No se puede dar a conocer un auto en el que se llama a declarar a la esposa de uno de los candidatos a las elecciones del domingo cinco días antes porque, se quiera o no, se influye en la voluntad electoral. Unos días antes de celebrarse las elecciones locales, un juez imputó a la exalcaldesa de Maracena (Granada) y a dirigentes del PSOE andaluz en un asunto que, un año después, tuvo que archivar por falta de pruebas. Los socialistas perdieron la mayoría absoluta y en la ciudadanía se reconoció que influyó la decisión judicial. Ahora, el juez anda por ahí, tranquilo. Nadie le ha acusado de nada.
¿Quién controla a los jueces? El titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se encuentra bajo sospecha. En su familia, - mira por dónde como en la de Sánchez-, hay una concejala del Partido Popular. El juez ha llamado a declarar a Begoña Gómez antes que a los testigos y se mantiene la duda de si una denuncia basada en informaciones periodísticas no contrastadas, al menos en sede judicial, es suficiente como para imputar a una persona. Y, por supuesto, la imprudencia del Partido Popular que se ha lanzado a pedir a la ciudadanía que evalúe las “consecuencias de este vergonzoso hecho de corrupción” sin contar con la presunción de inocencia. Porque no pueden medir por el mismo rasero la pifia que hizo el PP en la Gürtel. Cuando Pedro Sánchez presentó una moción de censura parlamentaria contra Mariano Rajoy ya había sentencia firme contra el Partido Popular. Ya se podía hablar abiertamente de un caso de corrupción.
Aquí ni eso. De momento, la Audiencia Provincial le ha dado un toque de atención al magistrado. Nada de investigar las relaciones de Gómez con el grupo Globalia porque no existen indicios. Las diligencias deben dirigirse hacia las recomendaciones efectuadas por Gómez a la empresa de un antiguo colaborador suyo en la universidad que obtuvo subvenciones no sólo del gobierno central sino también de los autonómicos peperos, incluso de un ayuntamiento como es el de Madrid, libre de toda sospecha de concomitancia política y personal con Pedro Sánchez. El juez se ha pasado por el forro de la entrepierna la doctrina del Tribunal Supremo que tiene establecido que la mera yuxtaposición de recortes de prensa ―como ocurre con el contenido de la acusación de Manos Limpias— no basta para iniciar un proceso penal.
Juan Carlos Peinado ha convocado a los testigos en domingo. Cabe recordar que la comparecencia ante un juez no es obligatoria por lo que si los señalados deciden no presentarse no habrá pasado nada. Y más cuando Peinado les avisa de que ese día está de guardia. Un juez cuando está de guardia está a lo que está: detenciones, levantamiento de cadáver, atentado no previsible… en fin que no es una jornada para interrogatorios sobre un hecho tan trascendental políticamente hablando como para tomárselo con la frivolidad con que lo está haciendo este juez.
A no ser que lo que realmente pretenda es dar publicidad a todo lo que le ocupa en torno al asunto de Begoña Gómez con intereses inconfesables. Hay un informe de la Guardia Civil donde se deja bien claro que no se advierte conducta delictiva en las actividades de la esposa del presidente del Gobierno. Cualquier juez en su sano juicio habría ponderado este informe antes de llamar a declarar a alguien. No vaya a ser que, al final, el juzgador acabe por ser juzgado. Porque no actuar de la manera que se acaba de comentar podría inducir en algunos la sospecha de que Peinado tiene predeterminada su resolución: que ha sentenciado antes de juzgar. Y de ahí a llevarlos a construir hipótesis sobre un eventual delito de prevaricación ―dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas―, no habría más que un paso, si es que lo hay.
A decir de los expertos, Juan Carlos Peinado va de error en error. Pero nadie le enmienda la plana. Ni siquiera el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que parece vivir “en los mundos de yuppie”. No se entera o no quiere enterarse. Nadie confía en los vocales del órgano de los jueces, pero tampoco en la judicatura propiamente dicha. En la última encuesta del CIS no se ha preguntado a la ciudadanía sobre la actuación de los jueces. Pero todo parece indicar que hay un malestar de fondo. Que nadie cree en la justicia. Que ésta ha perdido la poca reputación que le quedaba.
En infinitos casos judiciales cuyos calendarios puedan solaparse con hitos relevantes de la agenda política, la prudencia cívica de los magistrados les aconseja una pausa, un aplazamiento de las citaciones. Pero para Juan Carlos Peinado este principio no parece existir. Da a la publicidad, -un juez que odia a los periodistas-, unas citaciones dictadas a su conveniencia. En vísperas no sólo de unas elecciones tal y como se ha dicho, que la derecha quiere convertir en plebiscitarias, aunque dentro de Génova hay quien ha dicho que se corte un poco por si, al final, hay que rectificar antes de que un resbalón acabe con la nuca de algún dirigente pepero partida en dos.
Que Juan Carlos Peinado le ha hecho un favor al Partido Popular no es de extrañar y más cuando su hija ejerce de afiliada con cargo incluido. Pero el juez se equivoca si esa es su pretensión. Con sus gestos puede acabar por arañar algunos votos para la derecha judicial. Y nada más. Lo que ocurre es que luego vendrán los archivos de las causas cuando Begoña Gómez no sea importante y sus actividades no signifiquen dar en la línea de flotación de su marido. Y entonces pasará lo de Mònica Oltra o lo de Berta Linares. Porque en este país la presunción de inocencia no existe. Y los primeros culpables de semejante desatino ciudadano están en el Partido Popular que no hace más que dar patadas contra la Constitución. Ya no les interesa.