Tal y como publicamos en Diario16, era imposible que la Audiencia de Barcelona admitiese el delito de cohecho porque la RFEF no es una entidad de derecho público y el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la época en la que se investigan los hechos, José María Enríquez Negreira, de funcionario nada de nada. Y la consecuencia de esta resolución judicial tiene nombre y apellidos, Joan Laporta, que deberá ser desimputado después de esta resolución en la cual se dice que las funciones de Negreira en el CTA, “no pueden ser catalogadas de interés general, por mucho interés que puedan tener para los asiduos al fútbol en particular y a los aficionados y seguidores del deporte en general”. El juez instructor, Aguirre, se ha vuelto a equivocar lo que convierte las diligencias previas que lleva a cabo en torno a este asunto en un triste final que concluirá en archivo. Al final, el Futbol Club Barcelona saldrá victorioso de este asunto y, por supuesto, sus posibles sanciones en las competiciones internacionales quedarán en nada. Y todo gracias a un magistrado empecinado en mezclar churras y merinas en el intento de agrandar una investigación judicial que tiene los límites que tiene: que la entidad pagó a un directivo arbitral cuando no debía de haberlo hecho y nada más. Un reproche que poco, por no decir que nada, pueden juzgar los tribunales.
En estas mismas páginas se ha hablado, y mucho, de las actuaciones de los jueces y de los errores que cometen estos funcionarios públicos no sólo desde el punto de vista social sino también judicial. El titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, está empeñado en figurar en la lista de magistrados mediáticos, cueste lo que cueste. En su despacho figuran causas tan controvertidas como la Volhov en la cual se vincula a dirigentes del proceso independentista con el espionaje ruso. Una causa que puede acabar en archivo tal y como están de avanzadas las investigaciones. De todas maneras, el juez ya ha sacado réditos a la causa con su aparición en un medio de comunicación público alemán revelando aspectos del sumario que, por ley, tiene prohibido. Nadie le ha reprochado. No es de extrañar, con un Consejo General del Poder Judicial dedicado más a sobrevivir en un clima de total desprestigio con más de 2.000 días caducado. A ver quien, en tal circunstancia, mete mano a un juez que por menos ya habría sido expedientado.
Joaquín Aguirre tiene, ahora, una papeleta difícil de resolver. El Caso Negreira se le va de las manos. Cada vez le quedan menos argumentos después de que la Audiencia de Barcelona le haya dicho lo que era obvio y lógico. Que el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol no es un ente público por mucho que este deporte sea de “interés general” tal y como lo reguló Francisco Álvarez Cascos inspirado por las ideologías de José María Aznar. No, el futbol, según los jueces con cierto criterio, no es mas que una actividad privada, y, como tal, debe tratarse legalmente. Por lo tanto, de lo único que se puede hablar en el Caso Negreira es de corrupción privada. Nada de cohechos. Y eso limita las actuaciones del instructor. En primer lugar, desimputando al actual presidente de la entidad, Joan Laporta, quien, como buen abogado que es, ya avisó de la barbaridad jurídica que pretendía sacar adelante Aguirre.
Hace unos días, la Audiencia de Barcelona ya enmendó la plana al juez señalándole que no hay delito de blanqueo de capitales. Otro revés que deja las acusaciones de este caso en las que inicialmente planteó el fiscal, administración desleal y corrupción deportiva. Y es que no hay más en este asunto por mucho que se empeñe el magistrado muy proclive a ampliar sus inverstigaciones allí donde es imposible llegar.
Al final, el Caso Negreira sólo quedará en lo que inicialmente fue. El pago del Futbol Club Barcelona de una importante cantidad de dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Lo que quedará por dilucidar es si ese dinero sirvió para influir en los campeonatos de futbol o, si, por el contrario, sólo sirvieron como dicen en la entidad futbolística, “para abonar asesoramiento en materia arbitral competitiva”. Pero esas interrogantes ya no son materia de las diligencias previas por lo que más le convendría al juez Aguirre convertir el sumario en procedimiento abreviado para que se proceda a elaborar los escritos de acusaciones y defensas correspondientes y la apertura del juicio oral.
Los jueces de este país tienen esa manía de dilatar las diligencias previas cuando estas se encuentran cerradas en buena lógica. Aguirre, con las dos resoluciones con las que la Audiencia de Barcelona le ha recriminado, poco más tiene que añadir a este asunto. Su juzgado ya tiene la suficiente carga de trabajo como para seguir manteniendo un tema agotado. Lo mejor es pasárselo a la instancia judicial superior para que proceda a señalar el juicio oral correspondiente.
Y, a partir de ahí, serán los organismos reguladores del futbol, por supuesto privados, los que deberán sancionar administrativamente este comportamiento. Lo demás son dilaciones que no convienen a ninguna parte excepto al juez Aguirre que sigue manteniendo su figura en el candelero de una actividad en la que existe un evidente interés ciudadano. No aprendieron la lección. Los “jueces estrella” todavía existen.