Toda la derecha conservadora, desde la judicial hasta la política, ha salido en defensa del juez Manuel García Castellón tras las manifestaciones efectuadas por la ministra Teresa Ribera. Y su argumento es sencillo: el instructor dice haber reunido pruebas suficientes para imputar un delito de terrorismo al movimiento Tsunami Democràtic atribuyendo la dirección de la organización a una bicefalia formada por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Sólo la posibilidad de este planteamiento manifiesta el desconocimiento de la realidad política catalana por parte del juez porque es imposible que exista una alianza entre Junts y ERC cuando ni siquiera han sido capaces de acordar una coalición en el Parlament y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, es reconocido enemigo de Puigdemont al que le reprocha haber huido a Bélgica. Y, por lo tanto, si esa es una de las pruebas que dice tener el magistrado es que carece de algo concluyente. Sólo indicios, pero las pruebas deben tener una consistencia que, en el caso del liderazgo de la organización investigada, carece de fundamento.
En el auto en el que critica, un tanto extemporáneamente, al fiscal, García Castellón argumenta que es un indicio suficiente de la comisión de actos terroristas la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat. Por esa regla de tres, la justicia debería haber abierto diligencias por la comisión de ese delito a los sindicalistas que llevaron a cabo acciones de protesta paralizando el tráfico aéreo de la zona. Y por esa regla de tres, valga la redundancia, García Castellón debería abrir una causa contra Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, no sólo por la invasión de las pistas de El Prat y otros aeropuertos españoles sino también por la quema de neumáticos y cortes de carreteras en protestas laborales efectuadas por sus afiliados en multitud de ocasiones. O, todavía peor para la derecha: Pedro Barato, el líder de la derecha agraria, dirigente de la Asociación Jóvenes Agricultores, ASAJA, debería ser imputado de un delito de terrorismo por sus proclamas en favor de las tractoradas agrarias que terminaron en cortes de infraestructuras “tan esenciales” como es la A-4 a su paso por Andalucía.
García Castellón insiste en que el ciudadano francés que falleció en el aeropuerto de El Prat, el mismo día de la toma de las terminales aeroportuarias por parte de Tsunami, a consecuencia de un infarto, es “una víctima de terrorismo”, palabras textuales que utiliza el juez en el auto en el que rechaza el recurso de reforma del fiscal. La verdad es que a los familiares del ciudadano francés les han puesto las cosas muy fáciles porque si el tribunal asume la tesis del instructor, se van a forrar a costa del erario público español gracias a las ventajas que otorga la legislación de este país a los colectivos de familiares de personas que fueron heridas o asesinadas a mano de grupos terroristas.
Las elucubraciones de García Castellón van en contra de los criterios establecidos por sus propios compañeros. La jueza de L´Hospitalet de Llobregat que se hizo cargo del atestado archivó la causa porque no encontró indicio de delito en torno al fallecimiento del ciudadano francés. Los informes de la policía autonómica desvinculan la acción de los manifestantes con la muerte del usuario. En otras palabras: sólo en la imaginación del juez existen “pruebas” suficientes de que un hecho se puede relacionar con otro. Y eso acabará por ser rechazado en las instancias superiores. No solo las españolas sino las europeas donde es casi seguro que acabarán por resolverse las diferencias surgidas en torno a la amnistía
La única novedad desde que el magistrado decidió acusar a Rovira y Puigdemont es la personación en el sumario de varios policías nacionales que actúan como acusación particular porque resultaron lesionados en los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona, el 18 de octubre de 2019, a raíz de las protestas callejeras contra las sentencias del procès. Cierto es que estos policías pueden actuar contra la organización convocante, Tsunami, pero va a ser difícil que puedan acusar de terrorismo porque su agresión está tipificada en el Código Penal y en la llamada “ley mordaza” como atentado contra la autoridad y no como terrorismo. Y no hace falta que prueben las agresiones que sufrieron porque están los correspondientes partes de lesiones y todavía la justicia española prioriza la presunción de veracidad de la que gozan todos los agentes policiales en los juzgados.
García Castellón señala que “la gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello”. Un argumento para justificar la petición al Tribunal Supremo de que se haga cargo de la causa. Pretende quitarse de en medio y que sea la sala segunda de Lo Penal, la misma que enjuició a los dirigentes independentistas, la que califique los hechos. Es una forma de dar mas argumentos a los jueces del alto tribunal para que se opongan activamente a la amnistía que se debate, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados. O sea, que el trabajo lo hagan otros.
La derecha judicial podrá decir lo que quiera, pero nadie, en su sano juicio, puede poner en duda que esta maniobra no pretende esclarecer los hechos como dice el magistrado, sino dar más herramientas al Supremo para que, argumentando delitos de terrorismo, deje fuera de la medida de gracia al principal objetivo de los magistrados de la sala: los huidos Carles Puigdemont y Marta Rovira. Porque una cosa que no les van a perdonar jamás es que se hayan sustraído a la acción de la justicia.