Las causas judiciales que afectan al gobierno de Pedro Sánchez en cualquier otro país que no sea España ya habrían sido causa de dimisión porque los estándares éticos y de dignidad están mucho más altos que aquí.
Hay que partir de un punto fundamental: la presunción de inocencia. Sin embargo, ésta no se puede utilizar como arma para mantenerse en el poder o en el puesto hasta que haya una sentencia firme, porque la sospecha de corrupción o de actos supuestamente contrarios a la ley hacen mucho daño a las instituciones democráticas y a la dignidad política de un país. La dimisión no es un reconocimiento de culpabilidad, más bien es lo contrario.
En Reino Unido se ha dado una muestra más de cómo se puede gestionar esa presunción de inocencia con la dignidad y la ética política que supone dimitir por el mero hecho de la existencia de sospechas o indicios, en este caso, de corrupción.
La secretaria de Estado del Tesoro, un puesto clave para el gobierno británico, Tulip Siddiq, presentó el pasado martes su dimisión por una investigación anticorrupción que la sitúa como presunta beneficiaria de una trama vinculada a la Liga Awami, el partido de Bangladesh de la ex primera ministra del país asiático, Sheij Hasina, que, además, es la tía de la secretaria de Estado.
Siddiq ha defendido que es inocente de esas acusaciones. Aún así, ha dimitido de su cargo para evitar que el asunto interfiera en la actividad del gobierno laborista y se vuelva un arma para la oposición.
Esta es la línea ética y responsable que se espera de cualquier político que ocupa un cargo público. Dimitir no significa reconocer la culpabilidad. Dimitir no es sinónimo de ceder ante las presiones. Dimitir no supone una renuncia a la presunción de inocencia. Dimitir es lo mínimo que se espera cuando han sospechas, indicios o se inician investigaciones judiciales.
Sin embargo, en España nadie dimite, salvo Alfonso Guerra que sí dejó la Vicepresidencia del Gobierno por las actuaciones corruptas de sus hermanos en las que él, personalmente, no estaba implicado.
Tanto dirigentes del PSOE, del PP y de otros partidos nacionalistas o independentistas que han sido acusados de presuntos delitos relacionados con la corrupción no han renunciado voluntariamente a sus cargos o a sus puestos hasta que no se les ha abierto juicio oral, en el mejor de los casos, o hasta que ha habido sentencias firmes. Otra cosa han sido los ceses…, que se pueden contar con los dedos de las manos.
No dimitir, un error
Nadie dimitió en los gobiernos de González, Aznar, Rajoy o Zapatero por las investigaciones abiertas. No se espera, en ningún caso, que Sánchez o algunos de los responsables señalados en las actuales investigaciones judiciales en curso dimita.
Sin embargo, es un error. La línea moral, ética y de responsabilidad que marca ahora la secretaria del Tesoro del Reino Unido es el ejemplo a seguir. Si un cargo público es señalado en una investigación, dimite y, una vez demostrada su inocencia, puede volver con la cabeza bien alta. El problema, tal vez, está en que muchos de los políticos españoles no tienen donde caerse muertos si dejan la política profesional. Eso ocurre en todos los partidos. Rajoy, si hubiera dimitido por los Papeles de Bárcenas, sí habría tenido un lugar donde seguir desarrollando su carrera profesional. Aznar, exactamente lo mismo. Zapatero podría haber continuado con su labor docente en la Universidad de León. Sin embargo, Sánchez no ha hecho otra cosa en la vida más que la política, salvo la suplencia de 6 meses como profesor asociado de «Estructura Económica» en la Universidad Camilo José Cela.
