Los estudios historiográficos cifran en 270.000 el número de españoles encarcelados a partir de 1940, en la cruel represión franquista. Muchos de ellos terminaron siendo ejecutados por vía del juicio sumarísimo y sus cuerpos sepultados en lugares desconocidos. Los cadáveres de otros tantos (se calcula que más de 33.000) fueron sepultados en el Valle de los Caídos sin que sus familias lo supieran, como complemento y relleno perfecto a la obra faraónica del megalómano dictador. Ni que decir tiene que los Consejos de Guerra que se organizaron a tal efecto no reunían unas mínimas garantías procesales para los acusados.
En la mayoría de los casos la sentencia ya estaba dictada de antemano, puesto que bastaba y sobraba con la declaración de algún testigo rencoroso, con el informe secreto de algún cura resabiado que hacía las veces de confidente franquista o simplemente con el atestado de la Guardia Civil. El peor delito era el de rebelión, que la mayoría de las ocasiones conllevaba la pena capital. A fecha de hoy decenas de miles de juicios sumarísimos, farsas con las que el Gobierno trataba de justificar y dar apariencia de legalidad a sus fusilamientos indiscriminados, aún no han sido derogados.
A esa inmensa tragedia hay que unir el otro genocidio, el silencioso, no el provocado por el pelotón de fusilamiento sino el que tuvo lugar a causa del hambre y la enfermedad en las lóbregas prisiones y en los macabros campos de concentración repartidos por todo el territorio nacional. Si crueles fueron las sentencias que condenaron a miles de españoles a la pena de muerte, no menos lo fueron los juicios contra represaliados por “delitos menores”, una práctica que también tuvo un enorme coste en vidas humanas, ya que las sórdidas cárceles de aquellos años, por sus condiciones infrahumanas de habitabilidad, se terminaban convirtiendo en auténticos centros de exterminio masivo.
La memoria recuperada hasta el momento nos habla de miles de casos de férrea represión. Como la historia de Genara Fernández García, que quería ser maestra pero Franco truncó su sueño y le prohibió ejercer. “No es persona de confianza para el nuevo Estado español”, sentenciaron los informes que se instruyeron sobre ella a los tres días de ser detenida en diciembre de 1939. Desposeída de su empleo como profesora, empezó a trabajar como taquillera en el Cine Mary de León. Unos panfletos supuestamente subversivos fueron la coartada del régimen para condenarla a muerte tras el consejo de guerra celebrado en febrero de 1940. Genara fue ejecutada en el campo de tiro de Puente Castro un año más tarde. En su expediente judicial aún se pueden leer los testimonios de los que la delataron: “Se la conoce aquí con el apodo de la Pasionaria por su afán de intervenir, chillar y propagar y ser acaso la única (no sé si había otra) mujer afiliada a partidos de izquierda”. Genara es uno de los miles de desaparecidos en la Guerra Civil cuyo rastro ha sido seguido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Cuando los técnicos procedieron a la apertura de la fosa número 6 encontraron el esqueleto de una mujer de mediana edad y ahora será el ADN el que resuelva la identidad definitiva del cuerpo exhumado.
Voces enterradas
Lejos de allí, en el cementerio de Celeiros, la familia de Benigno Fraga Pita, alias Alejandro, guerrillero antifranquista muerto a manos de la Guardia Civil en Candedo el 27 de abril de 1949, lleva a cabo las gestiones necesarias para recuperar los restos. En este caso el expediente estaba depositado en el Archivo Militar de Ferrol y gracias al legajo se pudo localizar el lugar donde posiblemente fue enterrado Benigno. El represaliado fue comisario político, miembro del Comité Provincial del PCE de A Coruña y enviado a Ourense para fundar la II Agrupación. Maestro armero en los arsenales de Ferrol, tuvo que huir e incorporarse a la guerrilla cuando se descubrió su pertenencia al Partido Comunista. Hoy su nombre, como el de otros muchos, emerge desde las entrañas de la tierra. Después de varias catas manuales, los técnicos han hallado dos entierros diferenciados (ambos sin caja) en la parte derecha de la puerta de una iglesia. Los restos se han trasladado al laboratorio de Ponferrada para su estudio antropológico y su posterior análisis genético. Setenta años después, se empieza a hacer justicia con Benigno.
