El principal problema de la democracia española se encuentra en el sistema judicial. No se trata de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del lawfare o de la politización de los tribunales sino de que más de dos terceras partes de los ciudadanos desconfían de la Justicia porque se da por supuesta la existencia de un entramado de corrupción que favorece a las élites en contra del pueblo.
Desde un punto de vista maximalista, hay quien defiende que todo el poder judicial está corrompido, que todos los jueces y fiscales son corruptos. Esta afirmación es injusta, porque no es cierta. ¿Existe corrupción en los tribunales? Sí. ¿Se persigue con la misma intensidad que la corrupción política o entre particulares? Evidentemente, no, porque quienes tienen la obligación de ordenar investigaciones son compañeros de los investigados. Esa es la triste realidad que se acrecienta aún más a medida que se asciende de instancia.
Por esa razón, la prioridad para Pedro Sánchez y su gobierno, empezando por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es ordenar a la Fiscalía General del Estado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Agencia Tributaria el inicio de una macro investigación para determinar el patrimonio real de los jueces españoles, la existencia de sociedades o fundaciones de las que pudieran ser beneficiarios o partícipes tanto en España como en el extranjero, capital en cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias o fondos de inversión tanto nacionales como internacionales.
Esa investigación también debería ser extendida a sociedades patrimoniales que puedan tener tanto a nivel personal como de sus familiares más directos para, de este modo, detectar la presunta existencia de testaferros.
Pedro Sánchez debe tener en cuenta que no se trata de una injerencia en el poder judicial, sino una acción de certificación de la limpieza de unos funcionarios que son clave para el perfecto funcionamiento de un Estado democrático de derecho. A día de hoy, la mayoría de la ciudadanía tiene la percepción contraria, esto es, que todos los jueces son corruptos y eso debería ser intolerable para cualquier gobierno, sea de la ideología que sea. La Justicia es como la mujer del César, que no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo.
A través de redes sociales y canales de aplicaciones de mensajería circulan desde hace años una serie de informaciones en las que se dan cifras de dinero que determinados jueces, magistrados y fiscales presuntamente tendrían oculto en distintos países no colaborativos desde el punto de vista fiscal o con secreto bancario. El único modo para determinar si esa información es correcta o un bulo es que desde un juzgado o desde la administración tributaria se oficien comisiones rogatorias a las entidades financieras, cosa que, por defecto, se han opuesto a realizar.
Por su parte, las fuerzas policiales disponen de herramientas de inteligencia financiera para demostrar si esas informaciones son ciertas o son bulos y, sobre todo, el origen de esos supuestos patrimonios. Tampoco se ha hecho nada. En España los jueces son intocables y no están sujetos a ningún tipo de control.
Eso es lo que deben erradicar Pedro Sánchez, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, no sólo determinar la existencia de corrupción judicial, sino eliminar, a través de los resultados de la investigación, cualquier tipo de sospecha fulminando a todos aquellos jueces, magistrados o fiscales que presuntamente pudieran haberse corrompido.
No es asunto baladí. La Justicia no es un juego. No es normal lo que está sucediendo día a día en los juzgados cuando determinados actores de las élites empresariales, económicas, financieras o grandes fortunas entran en juego. Los abogados que defienden a los ciudadanos de los abusos de las élites te dicen que es muy complicado conseguir una sentencia favorable, por más que los hechos y las pruebas demuestran que una gran empresa, una gran entidad financiera o grandes familias entran en juego. Hay grabaciones del excomisario Villarejo en las que se señalan presuntos pagos a jueces y fiscales en determinadas causas que no han sido investigados.
La actualidad política ha provocado que se hable mucho de lawfare y se ha señalado con el dedo al magistrado Manuel García Castellón por sus decisiones en las instrucciones de casos de corrupción del Partido Popular o en las imputaciones por Tsunami Democratic. Sin embargo, hay juzgados de la Audiencia Nacional donde, por ejemplo, se han rechazado competencias en casos de estafa como Madoff o, directamente, se han archivado causas de blanqueo de capitales de Banco Santander a pesar de los informes periciales del Banco de España que demostraban que sí se había perpetrado ese delito. Estos dos ejemplos corresponden al juzgado de Santiago Juan Pedraz.
En España hay juzgados que tienen una eficacia total a la hora de archivar causas contra bancos, energéticas o aseguradoras. Hay audiencias provinciales y el propio Tribunal Supremo que se han declarado en rebeldía a la hora de aplicar la jurisprudencia europea respecto a las cláusulas abusivas de la banca. Esto no debería ser normal en un estado democrático y de derecho, salvo si es España.
Pedro Sánchez no estará en tierra firme si no actúa y tiene herramientas para hacerlo. No se tratará de una causa general contra nadie ni contra nada. Por supuesto, actuar desde el ejecutivo no provoca ninguna injerencia democrática en el poder judicial. Más bien al contrario, es el cumplimiento del juramento que hizo ante el Jefe del Estado. España no puede permitirse que su administración de Justicia imparta injusticias y que esas decisiones estén bajo la sospecha de la presunta presencia de prebendas.
Mahatma Gandhi dijo que «en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle». Señor Sánchez, aplíquese el cuento y actúe. España y su pueblo lo requieren y no se puede esperar ni un minuto más.