Tal y como analizamos en este Ágora, las políticas económicas de la extrema derecha y de los ultraliberales generan más problemas que beneficios para las clases medias y trabajadoras. Los hechos y los datos lo demuestran. El resto, es manipulación o la presentación de un discurso sectario que focaliza en la teoría economicista lo que la realidad se encarga de desmentir.
Isabel Díaz Ayuso, Donald Trump y Javier Milei son el mejor ejemplo de esta situación al señalar que implantan este tipo de medidas económicas para, en teoría, estimular un supuesto crecimiento económico. En muchas ocasiones lo logran, pero sólo desde un punto de vista macroeconómico que sólo beneficia a las élites empresariales y financieras. Sin embargo, estas medidas tienen efectos muy adversos en el ámbito social, particularmente en el incremento de la pobreza y la desigualdad.
Política fiscal, el paraíso de los ricos
Las bajadas de impuestos que promueven tanto Ayuso como Trump y Miley se implementan con el argumento de que así se aumentará el consumo y la inversión, con la expectativa de que una mayor liquidez en manos de las empresas y los ciudadanos generará un crecimiento económico sostenido. No obstante, la teoría económica y la evidencia empírica sugieren que los beneficios de estas políticas no se distribuyen equitativamente.
Las reducciones impositivas benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, pues estos son los principales contribuyentes fiscales. Mientras que las clases más adineradas pueden aumentar su ahorro y consumo, las clases medias y trabajadoras no experimentan beneficios significativos, perpetuando la desigualdad económica. Además, la falta de ingresos fiscales lleva a desequilibrios presupuestarios con los que tanto Trump como Ayuso y Milei justifican recortes en el gasto público.
Las consecuencias son devastadoras para las familias más vulnerables. Una menor recaudación fiscal limita la capacidad del Estado para financiar programas sociales esenciales. Sin un apoyo adecuado en términos de educación, salud y vivienda, los sectores más desfavorecidos no solo no mejoran sus condiciones, sino que la situación de exclusión se acentúa aún más.
Recortes de gasto
Los ultraliberales justifican sus políticas de austeridad en el gasto público por cuestiones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit. En cambio, estas medidas suelen tener impactos sociales muy negativos, especialmente cuando afectan áreas críticas como la educación, la salud y la seguridad social.
El recorte del gasto público tiende a debilitar el estado de bienestar, ya que reduce la capacidad de los países para proporcionar servicios esenciales a la ciudadanía. La educación y la salud, derechos humanos y pilares fundamentales para el desarrollo humano y la movilidad social, son frecuentemente las más afectadas. Los recortes a estos sectores pueden resultar en una menor calidad de vida y en oportunidades limitadas para las generaciones futuras.
Cuando el gasto público se reduce, los programas de asistencia social también son recortados, tal y como se muestra en la agenda de Donald Trump. Esto deja a las personas en situación de pobreza sin las herramientas necesarias para salir de su condición. La falta de acceso a servicios básicos y a redes de apoyo incrementa la vulnerabilidad de estas personas, agravando las disparidades socioeconómicas.
Gasolina para la pobreza
Las medidas económicas de Ayuso, Milei y Trump crean un entorno en el que los más ricos se benefician mientras que los más pobres pagan la factura y sufren las consecuencias. Este desequilibrio resulta en un crecimiento de la pobreza, que tiene efectos de largo alcance en la sociedad.
Además, se alimenta un ciclo vicioso que es difícil de romper. Las personas que viven en pobreza tienen menos acceso a educación y atención médica, lo que limita sus oportunidades laborales y perpetúa su situación de vulnerabilidad. Este ciclo intergeneracional de pobreza requiere intervenciones coordinadas y persistentes para ser abordado eficazmente.
Una sociedad con altos niveles de pobreza y desigualdad es una sociedad fragmentada. La falta de cohesión social puede llevar a tensiones y conflictos que afectan la estabilidad y el desarrollo económico a largo plazo. Además, la pobreza generalizada erosiona la confianza en las instituciones y en el sistema democrático, cosa que aprovechan estos populistas para ganar el poder.