El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a fines del año pasado su nueva estrategia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés). Este hecho apuntalará su compromiso con los países en todas las funciones del FMI: supervisión, programas de evaluación del sector financiero, préstamos y desarrollo de capacidades.
La nueva estrategia incluyó cinco documentos analíticos que profundizaron en cuestiones como los flujos financieros ilícitos y la estabilidad financiera.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva estrategia es que el FMI pretende aprovechar más sus fortalezas y sus funciones para alcanzar sus objetivos contra el blanqueo de dinero. «Enfatizará las implicaciones macroeconómicas de los delitos financieros en el sistema fiscal, monetario, financiero y los canales estructurales, incluidos los flujos financieros ilícitos transfronterizos y los efectos de contagio relacionados», afirma el Fondo.
Esto puede significar que, en lugar de seguir el sesgo de otras organizaciones que son duras con los países de bajos ingresos y indulgentes con los grandes centros financieros, como ocurre con la OCDE, el FMI examinará más seriamente los paraísos fiscales y las jurisdicciones secretas que canalizan flujos financieros ilícitos a través de sus países (por ejemplo, empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas), así como aquellas jurisdicciones de destino donde los flujos financieros ilícitos terminan ocultos para escapar de las autoridades, como sucede con los bancos suizos y estadounidenses, activos inmobiliarios en el Reino Unido y Dubai o fondos de cobertura de las Islas Caimán.
Otro punto destacado es la idea de «evitar la condicionalidad cruzada» en las medidas que el FMI recomienda a los países. Esto es un claro alejamiento de las evaluaciones típicas basadas en las conclusiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que no apuntan a refugios seguros para los blanqueadores de dinero y los delincuentes.
También significa que el FMI ejercerá su propio criterio basado en la criticidad macro y no se dejaría activar automáticamente por las listas grises o negras del GAFI en sus procesos de toma de decisiones.
En cambio, el FMI se queda corto y debería ir más allá de las lagunas jurídicas del Grupo de Acción Financiera y solicitar acceso público a la información sobre beneficiarios reales y al registro de fideicomisos, especialmente cuando la jurisdicción desempeña un papel lo suficientemente importante como para que su opacidad represente un riesgo global.
Aunque el FMI ya ha comenzado a exigir acceso público a la información sobre beneficiarios reales en el contexto de las adquisiciones de COVID-19, la expectativa es que el acceso público total para, al menos, los sectores de alto riesgo (industrias extractivas, activos inmobiliarios, por ejemplo) también se convierta en política a nivel mundial. La transparencia efectiva sobre los beneficiarios reales es la mejor manera de abordar los efectos indirectos del secreto financiero.
Otra cuestión relevante es que el FMI debe continuar presionando para lograr sinergias entre las autoridades locales, especialmente entre los organismos tributarios y de lucha contra el blanqueo de capitales, o para que los países adopten un enfoque total en materia de transparencia de los beneficiarios reales o el intercambio automático de información.
La nueva estrategia contra el blanqueo del FMI también debería haber cubierto explícitamente los casos de evasión fiscal como, por ejemplo, los vehículos holandeses, irlandeses o luxemburgueses. Desafortunadamente, el documento de antecedentes del FMI sobre los flujos financieros ilícitos adopta un enfoque estrecho y defectuoso muy cercano al de la OCDE, que, al contrario de la definición estadística formal adoptada por la ONU, que alberga el objetivo global de reducir los flujos ilícitos excluye la evasión fiscal por parte de las corporaciones multinacionales.
La prueba de fuego de esta nueva estrategia del Fondo residirá en la implementación efectiva. El FMI es una institución grande y global. Cambiar la mentalidad será un desafío, especialmente para los economistas más preocupados por nociones obsoletas de «competitividad» que por la lucha contra el blanqueo de capitales y otros flujos financieros ilícitos.
El FMI ha reconocido que el coste del fracaso es demasiado alto, por eso, los que se benefician del delito de cuello blanco no pueden continuar ganando.