Aunque la reforma del Código Penal de 2015 deniega la libertad condicional a los condenados por corrupción que no hayan devuelto el dinero, la reciente muerte del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la incógnita sobre el destino de los 46 millones de euros que saqueó han vuelto a abrir el debate sobre lo difícil que es lograr que los delincuentes de guante blanco no sólo no paguen las indemnizaciones y multas establecidas en sus condenas sino que no hacen caso de los requerimientos para abonar las cantidades que se apropiaron indebidamente de las personas físicas y jurídicas perjudicadas. Son muy pocos los que devuelven el dinero. Los expertos calculan que, en la totalidad de las causas abiertas por apropiación indebida, falsedad documental y malversación, se ha abierto un agujero a la economía de 15.000 millones de euros. Es lo que denominan “el economicismo del delito”.
Y eso que sólo se habla aquí de la corrupción. Habría que añadir las indemnizaciones que los condenados por terrorismo deben pagar a las víctimas y que casi ninguno ha hecho. Al final ha sido el Estado el que ha tenido que hacerse cargo de estas. Pero limitándonos a los llamados delitos económicos, las cantidades son significativas. Sólo en la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, los afectados, pequeños ahorradores, han podido recuperar el 1% de las cantidades aportadas. Y eso después de la venta del patrimonio de las sociedades. Se calcula en 2.259 millones la cantidad que jamás se podrá recuperar. El presidente de Fórum, Francisco Briones, y los miembros de los consejos de administración de las sociedades deberían de haber abonado 4.800 millones. Se calcula que gran parte del dinero sustraído se encuentra en Suiza y en paraísos fiscales.
Un tribunal de Londres llegó a cuantificar en 575 millones de euros la cantidad que Javier de la Rosa se apropió de las operaciones fallidas de sociedades de Kio cuando representaba en España al grupo kuwaití. Si a esas operaciones se añade la de Grand Tibidabo, las cantidades recuperadas son insignificantes como consecuencia de los embargos de las escasas propiedades que el financiero tenía puestas a su nombre. Tampoco se pudo recuperar el dinero de los inversores de Gescartera. Su presidente, Antonio Camacho, ni siquiera ha pagado la multa impuesta por el tribunal y menos se ha hecho cargo de los 108 millones defraudados. Igual que el famoso “botín” del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Sólo de los fondos reservados se apropió de 2,61 millones de euros. Aparte están las comisiones de las contratas de obras en las casas cuartel del cuerpo, estimadas en 13,9 millones. Roldán murió asegurando que el dinero se lo quedó el espía, Francisco Paesa, el que, supuestamente, le ayudo a sobrevivir durante el tiempo en que estuvo fugado. Paesa tampoco está para declarar la verdad sobre este asunto. La pista del dinero se pierde en los cementerios, o en los herederos, pero éstos no van a contar nada.
Como no cuentan los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. El concurso de acreedores de Nueva Rumasa les sirvió para declararse insolventes, pero hay pruebas de que sacaron 82 millones de euros de los bancos. Se calcula que Nueva Rumasa debe a entidades financieras y organismos públicos 700 millones de euros. Hay abierto un juicio oral contra seis hijos y los administradores del grupo. Se les pide 300 millones por los pagarés emitidos que nunca fueron abonados.
La recuperación del dinero sustraído en el llamado caso Banesto es el asunto que más quebraderos de cabeza da a los jueces ejecutores de la sentencia. Mario Conde, Arturo Romaní, Fernando Garro y Rafael Pérez Escolar fueron condenados a pagar 43,27 millones de euros que deberían ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, la entidad que se hizo cargo del agujero provocado por el equipo gestor que encabezaba el banquero de Tuy. Este ha llevado a cabo diversidad de operaciones para ocultar su patrimonio. Incluso llegó a poner el capital a nombre de su hija, Alejandra. Acusado de delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por valor de 13 millones, la Audiencia Nacional archivó la causa en 2019 por considerar que esa cantidad la obtuvo antes de los hechos enjuiciados como consecuencia de la venta de sus acciones de Antibióticos.
Lo extraño es que al exbanquero no le hayan logrado embargar sus posesiones más emblemáticas. De las fincas Las Salcedas y los Carrizos de Castilblanco sólo se ha podido obtener 1 millon de euros que depositó la propietaria de la primera, “Las Salcedas, S.A.”, y 4,9 millones que Conde pagó de forma voluntaria. A cambio, el exbanquero ha llegado a reclamar una indemnización de 13,3 millones de euros por permanecer 68 días en prisión preventiva en la causa de 2019.
Del caso Malaya, además de la cantidad citada de Julián Muñoz, habría que recordar que de los 12,3 millones de euros que Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo, debe de pagar al ayuntamiento de Marbella sólo se ha abonado algo más de 1 millón. La que sí ha pagado el 1,1 millon de multa impuesto por el tribunal ha sido la cantante, Isabel Pantoja. De resto de condenados poco o nada se sabe sobre el dinero que les ha sido embargado porque el recuperado de forma voluntaria es insuficiente y fue desembolsado de mala gana. El abogado Rafael del Nido, condenado en el caso Minutas en el que facturó al consistorio marbellí hasta 6,7 millones de euros de los cuales solo ha devuelto 1 millón
Donde sí se ha devuelto la casi la totalidad de lo defraudado ha sido en el caso de las tarjetas Black de Cajamadrid. Bankia dice haber recuperado el 95 por ciento. Un total de 83 consejeros y directivos de la antigua entidad madrileña hicieron uso de tarjetas opacas entre enero de 2003 hasta diciembre de 2012 por 15,24 millones de euros. Sin embargo, finalmente, se acabó abriendo juicio oral sólo contra 66 acusados tras considerar la Audiencia Nacional que habían prescrito 14 mientras que otros dos fallecieron. El dinero que resta por recuperar, dicen en Bankia, pertenece a la fundación Cajamadrid que no ha presentado reclamación.
Se desconoce el destino del dinero que no se ha podido recuperar. Algunos de los condenados como fue el caso de Luis Roldán o Antonio Camacho llevan o llevaron una vida modesta, compartiendo casa con familiares en viviendas de protección oficial. Los expertos dicen que las autoridades siguen de cerca sus movimientos económicos porque creen que tarde o temprano aflorarán las cantidades defraudadas que todas ellas se encuentran en los clásicos paraísos fiscales: Suiza, Delaware, Bahamas, Gibraltar, Liechtenstein o las islas del Canal entre otros.
Una cosa está clara. La recuperación de esos 15.000 millones defraudados supondría un importante impacto en el Producto Interior Bruto. Si a eso unimos el dinero que mueve la economía sumergida, este país estaría en el G-8. De eso no cabe duda.