María de la O Silva ha sido apartada de la querella presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la fiscala jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal anticorrupción, Julián Salto. Termina, de esta manera, el problema que generó Silva cuando se negó a obedecer las órdenes de su superior, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde, quien la exigió la inadmisión a trámite de la demanda. La fiscala ha sido sustituida por el fiscal jefe de Extremadura, Javier Montero. La decisión ha sido recibida con mucho malestar en la carrera fiscal. Los conservadores de la Asociación de Fiscales consideran que es una represalia por haber trasladado el asunto a la junta de fiscales de sala invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En la fiscalía general del Estado se recuerda la estructura jerárquica que obligaba a la fiscala a cumplir con las órdenes de sus superiores. La junta de fiscales de sala rechazó el amparo solicitado. Por lo tanto, el informe de que emitirá el ministerio público en torno a este asunto indicará que no ve indicios de delito alguno. Otra cosa es la denuncia del ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid, que se tramita en otro juzgado, cuyo titular la ha admitido a trámite por lo que este asunto no va a ser archivado.
Las tensiones en el seno de la carrera fiscal se han agudizado. Hay quien dice que esta decisión es política. Que la teniente fiscal ha seguido las órdenes de Álvaro García Ortiz, que asumió la responsabilidad del comunicado que dio origen a la demanda de González Amador. Pero lo cierto es que la fiscala Silva sabia que desobedecer las órdenes superiores iba a suponer apartarla de la causa tal y como ha sucedido. Lo que se sospechaba es que la fiscala no pretendía otra cosa que difundir los correos que se enviaron sus superiores en torno a este tema. María de la O Silva es miembro de la Asociación de Fiscales que mantiene una posición beligerante con García Ortiz y hay quien piensa que iba a utilizar sus investigaciones para seguir desprestigiando la figura del fiscal general.
María de la O Silva viene de una familia de juristas conservadores. Su padre es Jesús Silva Porto, conocido penalista, que llegó a ser fiscal jefe de Madrid. Su carrera está vinculada a la cúpula conservadora del ministerio público. Fue secretaria técnica con Eduardo Torres Dulce, fiscal general nombrado por el gobierno de José María Aznar, que pertenecía a la Asociación de Fiscales. Ahora mismo, se encuentra adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considerada unas de las instancias más reaccionarias de la judicatura. Fue apadrinada en su toma de posesión como fiscala por Antonio del Moral, actual magistrado del Tribunal Supremo designado poco antes de que tomara posesión como presidente de Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, al que se le acusa de haber abusado de las designaciones discrecionales de miembros de las altas instancias judiciales. Del Moral es considerado un conservador. Fue miembro de la comisión de expertos que elaboró un nuevo código penal procesal entre 2012 y 2013 que luego fue desestimado.
Como se puede comprobar, Silva es una cualificada simpatizante de la AF, beligerante con García Ortiz hasta tal punto que utilizan el Consejo Fiscal, el órgano asesor de la fiscalía general para desacreditar todas las actuaciones que llevan a cabo sus superiores. Hasta tal punto llega la cosa que han llegado a calificar la sustitución de la fiscala como “una purga”. Un nuevo ataque contra el fiscal general tendente a menoscabar su credibilidad. Es su objetivo y no van a parar hasta lograr, o bien su cese o su dimisión
De todas maneras las querellas interpuestas en torno a la filtración de los datos personales de la pareja de la presidenta de la CAM van a seguir adelante. Aunque los informes de los fiscales sean desfavorables a continuar con las investigaciones los jueces son los que van a decidir en última instancia. Y uno de ellos ya lo ha hecho. Continuará con las diligencias previas. Pero lo que, en realidad buscan los fiscales conservadores en su guerra contra García Ortiz no es la instrucción judicial en sí. Quieren conocer las comunicaciones que sobre este asunto mantuvieron el fiscal general y los fiscales jefes de Madrid y anticorrupción.
Es la misma cantinela que ocurrió con el asunto del informe sobre Tsunami Dèmocratic cuando los fiscales conservadores utilizaron torticeramente el informe elaborado por Álvaro Redondo y su posible modificación por órdenes de García Ortiz. Esa presunta modificación se filtró a la prensa aunque nunca se llegaron a probar la existencia de las presiones. Redondo, también miembro de la Asociacion de Fiscales, llegó a pedir a sus compañeros que le amparasen en el Consejo Fiscal ante la campaña de desprestigio que se estaba llevando a cabo contra él. La AF no le apoyó y, ahora, Redondo se ha dado de baja.
Está claro que la Asociación de Fiscales es una herramienta utilizada por la derecha judicial contra el fiscal general, García Ortiz, que se ha convertido en el objetivo número uno de los conservadores. Por eso a nadie puede extrañar que se haya apartado a Silva de la denuncia presentada por González Amador. No se trata de una purga. Todo lo contrario. Es que todavía hay quien no se da cuenta de que en la carrera fiscal hay una estructura jerarquizada. Por mucho que intenten controlarla, quien verdaderamente manda es el superior y, hoy por hoy, la ley dice que éste lo nombra el gobierno. Está claro