Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaron, en su última reunión, relanzar las negociaciones para la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años caducado. A pesar de que el presidente del Gobierno accedió a que esas negociaciones se desarrollasen bajo la tutela de la Comisión Europea, tal y como pidió el líder de la oposición, la convocatoria de reuniones formales todavía no se ha cerrado mientras se discute sobre quien debe ser el mediador: el comisario de Justicia, Didier Reynders, o la vicepresidenta, Vera Jourová. Y, ahora, el Partido Popular vuelve a plantear su vieja exigencia de que antes de renovar se debe modificar el sistema de designación de los veinte vocales cuando fue Bruselas la que dijo, en su momento, que lo mas urgente era la elección con el sistema vigente y que, posteriormente, se discutiría una nueva fórmula. Lo que está ocurriendo es que, debido a las presiones internas del sector duro del Partido Popular, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, y de la derecha judicial, la negociación ni siquiera ha comenzado para desesperación de Bruselas donde ya se constata quien es el culpable del bloqueo. Y no es precisamente el gobierno como pensaba Reynders, sino los suyos, con los que simpatiza.
La pretensión del Partido Popular, además de contar con la oposición de la izquierda parlamentaria, supondría un retraso de la renovación por lo menos hasta el tercer trimestre del año, algo que Bruselas rechaza. Hay que modificar la ley orgánica del Poder Judicial, una reforma que debe ser consensuada y adaptada a la Constitución porque lo que se quiere, que es la elección directa de los vocales por parte de los jueces, puede ser inconstitucional si no se hace de una manera ordenada.
El apartado tercero del artículo 122 de la Carta Magna dice textualmente que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por lo tanto, existe escaso margen de maniobra para que sean los 5.408 jueces en activo los que elijan a los 12 vocales. Pero podría ser. Lo que pasa es que eso requiere la reforma de la ley orgánica 6/1985 del poder judicial para lo que se exige una mayoría parlamentaria que debería negociarse con los grupos del Congreso. De hecho, esta sería la segunda reforma del sistema de designación, la primera se llevó a cabo en 1985 por el gobierno socialista que modificó el sistema de la llamada “ley Sainz de Robles”, porque fue el primer presidente del CGPJ de la democracia, Federico Carlos Saiz de Robles, su inspirador.
Ha habido otras reformas de la ley orgánica pero nunca buscando un cambio del sistema de elección como el que ahora se pretende. En la ley orgánica 2/2001 se reformó parcialmente el procedimiento de elección de vocales procedentes de la magistratura. Las asociaciones profesionales o las agrupaciones que sumen, al menos, el 2 % del total que se encuentre en servicio activo, pueden presentar a las cámaras un total de treinta y seis candidatos, de los cuales el Congreso elige a seis y los otros seis el Senado. Luego es cierto, tal y como se señala desde el gobierno, que ya existe un sistema de participación de la carrera judicial en la elección de los vocales del CGPJ.
Pero el núcleo duro del Partido Popular y la derecha judicial no quieren ese sistema. Pretenden que se haga como en el caso de la carrera fiscal donde los integrantes del Consejo Fiscal los elijen directamente los profesionales pertenecientes al ministerio público. Eso, ahora mismo, tal y como está perfilada la ley, es imposible.
Además, hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se ordena al Reino de España que se restituyan los derechos de seis de los 51 candidatos seleccionados en un proceso llevado a cabo en 2022 que, al final, se interrumpió precisamente por el bloqueo del PP. El tribunal de Estrasburgo cree que se ha violado el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por no “haber convocado en los últimos cinco años un pleno parlamentario para la designación de los 12 vocales” correspondientes al turno de jueces y magistrados de entre los 51 candidatos.
Por lo tanto, en las negociaciones se deberá tener en cuenta esta sentencia por lo que los 51 anteriores aspirantes deberán entrar en la nueva lista de candidatos. En el ministerio de presidencia y Justicia recuerdan que “la lista ya está confeccionada con nombres y apellidos desde octubre de 2022”, a falta de acordar el nombre del presidente. Y en esa lista ya se tienen en cuenta las demandas presentadas en el TEDH. Poco más habría que añadir para llevar a cabo la renovación express que pretende Bruselas y que acepta el gobierno. Luego habría tiempo para llevar a cabo una reforma del sistema judicial español que Bruselas homologaría con los estándares europeos tal y como pretende Reynders y el PP.
Pero los dirigentes de Génova están sufriendo fuertes presiones para que se dilate lo más posible esa renovación. Los sectores más duros del PP creen que el gobierno socialista no durará ni siquiera un año y que, si eso ocurre, la mayoría que obtendrían en un nuevo proceso electoral sería suficiente para poder llevar a cabo la reforma que ellos pretenden; la que quiere la Asociación Profesional de la Magistratura que aspira a monopolizar el órgano de gobierno de los jueces.