Desde que se firmaron los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes que permitieron su investidura ha habido un término que copa la actualidad y los titulares: «lawfare».
Este término anglosajón también podría ser conocido como guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial. En sí mismo, el lawfare es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
La realidad es que la Justicia española se encuentra en un constante lawfare. Ahora, con los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno, el término ha cogido actualidad.
El Partido Socialista, Sumar y el propio Sánchez han pasado de negar el lawfare a afirmar de manera insistente que ha existido. Podemos, incluso, ha presentado una demanda por este asunto. El secretario general del PSOE señaló en una entrevista en la Cadena Ser que el Partido Popular incurre en prácticas de lawfare al no llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Sólo unos días antes, el propio Pedro Sánchez, durante una entrevista en RTVE en la que quedó retratado por sus «cambios de opinión», aseguró que en España se habían dado casos de lawfare, poniendo como ejemplo el uso de la Policía por parte del PP en el caso Kitchen para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas judiciales que afectaban al PP.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en eldiario.es, afirmó que el lawfare era como las meigas, «uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas. Casos de lawfare sin duda hay en este país. Negarlo es un gesto de cinismo. Creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España por los hay, los ha habido y están demostrados».
Sin embargo, existe otro sistema de lawfare del que ni Sánchez ni el Partido Popular quieren hablar y es absolutamente dañino para los ciudadanos. No se trata de cuestiones políticas o de posicionamientos ideológicos en determinadas instrucciones o sentencias. Se trata de la impunidad que desde los tribunales españoles se da a las grandes empresas de este país, sobre todo a los bancos.
Para entender esta situación no hay más que hacer un análisis de sentencias que están disponibles en la base de datos del Consejo del Poder Judicial (CENDOJ) y comprobar que en España existen juzgados donde todos los casos relacionados con Banco Santander son archivados de manera sistemática. El 100%, incluso con causas en las que a un matrimonio de jornaleros, analfabetos, se les colocaron productos de alto riesgo y la jueza determinó que esos trabajadores del campo, sin ningún tipo de cultura ni, por supuesto, conocimientos del mercado, entraban dentro del perfil de inversor medio.
Los abogados especializados en cláusulas abusivas de las grandes empresas son conscientes de que parten de una posición de debilidad cuando se enfrentan, según sus palabras, a grandes «bancos, energéticas y aseguradoras» porque hay multitud de jueces que hacen interpretaciones diferentes de la ley dependiendo de quién sea el demandado o el querellado.
No es inhabitual que las instrucciones de causas contra esas grandes empresas se alarguen más de lo debido. Tampoco es extraño que no se tengan en cuenta o se obvien las pruebas presentadas o los informes periciales, como últimamente está sucediendo de manera recurrente en casos relacionados con cláusulas abusivas en hipotecas.
Tampoco es extraño que los jueces se nieguen a adoptar decisiones, a solicitar pruebas o a investigar determinados elementos de una causa determinada porque eso afectaría a «intereses superiores» a los que no se quiere «molestar».
Lo peor es que, a medida que se sube de instancia, las influencias son mayores y, en consecuencia, es prácticamente imposible que una demanda o querella interpuesta por un ciudadano contra estos grandes intereses termine en condena. Eso sí, salvo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga lo contrario.
En estos casos, como sucedió con las cláusulas suelo, por ejemplo, los jueces españoles intentan por todos los medios aplicar doctrinas que pretenden eludir la obligación de cumplir con la jurisprudencia europea. Así lo expresó a la perfección el abogado José María Erausquin en una entrevista concedida a Diario16, donde contó lo que le transmitieron en Luxemburgo sobre la situación judicial en España.
«En la Gran Sala del TJUE, donde se concentraba mucha gente relacionada con el TJUE y con la Comisión Europea, en esos momentos previos de tensión a la espera de que se inicie la vista, nerviosos, comenté que por fin se acababa este asunto, que para bien o para mal ya finalizaba, y que fuera lo que Dios quisiera, pero que acabara de una vez. ¿Qué te crees que nos dijo una de las personas allí presentes? ‘Amigo, las cosas de España no se acaban nunca. Esto necesita tiempo porque irá, volverá, irá, volverá’. Esta persona nos recordó que los jueces españoles no acostumbran a aplicar directamente las resoluciones del TJUE, que esperan a que el Tribunal Supremo les diga cómo tienen que hacerlo, y que como siempre hay algún juez díscolo que no acepta esa interpretación y eleva nueva cuestión con dudas, el tema va y viene hasta el aburrimiento. Y ahora te sientas a pensar y te das cuenta de que es verdad, que con la cláusula suelo, con el vencimiento anticipado, y con la comisión de apertura ha ocurrido lo mismo», afirmó Erausquin.
Eso sucedió en febrero del año 2019. La cosa no ha cambiado mucho, tal y como se puede comprobar con la durísima problemática del IRPH donde, tanto el Supremo como las Audiencias Provinciales, se han declarado en rebeldía en varias ocasiones, generando una doctrina absolutamente opuesta a lo que indicaban las decisiones de Europa.
A Pedro Sánchez ese lawfare no le interesa eliminarlo, como no le ha interesado ni a Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Es más, cuando los litigios de los ciudadanos contra las grandes empresas españolas llegan a Europa, todos y cada uno de los presidentes han utilizado recursos públicos para defender los intereses corporativos de bancos, energéticas, constructoras y aseguradoras. La Abogacía del Estado ha servido de complemento para los carísimos despachos de abogados con los que cuentan estas grandes compañías porque, evidentemente, esos bufetes no tienen tantas influencias ni capacidad de acceso con los jueces del TJUE.
La Abogacía del Estado ha llegado, incluso, a defender la licitud de vulnerar los derechos fundamentales en aras de la defensa del «interés general» o de sectores clave para el Estado.
Ahora se habla de que se está vulnerando la separación de poderes como si fuese algo nuevo cuando, en realidad, no lo es. España, con la situación deplorable de la Justicia, no puede ser jamás un Estado de Derecho completo.
Sánchez no actuará contra esto cuando, en esencia, debería ser su primera prioridad. No hay más que ver cómo han reaccionado los jueces cuando ha existido la amenaza de que podrían ser auditados o inspeccionados, una reacción que esconde algo mucho más preocupante: no quieren que se les controle, no vaya a ser que a alguien se le ocurra que hay que empezar a hacer justicia justa.