Si hubiese sido el Congreso de los Diputados el que pide al Consejo General del Poder Judicial una prueba determinada depositada en un juzgado, el trámite habría durado semanas, incluso meses, en resolver. Pero fue al revés. El Senado pidió al órgano de gobierno de los jueces que les entregue las cintas del llamado Delcygate ya que se necesitan para la comisión de investigación del llamado “Caso Koldo” o “Caso mascarillas”, como se quiera.
El CGPJ no ha tardado ni 24 horas en enviar un oficio al juzgado 31 de Madrid donde se encuentran depositadas esas cintas en las que se grabaron los movimientos del aeropuerto el día en que aterrizó el avión procedente de Venezuela en el que viajaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien tenía prohibido pisar suelo europeo, pero que pudo estar unas horas en la sala VIP de la terminal y entrevistarse con el ministro de Transportes de la época, José Luis Ábalos. Dicen que el avión transportaba 40 maletas llenas de cocaína. El propio Ábalos, en la comisión parlamentaria, calificó de bulo esa información: “intenten hacer despegar un avión con 40 maletas llenas de cocaína”. Al final todo parece indicar que eran seis las maletas que transportaba el avión, todas del sequito de la vicepresidenta, con destino a Doha. Pero, ahora, el Senado quiere comprobar los movimientos a través de las cámaras del aeropuerto que están depositadas en sede judicial.
En realidad, según la ley de protección de datos, esas grabaciones deberían de haber sido destruidas. Pero no ha sido así argumentando que son importantes para las investigaciones judiciales que se llevan a cabo. Una cosa es esa y otra es que el Consejo General del Poder Judicial se haya dado tanta prisa en satisfacer las demandas de una cámara con mayoría absoluta del Partido Popular. Normal, si se tiene en cuenta que el Consejo es un organismo controlado inconstitucionalmente por la derecha. Con cinco años y medio caducado, sus vocales designados por el PP, que son mayoría, todavía se permiten el lujo de elaborar un informe en contra de la amnistía cuando ni siquiera se había presentado el proyecto de ley en el Parlamento.
El Partido Popular había pedido estas grabaciones hechas por las cámaras de seguridad del aeropuerto para utilizarlas en la comisión de investigación del “Caso Koldo”. El papel de José Luis Ábalos en la visita a España de la venezolana, que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea por la vulneración de los Derechos Humanos en su país, fue investigado por el Tribunal Supremo, mientras que el juzgado 31 de Madrid se hizo cargo de abrir una causa por presunta prevaricación a los agentes presentes aquella noche en la pista de aterrizaje. Las dos causas fueron archivadas, aunque la segunda de forma provisional. Es por ese motivo que no se destruyeron las grabaciones. Porque el asunto sigue estando presente en sede judicial, uno de los motivos apuntados en la ley de Protección de Datos para que no sea destruida una grabación.
Expertos jurídicos que conocen al juez titular número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, dudan de que este acepte la petición del Senado. Dicen que es un juez profesional que no se inmiscuye en las peleas políticas y esta es una de ellas. El Partido Popular está convencido de que hay algo en las grabaciones que demostrarían el movimiento de bultos procedentes del avión que transportaba al séquito de la vicepresidenta venezolana. A mediados de 2022, el titular del Juzgado número 31 de Madrid ordenó recuperar estas cintas que estaban custodiadas por Aena, y les dio la condición de piezas de convicción, aquellos objetos relacionados con un delito investigado y que sirven para formar el convencimiento del juzgador acerca de la realidad de lo ocurrido.
El motivo por el cual estas cintas vuelven a recuperar interés es porque del sumario del Caso Koldo que investiga el titular número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se desprende que varios de los investigados estuvieron presentes en el aeropuerto de Barajas. Además de José Luis Ábalos y Koldo García, estaban también el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y presumiblemente el comisionista Víctor de Aldama. García, Villalba y Aldama están imputados en las diligencias.
Estos han pedido, tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional como al Senado, que las investigaciones se limiten al posible enriquecimiento por la venta de mascarillas durante la pandemia. Pero el Partido Popular espera sacar más partido de este asunto. Y si es posible llegando al absurdo punto de demostrar que en el avión de Delcy Rodríguez se transportaban objetos ilícitos que permanecieron en suelo español sin ser inspeccionados lo que sería constitutivo de un delito de contrabando. El Supremo sentenció que este asunto era de índole política y, por lo tanto, no merecería reproche penal alguno.
Y si hay que volver al terreno político, el Partido Popular está dispuesto a utilizar el Senado que controla. Pero para obtener los resultados que pretende no le queda más remedio que pasar, otra vez, por el poder judicial. Lo extraño es que el CGPJ es un organismo que, como toda la judicatura, se mueve con lentitud. Y ahora no ha sido así. La diligencia es, cuanto menos, sospechosa
Pero la entrega de las grabaciones, si es que se llega a producir, tiene sus plazos por lo que, por mucho que se apremie, es probable que cuando el juez tome una decisión firme, la comisión de investigación ya habrá ultimado sus conclusiones. A los populares no les importará porque, a pesar de que lo que se trata de dilucidar es si hubo algún responsable político que se aprovechó de la venta de mascarillas, lo que pretenden es ir más lejos. Y si hay que embarrar a Begoña Gómez y a los bolivarianos, pues se hace. El caso es seguir utilizando los medios judiciales para acabar con Pedro Sánchez. Y cuentan con la estimable colaboración de los vocales conservadores del CGPJ que llevan cinco años instrumentalizando una institución que no les pertenece.