La teoría política afirma que una democracia sana debe contar en su poder legislativo un ramillete muy amplio de opciones políticas. Esta es la teoría que, por cierto, nunca ha funcionado en ningún país del mundo. Sin embargo, la situación es aún más grave en un lugar como es España, donde la política está infectada de sectarismo, analfabetismo, síndromes de Hubris, incultura, egos, dogmatismo y el cargo político como objetivo personal y no como un elemento de servicio al pueblo. Esto último se da, sobre todo, porque en la Transición se generó un sistema en el que la rendición de cuentas es una utopía porque los políticos no tienen que enfrentarse cara a cara a los ciudadanos como sí sucede en otros países en Europa y Norteamérica.
El mundo teórico es siempre hermoso y se construyen realidades de escenarios que son imposibles. Eso es lo que sucede en España con la atomización parlamentaria que está haciendo más daño que beneficio. Tras la crisis de 2008, que demostró la incapacidad de la socialdemocracia y la rapacidad del centro derecha, la ciudadanía reclamaba más fuerzas políticas en el Parlamento. Era una buena idea, como lo es la teoría de cuerdas, pero su implementación está siendo un desastre para el pueblo porque el poder legislativo está prácticamente paralizado, hecho que se agudiza con un ejecutivo absolutamente incapacitado que sólo avanza tirando de chequera para comprar votos.
Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, España ha sufrido varias catástrofes de importantes proporciones: varias inundaciones en distintas partes de España, una erupción volcánica en La Palma, una pandemia que obligó a parar el país, un apagón total y, ahora, los peores incendios en muchas décadas. No es que Sánchez esté siendo poseído por el espíritu de Quiricocho, pero ya empieza a asustar, porque la baraka personal tiene retorno en desgracias para el pueblo. Es, precisamente, en esas catástrofes en las que se les han visto las costuras a un Estado del Bienestar que no está respondiendo y, sobre todo, que no puede avanzar por la parálisis parlamentaria.
En la actual ola de incendios los bomberos profesionales han advertido de que el bloqueo político de la Ley Marco de Coordinación, pendiente desde 2018, es uno de los grandes factores de vulnerabilidad del sistema. Esta norma, que llegó a formar parte del programa del actual Gobierno, permitiría mejorar la operatividad de los más de 20.000 efectivos que trabajan en emergencias de protección civil y medioambientales. El inmovilismo político está impidiendo que España cuente con una herramienta clave para hacer frente no solo a los incendios forestales, sino también a cualquier catástrofe climática que requiera respuestas rápidas y coordinadas.
Atomización y deterioro de los servicios públicos
La creciente fragmentación del Congreso de los Diputados ha convertido la gobernabilidad en España en un ejercicio de equilibrio permanente, con consecuencias directas para la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos. La atomización parlamentaria ha transformado el debate político en una negociación continua en la que las políticas públicas quedan atrapadas en la aritmética de los escaños.
Lejos de garantizar pluralismo efectivo, la fragmentación actual ha multiplicado los vetos cruzados. Cada iniciativa de calado en sanidad, educación, dependencia o infraestructuras requiere pactos frágiles y parciales, donde el interés general compite con las exigencias territoriales o sectoriales de partidos minoritarios.
En la práctica, los grandes acuerdos de Estado se diluyen en concesiones coyunturales, a menudo desvinculadas de la mejora de los servicios públicos. Como consecuencia, los ciudadanos perciben leyes grandilocuentes que rara vez se traducen en mejoras tangibles.
Uno de los ejemplos más claros es el sistema de financiación autonómica. En manos de un Congreso fragmentado, la reforma necesaria para equilibrar los recursos entre comunidades autónomas lleva más de una década bloqueada. Esta falta de actualización del modelo ha generado desigualdades crecientes en servicios básicos como sanidad y educación, donde el acceso y la calidad dependen en exceso del código postal del ciudadano.
Sanidad: listas de espera y falta de personal
La atomización también ha afectado a la gestión sanitaria. Las promesas de reforzar plantillas, mejorar la atención primaria o reducir listas de espera han quedado relegadas ante la imposibilidad de aprobar presupuestos con estabilidad. El resultado: hospitales saturados, profesionales desmotivados y ciudadanos que deben esperar meses para una operación o atención especializada.
Mientras tanto, el debate político se centra en cuestiones identitarias o en la negociación de transferencias competenciales, desplazando del centro de la agenda los problemas reales del sistema.
Educación: reformas efímeras y sin consenso
El sistema educativo es otro campo de batalla de la fragmentación. Cada gobierno intenta aprobar su propia ley de educación, sin lograr el consenso mínimo que dé estabilidad a una política esencial para el futuro del país. La falta de un pacto de Estado duradero ha provocado que en las aulas convivan proyectos inconexos, currículos en disputa y una creciente desigualdad entre comunidades.
Infraestructuras y vivienda: proyectos eternamente pendientes
La atomización parlamentaria también bloquea inversiones estratégicas. La aprobación de presupuestos generales se convierte en un mercado de concesiones donde proyectos de infraestructuras dependen más de la aritmética del Congreso que de las necesidades reales de cohesión territorial. En vivienda, las medidas se quedan en anuncios sin desarrollo real, con un impacto nulo en la reducción de precios o en el acceso de los jóvenes.
Ciudadanía cansada de la cháchara política
El resultado de esta dinámica es un desgaste profundo en la confianza ciudadana. Las encuestas muestran una creciente percepción de que los políticos están más preocupados por mantener equilibrios parlamentarios que por resolver los problemas cotidianos de la gente. La fragmentación, en lugar de fortalecer la democracia, amenaza con vaciarla de eficacia y credibilidad.