Casi medio siglo después de la aprobación de la Constitución de 1978, el modelo autonómico sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en la política española. Lo que en su origen fue diseñado como un equilibrio entre la unidad del Estado y la diversidad territorial se ha convertido en un arma arrojadiza entre los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, que lo utilizan para movilizar a sus bases, desgastar al adversario y marcar perfil ideológico.
El Partido Socialista ha defendido históricamente la descentralización como garantía de reconocimiento de la pluralidad de España. Bajo gobiernos socialistas se impulsaron estatutos de autonomía de segunda generación, como el de Cataluña en 2006, y se consolidó el papel de las comunidades como motores de políticas sociales, especialmente en sanidad y educación.
Pedro Sánchez ha convertido la relación con las autonomías en una pieza clave de su estrategia. En el último año, los socialistas han buscado apoyos en gobiernos autonómicos nacionalistas e independentistas, desde Cataluña hasta el País Vasco, para sostener la legislatura. Esa apuesta ha permitido acuerdos de gobernabilidad en Madrid, pero ha alimentado el discurso del PP sobre las enormes concesiones de Sánchez a los independentistas.
El Partido Popular, por su parte, ha convertido la defensa de la “igualdad de todos los españoles” en su bandera frente al PSOE de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo acusa al líder socialista de romper la cohesión nacional con pactos que, a su juicio, privilegian a comunidades gobernadas por las fuerzas soberanistas que le dieron la Presidencia del Gobierno en 2023. La aprobación de la amnistía para los implicados en el procés catalán y las cesiones fiscales a Cataluña han sido utilizados por el PP como prueba de que el Gobierno sanchista somete la unidad de España a sus intereses de supervivencia política.
A su vez, los populares han usado sus gobiernos autonómicos como plataforma para confrontar con La Moncloa. Presidentas como Isabel Díaz Ayuso en Madrid o María Guardiola en Extremadura han denunciado el “trato de favor” del Gobierno central a otras regiones, reforzando la idea de un sanchismo que privilegia territorios a cambio de votos en el Congreso.
Autonomías como laboratorio de poder
El choque entre ambos partidos no se limita a lo simbólico. La financiación autonómica, pendiente de una reforma desde hace una década, se ha convertido en una herramienta de presión política. Mientras el PSOE promete abrir el debate, el PP acusa al Gobierno de retrasarlo para evitar costes electorales y de actuar de manera bilateral con Cataluña y País Vasco en lugar de buscar un consenso nacional.
En paralelo, los gobiernos autonómicos se han convertido en laboratorios de políticas opuestas: bajadas de impuestos en comunidades populares frente a programas de gasto social en regiones socialistas. Ese contraste se utiliza en clave electoral como escaparate de los modelos de país que PP y PSOE pretenden ofrecer.
Modelo sin consenso
Expertos en derecho constitucional consultados coinciden en que el estado autonómico atraviesa una crisis de legitimidad. La ausencia de un gran pacto entre los dos principales partidos para reformar el sistema de financiación o clarificar competencias ha dejado espacio para que los independentismos lo exploten en favor de sus causas.
PP y PSOE han pasado de ser arquitectos del modelo autonómico a ser sus principales usuarios políticos. Lo utilizan, no para reforzarlo, sino para marcar distancias entre sí y alimentar la polarización.
Con las elecciones autonómicas y generales siempre a la vista, el estado de las autonomías seguirá siendo un terreno de disputa. Para el PSOE, es una vía para articular mayorías en el Congreso con aliados territoriales. Para el PP, un argumento de oposición en defensa de la unidad nacional.
Mientras tanto, el modelo continúa sin reformas de calado y con un creciente desgaste en la opinión pública, donde se mezcla la percepción de desigualdad territorial con la sensación de que el debate autonómico se ha convertido en un campo de batalla más en la confrontación entre socialistas y populares.
Las autonomías, el ariete contra Moncloa
Desde que en 2023 logró consolidar una amplia red de gobiernos autonómicos, el PP ha convertido el poder territorial en su principal herramienta de oposición. Con 11 comunidades bajo su control, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha desplegado una estrategia coordinada para proyectar la imagen de un supuesto “país real” enfrentado a las políticas del Ejecutivo central. Es decir, el mismo argumentario que Donald Trump.
