El fiscal del caso González Amador ha tenido que enviar un contundente escrito a la jueza número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que instruye la causa contra el novio de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal, pidiéndola que proceda a interrogar al investigado lo antes posible ya que no se puede retrasar más su comparecencia y las de los otros imputados debido a que el plazo de instrucción de doce meses se está agotando sin que aún se haya oído a los encausados, por lo que "no se puede conocer si es necesaria la prórroga de la causa" y qué diligencias solicitar en la misma. La magistrada suspendió los interrogatorios debido a que la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver un recurso contra la apertura de una pieza separada por lasupuesta comisión de otros posibles delitos. Y aquí puede pasar como en la Audiencia Nacional y otros juzgados: que si no se pide una prórroga debidamente justificada de las diligencias la cosa puede acabar en archivo por “defecto de forma”.
Estaría bueno que después de la que se ha armado por un presunto delito que parece estar probado, como es el fraude de 350.951 euros en el impuesto de sociedades de dos ejercicios fiscales, la causa quedase archivada “por defecto de forma”. La ley de Enjuiciamiento Criminal limita el plazo de instrucción a doce meses prorrogables seis meses más por causas justificadas. Y nadie duda del buen hacer de la jueza Iglesias, pero en la sala de Lo Penal de la Audiencia Provincial se han producido dilaciones en la resolución de recursos en multitud de ocasiones y eso puede acabar por repercutir en las diligencias previas contra el empresario.
El aplazamiento se produjo a petición de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso al solicitar la suspensión del interrogatorio de su cliente hasta que la Sección 3ª de la Audiencia Provincial se pronunciara sobre "el acomodo o no a derecho" del auto recurrido. En esa sección está el juez Juan José Escalonilla hasta hace poco titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Este magistrado es conocido por haber instruido la causa contra Podemos a instancia de un exabogado de la formación morada, José Manuel Calvente. Se le conoce como el “caso Neurona” la última de cuyas diez líneas de actuación acaba de ser archivada. El juez Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, presidió el tribunal que juzgó el caso Alfal, una fundación que tutelaba a personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales —la mayoría con alzhéimer—, pero que durante la última década se apoderó, presuntamente, del patrimonio de algunas de ellas, que tenían fortunas que suman decenas de millones de euros. A juicio de los expertos jurídicos, las condenas impuestas “son suaves” y no se tiene en cuenta el perjuicio económico causado a las víctimas. Está pendiente de recurso de casación en el Supremo. Destacar, también, que los otros integrantes de la sala, María Pilar Abad Arroyo, Agustín Morales Pérez-Roldán y Antonio Viejo Llorente, son los autores del auto que avala al juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, para que pueda continuar con el “caso Software” en paralelo a la causa principal. Peinado ha centrado sus actuaciones en esta pieza conocedor del escaso recorrido de las otras donde prácticamente no aparecen indicios que puedan implicar a los investigados.
Por lo tanto, la independencia de los jueces que tienen que resolver este recurso de González Amador está bastante cuestionada. Así pues, a nadie debe de extrañar que acaben por rechazar las acusaciones contra el novio de Díaz Ayuso y ordenen el archivo de la causa “por defectos de forma”.
Si eso llega a suceder, el entorno de Isabel Díaz Ayuso habrá ganado la batalla con su estrategia de distraer la causa principal, el fraude a la hacienda pública, hacia otros derroteros como es la investigación de los denunciantes, la cúpula fiscal. Es como dice el FGE, Álvaro García Ortiz, “pasar de persecutores de un delito a perseguidos. Y, además, habrá que ver cómo se resuelven las demandas civiles presentadas contra políticos de izquierda y periodistas que calificaron a González Amador de “delincuente confeso” basándose en los famosos correos electrónicos enviados por su abogado en los que proponen al fiscal anticorrupción, Julián Salto, un pacto de conformidad que solamente se puede tener en cuenta en el momento del juicio oral. Ahora mismo, el entorno de González Amador, muy crecido, dice que el empresario nunca reconoció la existencia del fraude y que todo fue una maniobra de su abogado. Habrá que investigar este argumento, pero a quien corresponde, a la comisión de ética del Colegio de la Abogacía de Madrid, no lo va a hacer simplemente porque la corporación está presentada como acusación particular en la causa contra García Ortiz por revelación de secretos.
Todo puede quedar en un archivo y, repasando los antecedentes sobre delitos fiscales, la cosa quedaría en la sanción administrativa de una Agencia Tributaria que está siendo cuestionada por la forma en que ha gestionado este asunto. La famosa “pieza separada”, objeto de la paralización hasta que se resuelva el recurso presentado contra ella por la defensa de González Amador, amplia los delitos atribuidos a González Amador. Ya no sólo serán el doble fraude fiscal, y falsificación documental sino también corrupción en los negocios y administración desleal. Se trata de esclarecer los negocios de González Amador con Quirón Prevención utilizando el recurso de empresas pantalla y sociedades instrumentales. Y hay una figura clave en este entramado, Fernando Camino, presidente de Quirón prevención que está vinculado con el administrador de la sociedad que posee el ático de lujo que Isabel Díaz Ayuso y su pareja disfrutan encima de su vivienda desde que se fueron a vivir juntos.
La jueza admitió a trámite parcialmente la petición de las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, y abrió la pieza separada a finales de octubre. Han pasado casi tres meses y los jueces de la Audiencia Provincial todavía no se han pronunciado sobre el recurso que presentó la defensa de González Amador sobre la apertura de esta pieza separada. El tiempo corre a favor de la pareja de Díaz Ayuso y a la instructora no le va a quedar mas remedio que solicitar la prórroga de las diligencias. Un asunto que se antojaba sencillo y que se ha ido complicando de tal manera que puede concluir con el triunfo de los presuntos delincuentes. Buenos abogados y la utilización de unas influencias políticas sin precedentes están haciendo el trabajo. González Amador puede acabar absuelto. El proceso huele muy mal.