Julio Calzada Blasco, Emilio Gutiérrez Pascual, Esteban Mateos Mateos y Tiburcio Mateos Mateos fueron detenidos y sacados de sus casas, a la fuerza, el 12 de agosto de 1936. En uno de los habituales “paseos” del ejército nacional, de camino a la localidad de Muñoz, fueron asesinados a la altura de la población de Boadilla. No eran gente con altas responsabilidades políticas en el Gobierno de la República, solo modestos albañiles, jornaleros y labradores afiliados a organizaciones sindicales. Todos ellos terminaron siendo fusilados y trasladados en un carro a la parte civil del cementerio de su localidad. “Recientemente, las tareas de exhumación de sus cuerpos han sufrido un nuevo retraso, ya que el decreto que regula las exhumaciones de fosas comunes promovido por la Junta de Castilla y León, que supuestamente iba a agilizar los trámites, se ha acabado convirtiendo en un laberinto burocrático”, aseguran fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En el momento en el que se encontraron los restos estaban presentes las nietas de dos de los represaliados. La intervención, dirigida por el arqueólogo Serxio Castro y en la que ha participado un equipo formado por una docena de voluntarios, se desarrolló a lo largo de cinco días. Los huesos han sido trasladados al laboratorio de la Asociación en Ponferrada para estudiar y determinar el sexo, la edad y las causas exactas de la muerte mediante un complejo estudio antropológico. Posteriormente se realizarán las pruebas de ADN para determinar la identidad de los fallecidos.
Estos tres ejemplos se unen a centenares de proyectos de exhumación actualmente en marcha en todo el país para descubrir qué pasó con los miles de represaliados y desaparecidos. Tal avalancha de casos corrobora, una vez más, que España necesitaba una ley que regulara las exhumaciones y pusiera orden en el asunto pendiente de la memoria histórica. El texto legal anunciado hace solo unos días por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tiene como principal objetivo el reconocimiento de la dignidad de quienes padecieron el totalitarismo fascista y la defensa de los valores democráticos, derechos y libertades fundamentales.
Pero la norma no nace solo con la pretensión de hacer justicia con los años turbulentos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, trata de extender su ámbito de aplicación hasta la Transición y aún más allá, hasta la actualidad, ya que potenciará la Justicia Universal y la persecución de los delitos de lesa humanidad, como no podía ser de otra manera tratándose de España, un país democrático y avanzado. La ley parte del reconocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas y tiene como noble misión que la guerra y sus crímenes no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país.
Por supuesto, la futura regulación supondrá el repudio y la condena total, sin paliativos, del golpe de Estado de 1936 que dio lugar a la execrable dictadura franquista. Desde ese punto de vista, la ley Zapatero de 2007 sentó las bases de la nueva legislación, pero la llegada del PP al poder frenó cualquier avance en el terreno de la recuperación de la memoria histórica democrática. Y no solo porque el partido conservador se mostró abiertamente en contra, desde el principio, de cualquier tipo de condena del fascismo franquista, sino porque el presupuesto que adjudicó a la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes fue “exactamente cero”, tal como presumía en su día Mariano Rajoy.
Trece años después de la ley Zapatero, aquel primer intento había quedado en buena medida frustrado y era necesario dar un nuevo impulso a la recuperación de la memoria histórica, en especial porque con el actual marco legal resultaba imposible cubrir los objetivos marcados por el Gobierno de coalición. El escenario había cambiado radicalmente en relación a 2007, en primer lugar, porque no se habían incluido en nuestro ordenamiento jurídico las recomendaciones de los organismos internacionales especializados en Derecho Humanitario −sobre todo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición confeccionado por Pablo de Greiff− que instaban a España a ponerse al día con las políticas de memoria.
En segundo término, las leyes autonómicas promulgadas en los últimos años (hasta 12) habían modificado sustancialmente el panorama de la memoria histórica, e iban más allá de la protección otorgada por la propia ley de Zapatero. En tercer lugar, los movimientos memorialistas han ejercido tal presión en demanda del reconocimiento de la dignidad de los represaliados que resultaba imposible no atender a sus reivindicaciones. Y por último, algo se había movido también en el Parlamento español, donde se habían tramitado numerosas propuestas relacionadas con la memoria, un hecho inédito en democracia que ha obligado el Gobierno a tomar la iniciativa.