Al igual que dimitir no significa un reconocimiento de culpa, tampoco obliga a convocar nuevas elecciones, como pretenden tanto el PP como la extrema derecha. Si Sánchez asumiera las líneas éticas, morales y responsables de la ya exsecretaria del Tesoro del Reino Unido, podría dimitir y que el Grupo Socialista eligiera a una persona para una nueva investidura. El Gobierno de España no es su presidente, eso hay que tenerlo en cuenta, porque pensar que es así es caer en la misma ignorancia de Alberto Núñez Feijóo al pensar que el hecho de haber ganado las generales le daba la Presidencia de manera automática. España es una democracia parlamentaria, no presidencialista ni, por supuesto, personalista como pretenden algunos.
Un viejo debate no resuelto en España
No se puede negar que la dimisión de un cargo político por sospechas, indicios o por apertura de instrucciones judiciales para investigar sobre comportamientos presuntamente relacionados con la corrupción sigue generando debates y reflexiones sobre la ética en la función pública, la responsabilidad individual y el impacto en la confianza ciudadana.
No existe una respuesta adecuada y, en España, eso está siendo aprovechado por toda la clase política para no asumir responsabilidades. La decisión de dimitir implica una compleja valoración de intereses personales y colectivos. Por un lado, la renuncia puede ser percibida como una muestra de responsabilidad y respeto por las instituciones. Sin embargo, también puede ser vista como una forma de eludir la justicia o de evitar un proceso de investigación en última instancia en el caso de aquellos cargos que cuentan con aforamiento.
También es cierto, aunque no es excusa, que la dimisión de un cargo político puede generar inestabilidad institucional y dificultar la resolución de problemas urgentes. En una clase política tan mediocre como la española, la renuncia puede ser aprovechada por los opositores políticos, sean del partido que sean, para obtener réditos electorales.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que una dimisión ante sospechas, indicios o diligencias por presunta corrupción es un mecanismo de rendición de cuentas que permite a los cargos públicos asumir la responsabilidad de sus acciones o de las acciones de aquellos bajo su supervisión o con relaciones de parentesco, si es que las hubiera. Este acto no solo protege la integridad de la institución, sino que también envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada. Si, finalmente, la Justicia determina la exculpación o el archivo de diligencias abiertas contra la o las personas acusadas, la carrera política y la integridad personal quedan absolutamente blindadas.
Intereses particulares y el miedo a dimitir
En España se confunden términos y los políticos tienen miedo a dimitir antes de que una sentencia firme o un procesamiento no les deje lugar a otra maniobra. El panorama actual, tan polarizado y atomizado, eleva ese temor porque se anteponen los intereses partidistas a otras cuestiones mucho más importantes relacionadas con el respeto al mismo sistema democrático.
La corrupción es inherente al ser humano y, en España, mucho más. Grandes nombres de la historia han estado implicados en casos de todo tipo. Sin embargo, da la sensación de que la tolerancia hacia la corrupción es muy elevada entre la clase política, además de que muestra un sectarismo absolutamente inhumano. Se tolera o se justifica la corrupción propia mientras se intenta asesinar al contrario por los mismos hechos o, directamente, se acude a hechos del pasado como aval para los errores presentes. Ejemplos hay demasiados que lo corroboran y todavía no se ha visto que un político español tenga la dignidad, la ética y la moralidad de dar un paso como el que ha dado la exsecretaria del Tesoro británica, con la excepción de Alfonso Guerra.
Ese cálculo político genera miedo porque se parte de la base de que la dimisión será tomada por la ciudadanía como un reconocimiento de culpa cuando, en realidad, es todo lo contrario si el político en cuestión sabe comunicar de manera transparente la razón real de la dimisión.
Desde este punto de vista, Pedro Sánchez debería dimitir por las investigaciones abiertas contra su esposa o por el Caso Koldo, una presunta trama que supuestamente germinó dentro de su gobierno. Pero el Partido Popular no se puede frotar las manos porque Alberto Núñez Feijóo también debería presentar su dimisión inmediata por los contratos adjudicados a las empresas de sus familiares. Lo mismo es aplicable a Isabel Díaz Ayuso, no por el fraude fiscal de su pareja, sino por la relación con Quirón, una de las empresas beneficiarias de los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid.