fuera jueza de instrucción de Madrid teniéndo que hacerse cargo de asuntos tan feos como el del exdirector general de la guardia civil, Luis Roldán, o el del exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
Se presentan unos meses complicados para la judicatura y, sobre todo, para el Constitucional, al cual le toca lidiar con la amnistía. Conde Pumpido quiere demostrar la neutralidad de la corte de garantías y ha promovido que la ponencia sobre la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo la elabore un “halcón”. El recientemente propuesto por el PP, José María Macías, digamos que no es muy imparcial. Fue el promotor del famoso informe del caducado Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía cuando ni siquiera se había presentado la proposición de ley en el Congreso. Por lo tanto, que Macías va a propiciar la admisión a trámite se da por hecho. Eso no significa que vaya a ser el ponente de la sentencia. Todavía está por decidir quién será, pero, con toda seguridad, uno del grupo de los progresistas.
Estos se han quedado sin un importante activo. El exministro Juan Carlos Campo ha enviado una carta al presidente, Conde-Pumpido en la que le anuncia que se abstendrá en el debate de la ley de amnistía. Considera que no está en condiciones de decidir sobre un asunto en el cual fue parte cuando era ministro de Justicia al ser el responsable del decreto de indulto de los condenados del procès. En aquella época, Campo se mostró públicamente contrario a la amnistía, la principal razón que esgrime para abstenerse. Por lo tanto, los progresistas ganan por la mínima, seis frente a cinco conservadores sumando la nueva incorporación.
Habrá que ver las recusaciones que se presentarán. El PP había anunciado dos. La de Campo, que ya no hará falta por la abstención voluntaria del magistrado, y la de Laura Díez por haber sido alto cargo de La Moncloa y haber asesorado a la Generalitat en la etapa del procès. Si prospera esta recusación, habría empate y decidiría el voto de calidad de Conde-Pumpido. Eso, siempre contando con una hipotética “disciplina de voto”, algo muy difícil de evaluar en una institución donde las simpatías políticas juegan un papel secundario. Y si no, sólo habría que recordar la sentencia que declaró inconstitucional parcialmente el Estatuto de Autonomía de Catalunya. La presidenta de la corte de la época, la progresista María Emilia Casas, votó a favor de la ponencia que anuló una parte muy importante de la norma con las consecuencias políticas y sociales de todos conocida.
Y más ahora porque el sector progresista de la judicatura se ha dividido tras el nombramiento de Isabel Perelló. Una parte cree necesario dialogar con la derecha conservadora para normalizar la administración de justicia muy deteriorada reputacionalmente. Pero hay otra parte, los conocidos como “incondicionales de Conde-Pumpido”, que cree llegada la hora de presionar a Perelló para que se introduzcan en las instancias superiores jueces más abiertos, progresistas, porque lo que es verdad es que esas instancias, ahora mismo, están controladas por el colectivo más rancio y reaccionario de la carrera judicial.
Conde-Pumpido está pidiendo mesura porque es consciente de la estrategia de la derecha que utiliza abiertamente el argumento de que el sanchismo pretende colonizar el poder judicial. El presidente del Tribunal Constitucional quiere contrarrestarlo dando la imagen de una exquisita neutralidad. Pero en su circulo de incondicionales hay quien le advierte que cualquier gesto en ese sentido no va a servir de nada. El Consejo General del Poder Judicial debe decidir, inmediatamente, los nombres de las 123 vacantes en los tribunales superiores territoriales, de las cuales más de 70 corresponden al Supremo. Si vuelve a suceder lo que ocurrió en la época de Carlos Lesmes, la derecha acaparará la práctica totalidad del aparato judicial. Pero si pasa lo contrario, las consecuencias pueden ser peores porque entonces se volverá a sacar a colación el intento del sanchismo por hacerse con todo el poder institucional. Isabel Perelló va a buscar el equilibrio entre las dos partes. Pero los progresistas ya la han avisado. Mucho cuidado con sus declaraciones que pueden malinterpretarse. La primera ya la ha tenido y se ha puesto enfrente al todopoderoso Conde-Pumpido.