La situación de la Justicia en España es insostenible. Esto es algo que desde estas páginas se lleva denunciando desde hace muchos años. Pero a los políticos, sobre todo al PSOE, parecía resbalarle. Daba igual. Todo se circunscribía al eufemismo “hay que respetar las decisiones de los tribunales”. Bueno, ahora los jueces son los que están investigando actividades presuntamente delictivas relacionadas con el Partido Socialista o con el entorno más directo del presidente del Gobierno. Ahora se habla de jueces prevaricadores, jueces corruptos, jueces del fango o jueces fachas. Ahora, cuando lo que llevan sufriendo los ciudadanos les ha tocado a ellos.
Es decir, el análisis político de los que están en el poder se basa en actuar cuando les afecta. Modificar la ley de enjuiciamiento criminal, el acceso de los jueces, la responsabilidad de las instrucciones judiciales, todo ello se pretende hacer desde el sectarismo y, sobre todo, vulnerando principios constitucionales como el del derecho a la justicia al pretender prohibir la acción popular.
Sin embargo, hasta ahora, el PSOE de Pedro Sánchez tenía confianza en la Justicia y en las togas. Pero desde la izquierda y el sanchismo más sectario ya se habla de golpe de Estado, o de golpe de falsa bandera a lo que desde los estrados y desde las togas se lleva perpetrando contra la ciudadanía. A los que lo denunciábamos se nos llamaba, cuanto menos, exagerados. La realidad ha demostrado no sólo que teníamos razón, sino que nos habíamos quedado muy cortos en el hecho de que uno de los mayores peligros de la democracia española son los jueces.
El mejor ejemplo de que al PSOE y a Pedro Sánchez le importaba muy poco, o nada, la reforma integral de la Justicia se comprobó en el último debate de investidura. Independientemente de la rendición a las exigencias de las fuerzas soberanistas catalanas, el líder socialista no incluyó en su proyecto de gobierno mención alguna a la reforma radical de la Administración de Justicia que requiere la democracia española porque, precisamente, ese es uno de los puntos más débiles y que más daño está haciendo cada año a millones de ciudadanos.
A lo largo de esa investidura se habló mucho de los jueces, pero nada sobre la Justicia. El problema está en que nadie controla a los que tienen la responsabilidad de impartir justicia justa, pero que, según se puede comprobar en cientos de miles de sentencias o en decenas de miles de procedimientos, se hace en contra de lo que indica la Constitución.
Se habla de rebelión de los jueces por el asunto del Lawfare y los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts por los cuales habrá comisiones de investigación parlamentarias para determinar si hubo una injerencia política por parte de jueces, magistrados y fiscales. Ese es el momento en que se han unido asociaciones y organismos. La realidad es que no quieren que nadie les controle porque hay temor a que se empiece con la supuesta Lawfare y se termine con otros asuntos mucho más delicados.
La democracia española necesita una cantidad ingente de reformas muy profundas, no los parches de Bolaños. Se ha quedado anclada en los supuestos de la transición y precisa de una actualización inmediata. Sin embargo, la Justicia no pasó por el filtro y sigue manteniendo los mismos privilegios con los que se contaba en el siglo XIX. No se trata de la filiación política, de jueces fachas o rojos, de sicarios con toga. Se trata de que existe la percepción ciudadana de que España sufre una dictadura judicial por la indefensión constante a la que se enfrentan las personas, sobre todo cuando se enfrentan a determinados intereses políticos, económicos, empresariales o financieros.
En estas páginas hemos analizado durante años cómo la aplicación que se hace en España de la recusación de los jueces en los procedimientos judiciales viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución además de ser inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano. De esto no hablan ni el PSOE ni Pedro Sánchez.
En España hay jueces que tienen, según se demuestra en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 100% de efectividad a la hora de absolver o archivar causas contra determinadas empresas a pesar de que los hechos probados demostraban que miles de causas deberían haber terminado en condenas para esas grandes corporaciones. De eso tampoco hablan ni el PSOE ni Pedro Sánchez.
