Los políticos están al servicio de los ciudadanos y no al revés. Esta es una máxima que la clase política española ha olvidado desde hace mucho tiempo. En una democracia funcional, los representantes elegidos no gobiernan para sí mismos ni para sus partidos, sino para los ciudadanos que los eligieron. Sin embargo, la distancia entre la calle y los despachos oficiales se ha ensanchado peligrosamente porque los políticos han olvidado que su papel principal es dar respuesta efectiva a las necesidades, aspiraciones y derechos de la ciudadanía.
Lamentablemente, la realidad está plagada de ejemplos de lo contrario: se anteponen intereses particulares, partidistas o de los grandes poderes a las necesidades reales de los ciudadanos. Estas prácticas erosionan la democracia y refuerzan la convicción de que “la política es un oficio para enriquecerse o medrar”, no un servicio público, mantra que es utilizado por los movimientos de extrema derecha para crecer como lo están haciendo.
En el actual escenario político español, caracterizado por una profunda fragmentación, por una enorme crispación y el auge constante de la extrema derecha, la posibilidad de una gran coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) ha pasado de ser una mera especulación parlamentaria que alcanza ya el rango de debate estratégico de primer orden. Nadie en los dos grandes partidos parece dispuesto a barajar esta alianza de emergencia para preservar la estabilidad institucional y frenar el avance de Vox. No se lo plantean porque piensan que tendrá un elevado coste electoral o que sus líderes podrían ser calificados por sus bases de votantes como “traidores”. Sin embargo, esa es una máxima cimentada en argumentos pueriles más propios de impúberes que de personajes a los que se les exige una capacidad de análisis orientada hacia el bienestar ciudadano.
En España,desde las elecciones de junio de 2016, ninguno de los dos grandes partidos ha obtenido mayoría absoluta, lo que ha forzado la emergencia de gobiernos de coalición y mayorías parlamentarias débiles (en algunos casos antinaturales) que se sostienen gracias al chantaje y la extorsión.
Los propios sondeos oscilan en sus previsiones dependiendo de quién las hace. Según el último barómetro del CIS (mayo 2025), el PSOE lideraría la intención de voto con un 32%, mientras que el PP se sitúa en el 29,3%, y Vox alcanza el 13,7%. En cambio, la encuesta de Ipsos para La Vanguardia (25–21 mayo) otorga al PP un 34,4% frente al 30,4% del PSOE y un preocupante 14,1 % a Vox, lo que dibuja un escenario de polarización y atomización donde una alianza de centroizquierda y centroderecha se presenta como la única solución efectiva contra la ultraderecha. Esto no son elucubraciones, son matemáticas.
El crecimiento de Vox, alimentado por discursos populistas y gestos de radicalización, ha tensionado aún más el tablero político. La fragmentación a la izquierda del PSOE (con formaciones como Sumar (5,8 %) y Podemos (2,7 %)) no consigue vertebrar una respuesta sólida, mientras que el bloque de derechas, aun dividido, ostenta una capacidad creciente de movilización electoral. En este contexto, la gran coalición PSOE–PP emerge como un plan de contingencia para garantizar una mayoría parlamentaria estable y blindar determinados pilares democráticos frente a la presión extremista.
Mayor estabilidad parlamentaria
Una de las principales virtudes de la coalición PSOE–PP radica en la consolidación de un bloque mayoritario que supere el umbral de 176 escaños en el Congreso de los Diputados. De concretarse, esta alianza permitirá aprobar presupuestos sin depender de partidos más extremos, nacionalistas o independentistas, y dotará al Ejecutivo resultante de un horizonte legislativo claro y de largo plazo.
La gobernabilidad resultante facilitará, por ejemplo, la renegociación de objetivos de déficit, inversiones en infraestructuras y reformas sociales muy profundas y necesarias sin el freno de la inestabilidad política o las constantes cesiones a formaciones de corte radical.
Frente democrático contra el discurso populista
La extrema derecha se nutre de la desconfianza ciudadana hacia las élites y de la percepción de abandono social. Vox ha sabido capitalizar resentimientos económicos y culturales, y afianza su mensaje con hojas de ruta que chocan frontalmente con la Constitución y la Unión Europea. Una coalición PSOE–PP creará un bloque transversal que niegue legitimidad parlamentaria a propuestas discriminatorias, como la defensa de las expulsiones masivas o la supresión de autonomías, y fortalecer el papel de España en el marco comunitario.
