La sala segunda de Lo Penal del Tribunal Supremo ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten alegaciones sobre los cambios del Código Penal, en materia de delitos de sedición, desobediencia y malversación, que afectan a los condenados por el “procés” de independencia unilateral de Catalunya.
En función de lo que se diga en esas alegaciones, el tribunal modificará las sentencias. Todo según lo previsto, pero con un problema añadido. Habrá que tener en cuenta el auto del juez instructor, Pablo Llarena, quien ha descartado el delito de sedición al haber desaparecido del ordenamiento jurídico, pero mantiene el de malversación con condenas, además, en sus límites superiores. Si se mantiene la tesis de Llarena de poco habrá servido su modificación ya que los condenados seguirán inhabilitados.
El instructor del “procés”, Pablo Llarena, considera que la reforma del delito de malversación no afecta a los hechos investigados. Las motivaciones del magistrado son sencillas de explicar. La nueva redacción de dicho delito es “plenamente aplicable en la medida en que la sustracción y la apropiación no presenten un significado sustantivamente diferente del comportamiento que se busca reprimir". En otras palabras: que sigue siendo reprochable penalmente el haber desviado un dinero público, destinado a un fin concreto, para otro diferente.
"La Jurisprudencia viene sosteniendo, desde hace más de medio siglo, que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación. En particular el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos" manifiesta Llarena en el auto que ahora tiene que ser tenido en cuenta por la Sala.
Pero, además, Llarena se inclina por imponer la máxima pena, es decir, la de la malversación “agravada”, y no la leve que rebajaría la impuesta a los condenados, porque “no se trata de un supuesto en el que se produjera un trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas, sino de la aplicación de los fondos públicos a sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito, por más que el sujeto activo tenga una actividad profesional pública".
De prosperar los argumentos de Llarena, el principal motivo de la negociación que llevaron a cabo los dirigentes de ERC con el gobierno de Pedro Sánchez, la supresión de la condena de inhabilitación para su dirigente, Oriol Junqueras, que le permitiría retornar a la política activa y presentarse a las elecciones, quedaría en papel mojado.
A Junqueras, indultado parcialmente, y absuelto ahora de sedición por desaparición de este delito en el Código Penal, le queda por resolver su situación por la condena de malversación. Si se asume la tesis de Llarena, al dirigente independentista se le mantendría la pena de 13 años de inhabilitación. Tal vez con alguna rebaja que quedaría compensada ya que el político catalán tiene que responder, también, por un delito de desobediencia, que en el Código Penal es castigado con penas que van de 6 a 12 meses de inhabilitación.
En otras palabras. Con los argumentos del instructor en la mano, Oriol Junqueras no podría volver a la vida pública y presentarse a las elecciones. Ese era el objetivo de la reforma que pactaron socialistas y ERC. Al menos eso es lo que se dice desde la derecha. Porque, independientemente de las consecuencias personales que para los once condenados tenga la decisión del tribunal que preside el “conservador” Manuel Marchena, (un juez bastante desprestigiado después de que se filtrasen una serie de conversaciones que le vinculan al Partido Popular), lo que es cierto es que si, al final, el objetivo de recuperar a los independentistas catalanes condenados no se cumple, la derecha de este país, incluida la mediática, se tendrá que “comer con patatas” los argumentos que han venido repitiendo de que “toda esta reforma es para dejar impunes los delitos cometidos por los líderes del “procés”.
Pero lo realmente preocupante para la izquierda progresista es que, si se toma esta decisión, el objetivo del gobierno de Pedro Sánchez, desjudicializar el conflicto con Catalunya para normalizar la convivencia, no se habría alcanzado.
Las reacciones son imprevisibles. Eso es lo peor del asunto.