Es un secreto a voces que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está haciendo todo lo posible para salvar a Pedro Sánchez de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y por algunas comunidades autónomas, incluida la Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, contra la ley de amnistía, una normativa que es absolutamente contraria a la Constitución.
No es nuevo que los presidentes del Constitucional español actúen en base a los intereses del partido político que le ha puesto en el cargo. Ha sucedido en España tanto con los colocados por el PSOE como por el Partido Popular.
Sin embargo, en el caso de la amnistía es una cuestión de supervivencia política. Sólo Conde-Pumpido puede salvar a Pedro Sánchez porque, de actuar en base a la ley y declarara inconstitucional la ley de amnistía, el actual gobierno podría caer porque Junts retiraría de inmediato su apoyo parlamentario y, en consecuencia, el PSOE y Sumar quedarían en minoría.
En Diario16+ ya se ha indicado en diferentes análisis que esa norma no está pensada para resolver la cuestión del proceso independentista catalán, como pueden creer en Esquerra Republicana. Más bien está diseñada para resolver la situación personal de Carles Puigdemont. Si el expresidente de la Generalitat no puede volver a España, entonces el pacto Junts-PSOE se caerá irremediablemente.
Por esa razón, Sánchez necesita que Conde-Pumpido haga lo que tenga que hacer para salvarle, a pesar de que las evidencias jurídicas son claras. Un informe del Ministerio de Justicia del propio gobierno de Pedro Sánchez ya determinó que la amnistía es inconstitucional. El propio Letrado Mayor de las Cortes, en su informe previo, afirmó que la ley no tenía elementos formales que impidieran su tramitación, pero no hizo ninguna mención ni análisis jurídico sobre el choque directo con el artículo 14 de la Carta Magna.
Toque de atención de Europa
Un dictamen del Abogado General de la UE, Dean Spielmann, al que Diario16+ ha tenido acceso, relacionado con una decisión del Tribunal Constitucional de Polonia, da un toque de atención a Conde-Pumpido y a Pedro Sánchez. En julio de 2021, el tribunal de garantías polaco dictó dos sentencias en las que declaró incompatibles con la Constitución de ese país el Derecho de la Unión y determinadas sentencias del Tribunal de Justicia.
En las conclusiones de Spielmann se propone al Tribunal de Justicia que declare que Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión.
Las sentencias, señala el dictamen, se apartan fundamentalmente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la garantía de la tutela judicial efectiva.
No cabe duda de que, mediante esas sentencias, el Tribunal Constitucional polaco lanzó un ataque frontal a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y a la autoridad de las sentencias del Tribunal de Justicia. La violación de estos principios y autoridad no puede justificarse en ningún caso invocando disposiciones de Derecho nacional, incluidas las de naturaleza constitucional. De igual manera, la invocación de la identidad constitucional del Estado miembro no permite poner en entredicho los principios fundamentales del Derecho de la Unión.
En efecto, por una parte, de la interpretación y de la aplicación sistemáticas de la cláusula relativa a la identidad nacional, no se deduce que el TJUE considere que esta cláusula permite limitar el principio intangible de primacía. El Abogado General subraya que, en cualquier caso, corresponde al Tribunal de Justicia resolver de manera definitiva cualquier conflicto entre el Derecho de la Unión y la identidad constitucional de un Estado miembro.
Dictamen de la Comisión de Venecia
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa y en su dictamen sobre la Ley Sánchez de Amnistía fue contundente al afirmar que no cumple con determinados estándares europeos. En primer lugar, considera el marco de aplicación demasiado amplio y muy difuso. «No se estipula qué delitos están cubiertos por la amnistía sino cualquier acto considerado un delito penal que estuviera encaminado a promover la secesión o la independencia. Son cláusulas bastante abiertas que restan claridad y precisión. Por eso la Comisión de Venecia recomienda limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía», señaló Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Respecto a quiénes se favorecerán de la Ley Sánchez de Amnistía, la Comisión de Venecia también fue muy crítica, puesto que no dudó en señalar que este tipo de medidas de gracia son impersonales, jamás personalistas, razón por la cual los criterios aplicados no deben estar condicionados por la situación de una persona concreta, hecho que, evidentemente, impregna toda la Ley Sánchez de Amnistía, un texto creado ad hoc para la situación de Carles Puigdemont.
Además, respecto a la inclusión de delitos de terrorismo, también recibió la censura de la Comisión de Venecia. «Nuestro principio rector tendría que ser que sólo se ajusta a las leyes internacionales si la violación de derechos humanos queda excluida», expresó la vicepresidenta Cartabia.
Otro de los temas en los que la Comisión de Venecia también ha sido muy crítica es el sistema de tramitación de la Ley Sánchez de Amnistía, dado que se insistió en que la aprobación de la misma tendría que haber sido por mayoría cualificada, es decir, dos tercios del Congreso. Por tanto, la misma mayoría necesaria para una reforma constitucional.
Respecto a esto Cartabia insistió en que la cuestión de la amnistía debería incluirse en la Carta Magna.
Uno de los puntos en los que más se apoyan los aparatos de propaganda sanchistas y monclovitas es que la Ley Sánchez de Amnistía busca la reconciliación. Una hermosa palabra, desde todos los puntos de vista que se quieran mirar. Qué bello es reconciliarse. Sin embargo, en España lo que ha provocado la amnistía es una mayor división, no sólo por el rechazo que esta ley ha generado entre las personas conservadoras, sino también entre la mayoría de los votantes socialistas.
La Comisión de Venecia, en este punto, también fue contundente. «El Parlamento español, al decidir si aprueba el proyecto de amnistía, con qué contenido y por qué mayoría, tendrá que abordar la cuestión de si la normalización de Cataluña puede lograrse a pesar de que la proposición de ley de amnistía ha ahondado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en la judicatura, en los ámbitos académicos y, sobre todo, en la sociedad española».
En consecuencia, el toque de atención que dio ayer la Justicia europea es contundente. Una decisión del Tribunal Constitucional puede violar el Derecho de la Unión. Según lo indicado por la Comisión de Venecia en su dictamen, la Ley Sánchez de Amnistía va en contra de la legislación europea que, como todo el mundo debería saber, es prevalente sobre los ordenamientos jurídicos nacionales.
Desde este punto de vista, el hecho de que Conde-Pumpido consiga lo que pretende Sánchez no habilita de inmediato la ejecución de la amnistía, puesto que hay cuestiones prejudiciales que se tendrán que determinar en el TJUE y, posteriormente, tendrán que ser los jueces españoles los que apliquen esa decisión. Por tanto, si Sánchez cree que cogerá aire con la decisión de Conde-Pumpido, se equivoca. Europa será la que decida y, según los tiempos del Tribunal de Justicia, para eso quedan, al menos, un par de años que Carles Puigdemont tendrá que pasar en Waterloo.
Sin embargo, Sánchez, por mantenerse en el poder, hará lo que haga falta, incluso violar la ley porque las leyes de los hombres no se aplican a los seres divinos.