La declaración de la Casa de Correos de Madrid, sita en la Puerta del Sol y sede de la Presidencia de la Comunidad, ha generado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el de Pedro Sánchez. Sin embargo, sorprende que una parte de la argumentación de la CAM sea exactamente la misma que la que utilizan en Moncloa para defender su política hacia el independentismo catalán y la Ley de Amnistía.
Los argumentos esgrimidos por la administración regional se centran principalmente en cuestionar la legitimidad y el impacto de la declaración como espacio de Memoria de la Casa de Correos, así como en defender la necesidad de preservar la unidad y la reconciliación nacional.
Para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la medida del Ejecutivo central es una instrumentalización política de la historia, con el objetivo de reabrir viejas heridas y enfrentar a los españoles. Afirman, además, que se fomentará la división social y la confrontación entre los ciudadanos, en lugar de promover la reconciliación y la convivencia.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid denuncia una intromisión en sus competencias y una menoscabo de su autonomía, además de señalar que la declaración no cuenta con el consenso necesario entre los ciudadanos madrileños y que, por tanto, no refleja la voluntad de la mayoría.
Sin embargo, Ayuso olvida un elemento fundamental de los países que han pasado por etapas de represión, tortura y dictadura: el objetivo de reconocer y preservar los lugares de memoria es fundamental para comprender el pasado y construir un futuro más justo y democrático. A esto se añade el hecho indiscutible de que la memoria histórica no busca dividir, sino más bien reconocer y reparar las injusticias del pasado. La negación o el olvido de los hechos históricos no conducen a la reconciliación, sino a la perpetuación de las heridas.
La defensa de la autonomía regional por parte del gobierno de Ayuso es legítima, pero no debe ser un obstáculo para el reconocimiento de los derechos humanos y la memoria democrática. La Ley de Memoria Democrática busca garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo. Uno de los elementos sobre los que se cimenta la democracia es la protección de los derechos de las minorías. La memoria histórica es un derecho colectivo que debe ser reconocido, incluso si no cuenta con el apoyo de la mayoría.
Además, la imagen de una ciudad no se construye ocultando su pasado, sino asumiéndolo con responsabilidad y transparencia. La memoria histórica es parte de la identidad de un pueblo y debe ser valorada como tal.
Lo que olvida el gobierno de Ayuso, al colocar la polémica en lo ideológico, son las personas que fueron torturadas en las dependencias de la Casa de Correos, que durante el franquismo era la sede central de la Dirección General de Seguridad (DGS). Julián Grimau fue ejecutado en 1963 tras ser torturado en la Puerta del Sol. El dirigente socialista Tomás Centeno murió en extrañas circunstancias en la DGS. El escritor británico Stuart Christie también fue torturado en la Casa de Correos, lo mismo que el director de cine Juan Antonio Bardem.
El periodista Paco Lobatón contó a Diario16+ cómo él mismo fue torturado en la DGS tras ser detenido e interrogado por Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, además de explicar otros casos.
Pero las torturas en la DGS continuaron tras la muerte de Franco. Santiago Carrillo fue detenido en Madrid en diciembre de 1976, cuando Adolfo Suárez ya era presidente del Gobierno. Fue trasladado a la DGS y allí le sometieron a tortura psicológica. Le desnudaron, le humillaron, le amenazaron constantemente con aplicarle la «ley de fugas». La situación era tan peligrosa que hasta se llegó a temer por la vida del dirigente del PCE que, posteriormente, fue clave en la Transición que tanto pondera Isabel Díaz Ayuso. Esto no es una reinterpretación ideológica de la historia. Son hechos que se produjeron en las dependencias de la DGS.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es la correcta y es lo más digno que se puede hacer desde el punto de vista de reparación, aunque sea moral, de las víctimas del franquismo. En ese edificio se perpetraron delitos de lesa humanidad y eso no se puede dejar pasar, por más que hayan pasado los años. Como se ha dicho anteriormente, no se trata de reabrir heridas, sino de cerrar las que no han cauterizado.
Sin embargo, lo que sorprende de toda esta polémica, de este nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Ayuso contra el de Pedro Sánchez es que la presidenta regional está «comprando» los mismos argumentos con los que el presidente del Gobierno defiende su política hacia Cataluña.
Para ello, Sánchez afirmó que «la sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante». Es decir, exactamente lo mismo que señala Ayuso para defender su oposición a la memoria histórica.