Cada día se está poniendo más difícil ejercer la abogacía en España. Para colegiarte te exigen hacer un examen. Una vez has pasado la prueba, te toca entrar en un despacho, o bien de becario o bien de pasante. Si el bufete es grande y prestigioso te habrá tocado la lotería, aunque deberás aguantar con un sueldo que apenas sobrepasa el Salario Mínimo Interprofesional.
Cabe la posibilidad de abrir despacho por cuenta propia. Es arriesgado. Mucha competencia, escasas posibilidades y principios difíciles. No queda otra que ingresar en el turno de oficio. Pero, esta actividad, además de exigir una serie de requisitos para ingresar en ella, es muy sacrificada y los ingresos son escasos. Apenas cuenta con derechos laborales. Sin horario, ni descansos. Tampoco permisos por paternidad ni vacaciones retribuidas. Los desplazamientos a los juzgados o comisarías de policía corren por cuenta del letrado.
Hace unos días, las asociaciones que representan a los 43.696 abogados de oficio que hay en España se reunieron con los grupos parlamentarios del Congreso de loa Diputados. Sus exigencias se resumen en una ley a reformar: la de asistencia gratuita. Consideran que la remuneración por el servicio de asistencia judicial gratuita es insuficiente, así como la subida del IPREM, el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, para garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Se quejan, también, de la diferencia de retribuciones entre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, y las que se reciben directamente del gobierno central. Piden que se les considere autoridad en el ejercicio de sus funciones para evitar, así, las cada vez más frecuentes agresiones, amenazas y coacciones de los clientes. Y, para terminar, exigen que se les paguen los desplazamientos para asistir a una diligencia judicial o policial
En estas reuniones han aflorado, además de lo descrito, otras importantes carencias del servicio. Los abogados de oficio, por ejemplo, no cobran los recursos que tienen que presentar. Así lo dice el artículo 30 de la Ley cuya reforma exigen las asociaciones. No se abonan las peticiones de ejecución de las sentencias, donde, a veces, está en juego las cantidades en concepto de costas judiciales. Tampoco perciben remuneraciones si la asistencia es para una persona jurídica. Una sociedad o una empresa.
El año pasado, los abogados de oficio atendieron casi dos millones de diligencias. España es el país europeo con más asuntos de justicia gratuita. 3.379 casos por cada 100.000 habitantes. La media europea está en 734 por cada 100.000 habitantes. Y es donde menos dinero se percibe. 178 euros por caso, mientras que en Europa la media es de 462 euros por asunto.
Además, la diferencia entre lo que se cobra por comunidades es significativa. Donde menos, Andalucía. Por ejemplo, un divorcio se paga a 331 euros en caso de existir un contencioso, y 159 si se va de mutuo acuerdo. mientras que en Euskadi se llega a pagar por un procedimiento matrimonial 574 euros. La Comunidad Vasca es la que más remunera la asistencia gratuita.
Y hay otro gran problema a la hora de cobrar. Una vez el letrado traslada a su colegio la relación mensual de asistencias judiciales y policiales, y procedimientos que ha llevado a cabo entre diligencias sumariales, juicios, recursos y demás, debe esperar una media de tres meses para recibir las remuneraciones que les corresponde. Y la cosa ha mejorado. Hace unos años, no muchos, cinco o seis, los retrasos llegaban a seis meses.
Eso sí. Los clientes les exigen una calidad del servicio que algunas veces llegan a ser exageradas. Aunque el Colegio de Abogados de Madrid no quiere dar cifras, se sabe que a su comisión ética llegan centenares de reclamaciones por parte de los clientes del turno de oficio. Algunas se resuelven con sanciones para sus colegiados. Las quejas se refieren, generalmente, a que los letrados no se han dedicado a fondo a representar sus intereses.
“Demasiado hacen”, teniendo en cuenta que cobran una media de 178 euros por servicio, dicen en las asociaciones que les representan. Los colegios, casi siempre, suelen archivar las reclamaciones. Los abogados de oficio son un vivero de votos importante a la hora de elegir los órganos de gobierno. Las candidaturas suelen fijarse en las reivindicaciones de los abogados de oficio. Muchas promesas que luego acaban por incumplirse.