Presidentes autonómicos populares, con Isabel Díaz Ayuso como rostro más mediático, han convertido sus comparecencias en continuos duelos con La Moncloa. Las críticas van desde la gestión económica hasta la política exterior, pero se concentran en dos frentes: la financiación autonómica y las concesiones al independentismo catalán.
Ayuso, que ya en 2021 planteó Madrid como “la alternativa al sanchismo”, ha intensificado sus denuncias de “trato de favor” a Cataluña tras los pactos de investidura con Junts. A veces en sintonía con el aparato nacional del PP, a veces absolutamente por libre, acusa al Gobierno de poner en riesgo la igualdad entre comunidades. “Pedro Sánchez gobierna para sus socios, no para todos los españoles”, repite como lema político.
Otros barones populares, como Juanma Moreno en Andalucía o Alfonso Rueda en Galicia, utilizan un tono más institucional, pero también reclaman “equidad” en la distribución de recursos. Esta táctica tiene un doble objetivo: erosionar la credibilidad de Sánchez como garante de la cohesión territorial y reforzar la legitimidad de los presidentes autonómicos populares como referentes de estabilidad.
En paralelo, el PP ha articulado alianzas entre comunidades gobernadas por el partido para marcar agenda frente al Gobierno central. Conferencias autonómicas propias, reuniones bilaterales y declaraciones conjuntas buscan proyectar un bloque de poder territorial capaz de rivalizar con el Ejecutivo. Esta estrategia recuerda, en parte, a la utilizada por José María Aznar en los años noventa, cuando los presidentes autonómicos del PP funcionaban como plataforma de oposición a Felipe González.
La utilización del poder autonómico tiene, además, un marcado componente electoral. Consciente de que Pedro Sánchez depende de una mayoría parlamentaria extremadamente frágil, el PP busca exhibir la fortaleza territorial como un contraste con lo que define como la “debilidad institucional” del Gobierno. La narrativa es clara: mientras Sánchez se apoya en fuerzas minoritarias y pactos controvertidos, el PP gobierna en la mayoría de las comunidades, con el respaldo directo de los ciudadanos.
Para el PSOE, se trata de un pulso arriesgado que desnaturaliza el papel de las autonomías. Para el PP, en cambio, es una forma de capitalizar el desgaste del Gobierno y presentarse como alternativa de poder no solo en Madrid, sino en todo el territorio.
Incendios: la factura de la guerra territorial
El verano de 2025 ha dejado imágenes devastadoras: incendios forestales en Castilla y León, Madrid, Extremadura, Galicia y Andalucía arrasando decenas de miles de hectáreas y olas de calor que han puesto al límite las infraestructuras sanitarias de varias comunidades. Sin embargo, la emergencia climática no ha generado una política de Estado, sino una nueva arma en la guerra territorial entre PP y PSOE.
Las comunidades gobernadas por el PP han acusado al Ejecutivo central de “abandono” y de responder con lentitud en la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, denunció que Moncloa “actúa con cálculo político” en la gestión de catástrofes, mientras Juanma Moreno en Andalucía reclamó un fondo extraordinario que, en su opinión, “no llega porque Sánchez prioriza a sus socios independentistas”.
Desde el Gobierno, los socialistas responden con cifras: inversión récord en prevención y ayudas rápidas a agricultores y ganaderos. Pero también devuelven la crítica: señalan que comunidades populares han recortado partidas para prevención de incendios o rechazado coordinarse en planes nacionales de protección civil, utilizando la gestión de catástrofes como escaparate de oposición.
La falta de cooperación institucional se traduce en consecuencias dramáticas. Bomberos autonómicos denuncian descoordinación en los operativos; ONG medioambientales advierten que la rivalidad política está retrasando proyectos de reforestación y prevención; y alcaldes de pequeños municipios lamentan que la respuesta a emergencias “se mide más por el color político que por la urgencia de la tragedia”.
Los incendios de 2025 han puesto de relieve cómo la pugna entre PSOE y PP por el relato autonómico puede tener efectos devastadores en la vida cotidiana de los ciudadanos. El modelo autonómico, en lugar de ser un marco de cooperación frente a emergencias globales como el cambio climático, se convierte en un campo de batalla. Y son los habitantes de las zonas más afectadas quienes pagan el precio más alto.
Las catástrofes naturales son el espejo más cruel de esta guerra política. Mientras los partidos convierten la gestión en un arma, el país arde, literalmente, sin un plan común.