Por otro lado, está, directamente, el incumplimiento o la rebelión contra la jurisprudencia y la doctrina europea, que es prevalente sobre la española, que se perpetra de manera recurrente en determinadas audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo. Esto sucede, principalmente, en los casos en los que los ciudadanos plantean demandas contra las grandes empresas de determinados sectores. Estos comportamientos derivan en querellas por prevaricación contra los magistrados que firman esas sentencias, querellas que son archivadas por defecto y que conllevan represalias para los abogados que las interponen. De esto, ni el PSOE ni Pedro Sánchez dicen nada, sólo hablan de fangos y de conspiraciones.
El régimen de incompatibilidades de magistrados y jueces también es un asunto clave para reformar de manera radical. No es de recibo que sea legal que, por ejemplo, los jueces de lo mercantil cobren por asistir a cursos, seminarios, congresos, conferencias o mesas redondas organizadas por administradores concursales e, incluso, que promocionen establecimientos de hostelería pija en los que, presuntamente, podrían tener participación directa o indirecta. Tampoco es muy transparente que haya magistrados o jueces que impartan clases en universidades privadas cuyos máximos accionistas son las grandes empresas a las que luego tienen que juzgar. Esto genera un clima de legítima sospecha ciudadana porque se pone en tela de juicio la independencia y la imparcialidad. De esto, ni el PSOE ni Pedro Sánchez dicen nada, sólo jueces fachas y lawfare.
Ese clima de sospecha constante sobre la imparcialidad cuando instruyen y juzgan causas contra los grandes intereses económicos, empresariales y financieros exige que los patrimonios de los jueces sean inspeccionados y auditados a través de investigaciones independientes, patrimonio que esté ubicado tanto dentro como fuera de España. Un régimen exactamente igual al que se tienen que someter los parlamentarios o los cargos electos. La corrupción judicial existe, pero se desconoce en qué magnitud porque nunca se ha investigado a fondo. Una democracia no puede subsistir bajo un clima de sospecha constante en el que puedan existir elementos ocultos que dictaminen el resultado de una causa judicial. Las grabaciones del excomisario Villarejo revelarían que en España sí se podrían estar comprando jueces. Eso es intolerable, pero ni al PSOE ni a Pedro Sánchez les ha interesado jamás el tema. Es la omertá entre la toga y la corbata, el pacto de “caballeros” por el cual “tú no me tocas, yo no te toco”.
El presidente del Gobierno tampoco ha dedicado su tiempo respecto a las actividades de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado en contra de la ciudadanía. No es normal, como sucede en España, que los abogados más radicales en la defensa de los intereses de las grandes empresas, los bancos o las grandes familias sean los que pertenecen a un cuerpo obligado a defender al pueblo de los abusos de los poderosos. No es normal que la Abogacía del Estado afirme, como ha hecho en varias ocasiones en la Justicia Europea, que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados si no son una amenaza para el sistema financiero.
Los elementos enumerados son sólo una mínima parte de los gravísimos problemas que tiene la Justicia española. Hay muchos más y no es de extrañar que haya juristas, abogados y ciudadanos que, por ejemplo, califiquen a la Audiencia Nacional como «una casa de putas» porque las sentencias, diligencias y archivos a la carta dan pie para ello. No es normal en una democracia que una causa por blanqueo de capitales sea sobreseída existiendo pruebas e informes de los propios organismos públicos que demuestran que hubo ese lavado de dinero.
La Justicia es uno de los elementos que más influyen en el descrédito y la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones. Desde luego, el menor de los problemas es la politización o la ideología de los jueces. Hay otras muchas cosas que hacer porque, tal y como está el tercer poder, da la sensación de que una reforma profunda sería insuficiente y lo necesario sería una limpia radical y absoluta para poder hacer tabla rasa. Como se hizo con la amnistía que, precisamente ayer, fue calificada por la Comisión Europea como contraria al Derecho de la Unión.