La situación de explotación y precariedad laboral en España es crítica y está teniendo consecuencias muy graves en la salud de los trabajadores. Tal y como hemos analizado en Diario16+, existe una relación directa entre el exceso de horas de trabajo (tan propio del mercado de trabajo español) y el crecimiento de las enfermedades cardiovasculares y los ictus.
Sin embargo, hay otra consecuencia silenciosa que no tiene ni siquiera el reconocimiento legal: la salud mental. Cada vez es más habitual que los trabajadores tengan episodios de depresión, llanto, ansiedad, o temblores al acostarse. No es una cuestión de un sector de actividad u otro. Los casos se producen desde el ámbito financiero hasta los trabajos corporales. En determinados sectores es habitual que, tal y como han denunciado los propios trabajadores, acudan a sus centros de trabajo totalmente medicados y que sus cajones estén repletos de ansiolíticos, opiáceos o antidepresivos.
De esto no sólo es culpable la presión o el estrés derivados de la actividad, sino que también tienen una clara relación de causalidad con las condiciones de trabajo y salariales propias del tercer mundo que sufren los trabajadores en España. Las constantes vulneraciones de la legislación laboral que no son detectadas por la Inspección de Trabajo, empleados sin contrato, la amenaza constante de despido si se exigen que se cumpla con la legalidad y, sobre todo, la precariedad y la pobreza laboral provocan un caldo de cultivo para que la mente estalle.
Según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2024, un número cada vez más alto de las bajas laborales respondió a trastornos mentales, del comportamiento o del desarrollo neurológico. Estos problemas de salud invisibles sumaron cerca de un millón de incapacidades temporales, un volumen que casi triplica el registrado en 2016 y supera en un 80% los niveles previos a la pandemia. Solo el cáncer y las enfermedades cardiovasculares provocan bajas más prolongadas, con una media de 108 días de inactividad por episodio, una estadística que evidencia la gravedad de la crisis silenciosa de la salud mental laboral.
La precariedad extrema y las jornadas interminables actúan como detonantes de una oleada de ansiedad, estrés crónico y cuadros depresivos. La inestabilidad inherente a los contratos temporales y la falta de perspectivas agravan la tensión emocional, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes. En el tramo de edad de 16 a 25 años, las bajas por motivos psicológicos o neurológicos se han disparado un 88% desde 2019, y no dejan de crecer en los tramos de 26 a 35 y en los mayores de 55. Mientras tanto, las mujeres representan seis de cada diez incapacidades por salud mental, reflejo de la doble carga que soportan al combinar presiones laborales con responsabilidades familiares y comunitarias.
El coste de esta epidemia se deja sentir en las arcas públicas y en la productividad de las empresas. Comunidades como Cataluña, Castilla–La Mancha y Castilla y León lideran ese desembolso, aunque es en el noroeste peninsular donde la ratio de bajas por cada cien trabajadores alcanza su punto más alto. Y, sin embargo, los sindicatos denuncian que las cifras oficiales subestiman la verdadera magnitud del problema, ya que muchos afectados no denuncian la raíz laboral de su patología por miedo a represalias o a perder su empleo.
La atención primaria se ha convertido en el primer frente de batalla contra este mal invisible. Los médicos de familia, cada vez más formados en salud mental, atienden diariamente llamadas de auxilio emocional, pero también denuncian la presión recibida para acortar bajas y cerrar expedientes con celeridad. Según han señalado fuentes consultadas por Diario16+, se han dado casos en que la inspección médica ha llegado presuntamente a amenazar con forzar altas sin valorar la evolución de los enfermos.
En el plano normativo, España arrastra un desfase preocupante. La Organización Internacional del Trabajo reconoció en 2010 los trastornos mentales como enfermedades profesionales, pero aquí continúan considerándose “comunes”, desconectadas del entorno laboral. Un informe del Ministerio de Trabajo de 2023 estableció la relación directa entre las condiciones de empleo (horarios abusivos, acoso, inseguridad contractual) y el incremento de los problemas psicológicos, pero no se han traducido en cambios legales ni en protocolos específicos de prevención y protección. Así, el trabajador afectado se encuentra en un limbo: padece ansiedad o depresión fruto de su empleo, pero no recibe el reconocimiento que facilitaría un tratamiento adecuado y una adaptación de sus condiciones.
Para revertir esta tendencia, especialistas en salud laboral subrayan que solo un marco jurídico que equipare los trastornos mentales a las lesiones musculoesqueléticas por su vinculación al puesto de trabajo garantizará bajas médicas adecuadas sin presiones para altas prematuras. Además, insisten en la necesidad de reforzar los recursos en atención primaria y los servicios de salud mental ocupacional, dotándolos de personal y tiempo suficiente para prestar atención integral, y de fomentar en las empresas una cultura de bienestar que incluya formación en gestión del estrés, espacios de acompañamiento psicológico y protocolos de detección temprana del síndrome del trabajador quemado.
Millones de trabajadores españoles siguen atrapados en jornadas destructivas, sin protección ni amparo. Si el gobierno quiere evitar que las enfermedades mentales derivadas de la explotación laboral se conviertan en una carga imparable, deberá reconocerlas como lo que son: consecuencias directas de un modelo de empleo que confunde productividad con explotación y olvida que tras cada nómina hay un ser humano que tiene derechos.