Los órganos judiciales de la Unión Europea han demostrado a través de sentencias y autos absolutamente demoledores que España está incumpliendo con la legislación europea respecto a la situación de los interinos, trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad.
Uno de los principios de la Unión Europea que España incumple de manera recurrente. España ha firmado todos los tratados y convenciones de la UE pero, en la realidad, los incumple sistemáticamente cuando afectan a los intereses de las élites políticas, empresariales, financieras y económicas.
Para que quede claro, el principio de primacía (también denominado de «prevalencia» o «supremacía») del Derecho de la Unión Europea se basa en la idea de que, cuando se produzca un conflicto entre algún aspecto con el derecho interno de un Estado miembro, prevalecerá el Derecho de la Unión.
De no ser así, los Estados miembros podrían simplemente dejar que su Derecho interno tuviese prevalencia sobre el Derecho primario o derivado de la UE, lo que haría inviable la consecución de la política de la UE. Eso es lo que está ocurriendo en España.
El principio de primacía se ha desarrollado con el paso del tiempo a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En el año 2024, el TJUE ha dictado dos sentencias sobre la problemática de los interinos que dejaban muy poco ámbito para la malinterpretación que el Tribunal Supremo español hace de las decisiones que se adoptan en Luxemburgo. Aún así, el Estado español continúa declarándose insumiso, lo mismo que sucede con, por ejemplo, los cientos de miles de causas relacionadas con las cláusulas abusivas de la banca.
La Comisión Europea, además de las sentencias del TJUE, ha recibido diferentes denuncias contra el Estado español por la no trasposición de la Directiva 1999/70, contra el Tribunal Supremo por validar leyes que la UE no considera ajustadas al Derecho de la Unión.
Por otro lado, la Comisión ha recibido escritos de apremio para la ejecución contra España de una sanción comunitaria por incumplimiento. El órgano europeo retrasó esta decisión en espera de las sentencias del TJUE del mes de febrero y de junio de 2024. Ahora, que ya están dictadas y con unas conclusiones que favorecen a los trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad, la Comisión debe activar de inmediato la sanción contra España.
«Una vez han sido publicadas dichas sentencias, en las que el TJUE reconoce que las medidas adoptadas por España, con nuevos procesos a los trabajadores abusados que ya superaron un proceso selectivo, del tipo que fuese, y en condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, para entrar a trabajar en la administración pública y la Ley 20/21 que ampara dichos procesos en desigualdad de condiciones con aspirantes que no sufren situación de abuso, NO se ajustan a la Normativa Europea. Que ante la ausencia de medidas sancionadoras en la legislación española, que eviten que se den situaciones de abuso y por lo que la justicia española está dejando, no sólo en total desamparo, sino con ensañamiento contra las víctimas del abuso del Estado Español, la vía para acabar con dicho abuso y cumplir con la Directiva Europea sea la fijeza», ha señalado en un comunicado de prensa la asociación Empleados Públicos en Abuso (EPA).
La Justicia en España es uno de los mayores centros de injusticia del mundo. En este país nadie controla a los jueces que dictan sentencias en las que los verdaderos criminales salen impunes o que los denunciantes, las víctimas, sean tratados como culpables.
Por esa razón, los interinos se han visto obligados a acudir a los tribunales europeos para que les reconozcan que se encuentran en una situación ilegal de abuso, porque en España la justicia ya no es un derecho, sino un privilegio del que solo disfrutan determinadas élites.
Ante las últimas sentencias, que se suman a otras tantas que están siendo incumplidas sistemáticamente por los distintos gobiernos del PP y de Pedro Sánchez, la Comisión Europea no puede mantenerse quieta. Está obligada a imponer una sanción millonaria a España por incumplimiento, una decisión que vincule y obligue al Estado español a aplicar la fijeza a los trabajadores interinos, tal y como señalan las sentencias del TJUE.