Mediante la aprobación conjunta de leyes de educación, vivienda, reforma laboral efectiva, salud, lucha contra la desinformación y refuerzo de los organismos reguladores, esta alianza podría blindar el debate público frente a la retórica del odio y fomentar un clima político más centrado en prioridades reales: sanidad, empleo y vivienda. La cooperación de ambos partidos en comisiones de investigación o protocolos de integridad institucional desactivarán los bulos que alimentan a Vox y ofrecer a los ciudadanos una alternativa fiable y responsable.
Políticas sociales y económicas
Con una holgada mayoría, la gran coalición abrirá la puerta a reformas sociales de calado: desde una estrategia contra la pobreza infantil hasta una reforma fiscal que equilibre progresividad y competitividad. Asimismo, la alianza podría impulsar un Plan Nacional de Vivienda en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, atendiendo a las regiones más afectadas por la emergencia habitacional.
En el terreno económico, la coalición sumaría el músculo del PSOE en compromisos con la justicia social y el del PP en credenciales de estabilidad financiera, favoreciendo un relato de crecimiento inclusivo. La inversión en digitalización, transición ecológica y refuerzo del sistema de pensiones encontraría respaldo bipartito, reduciendo el riesgo de bandazos legislativos que desalientan a los inversores y al tejido empresarial.
Tensión interna y sacrificio de identidades políticas
La gran coalición supondría para PSOE y PP una renuncia a sus señas de identidad definitorias. Es cierto, pero ahora es lo necesario, la solución al escenario de precariedad ciudadana. Los socialistas tendrían que aceptar recortes o ralentizaciones en sus proyectos de gasto público, mientras que los populares verían limitada su agenda de reformas laborales y bajadas de impuestos. Estas concesiones inevitables podrían provocar desmovilización entre los electores más ideologizados y generar fricciones en ambos partidos. Sin embargo, un líder político que se digne a ser llamado así tiene que adoptar decisiones en favor del pueblo, no en base de cálculos electoralistas.
La experiencia comparada muestra que coaliciones ampliadas, cuando se prolongan en el tiempo, acaban erosionando la fidelidad partidista y elevan las expectativas ciudadanas hasta niveles difíciles de cumplir. El riesgo de desafección interna y ruptura de la disciplina de voto es alto, lo que podría desembocar en crisis de gobierno y adelanto electoral si fracasan las mediaciones internas.
Percepción de déficit democrático
Para gran parte de la ciudadanía, la gran coalición podría entenderse como un pacto de casta que margina a fuerzas minoritarias y resta pluralidad al hemiciclo. Esto, en sí mismo, es falso. Los partidos emergentes, nacionalistas e independentistas argumentarían que un Ejecutivo tan monolítico cercena la capacidad de control parlamentario y empobrece el debate político. Este argumento también es falso porque el control parlamentario no consiste en tumbar ni imponer leyes a través del chantaje, sino en generar escenarios de crítica constructiva y de mejora del texto a través de enmiendas.
La posible ausencia de una oposición fuerte en el Congreso podría recortar los mecanismos de rendición de cuentas y alimentar la desconfianza social hacia las instituciones. Ante esto, sería imprescindible reforzar órganos como el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas autonómica, así como transparentar los acuerdos de gobierno y abrir canales de participación ciudadana. Sin embargo, este desafío queda anulado en el momento en que se rompa el muro que separa el bienestar ciudadano del de las élites, que es lo que está sucediendo ahora.
¿Oportunidad histórica o arma de doble filo?
La gran coalición PSOE–PP se perfila como la alternativa más sólida para frenar el avance de la extrema derecha y consolidar un marco de gobernabilidad estable en un momento de creciente polarización. Su éxito dependerá, sin embargo, de la capacidad de ambos partidos para pactar un programa mínimo creíble, garantizar transparencia y mantener viva la participación ciudadana.
En última instancia, la viabilidad de esta gran coalición exigirá liderazgo y generosidad política: la disposición a ceder para el bien común y la urgencia de imponer la defensa de los derechos fundamentales por encima de los intereses partidistas. Solo así España podrá hacer frente al desafío que representa la extrema derecha y garantizar un futuro de progreso y cohesión para todos sus ciudadanos.
En un escenario como el actual nadie puede creer que un solo partido o un bloque ideológico monolítico van a frenar a la extrema derecha. La única solución es la democracia a través de una transversalidad ideológica y partidista con ausencia absoluta de egos. Habrá que ver si alguien es capaz de volver a la racionalidad y comprender que frente a los bárbaros sólo puede haber una estrategia de defensa: la unión.