Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, el poder judicial sufrirá una importante transformación. Pero no en el sentido de una mejora de la calidad del servicio. Su idea de reforzar la independencia de jueces y magistrados esconde, en realidad, un objetivo: hacerse con el poder y acabar, de una vez por todas, con lo que ellos llaman “veleidades progresistas”.
El primer asalto será al Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ya avisó que no llegaría a un pacto con el PSOE hasta pasadas las elecciones generales. Los populares lo tienen claro: el modelo actual mediante el cual doce de los vocales del máximo órgano de los jueces los designan diputados y senadores mediante un sistema de cuotas en función de la representatividad, se acaba. El PP ya ha pactado con la principal asociación de jueces y magistrados, la conservadora APM, volver al sistema ideado al principio de la transición que luego modificaría el primer gobierno socialista. Se trata de que esos vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados. Ahora falta por saber cual será la formula de elección. La APM quiere que sean las asociaciones las que los elijan en función de su representatividad. Las otras asociaciones, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Asociación Judicial Independiente, se oponen porque creen que, de esta manera, la APM monopolizará la totalidad de vocalías. Se inclinan por un sistema proporcional o por la votación directa de los jueces y magistrados.
Para llevar a cabo esta reforma, el PP necesitará apoyos parlamentarios ya que es necesaria la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, una modificación que requiere mayoría absoluta. Y, ya de paso, se llevará a cabo una reforma en profundidad para la designación de jueces en las instancias superiores: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Asimismo, se modificará el sistema de acceso a la carrera judicial. Se reformará la Escuela Judicial y se terminarán las ayudas públicas para los opositores de tal manera que se retornará al sistema antiguo. Ese por el cual sólo las personas con recursos podrán tener opciones a ser jueces algún día.
También se llevará a cabo una profunda reforma de la carrera fiscal. La Asociación de Fiscales, conservadora, tendrá más protagonismo en el seno del Consejo Fiscal. El actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será sustituido por alguna persona más próxima a Génova y, a buen seguro, se suprimirán fiscalías como la recientemente creada de la Memoria Histórica que ocupa la exministra Dolores Delgado, una de las personalidades más odiadas por la derecha judicial.
La ley de eficacia organizativa que hasta la disolución parlamentaria estaba siendo tramitada en el Congreso de los Diputados se archivará definitivamente. Jueces, fiscales, letrados, incluso los funcionarios de a pie, la rechazaron en su día y dicen que fue uno de los motivos de los paros llevados a cabo desde principios de año. Se mantendrá el actual sistema judicial. Juzgados de primera instancia y de instrucción seguirán llevando el peso de las diligencias, aunque se estudiará con los fiscales la posibilidad de que estos vayan adquiriendo mas competencias en materia instructora para aligerar la carga de las oficinas judiciales. Pero, de la revolución que pensaba llevar a cabo el gobierno progresista nada de nada. Los populares, desde un principio, se opusieron al proyecto. Prefieren dejar las cosas como están. Sólo se pondrán medios para completar la digitalización iniciada, pero con restricciones. Bruselas ha vuelto a poner en marcha el criterio de austeridad en el gasto público y, por tanto, habrá que llevar a cabo recortes en algunas partidas. Y la de Justicia tiene todas las papeletas en esa materia.
Afortunadamente, no es necesaria la modificación del Tribunal Constitucional. Sus miembros acaban de ser designados y funcionan con normalidad. Habrá que cubrir una vacante que correspondía al Partido Popular antes, incluso, de que se disolviese el parlamento. Pero la mayoría seguirá siendo, al menos durante los próximos dos años, progresista. Actualmente la correlación de fuerzas es de 7 a 4. Con la designación de un nuevo magistrado sería de 7 a 5.
Habrá novedades, también, en el Consejo de Estado. Cambiarán a su presidenta, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio. Pero hay que tener en cuenta que la ley que regula este organismo no contempla otro tipo de sustituciones. Sólo hay ocho vocales electos. El resto pertenecen a los turnos permanentes y natos. Estos últimos son de extracción institucional: representantes de las academias de la lengua, jurisprudencia, y ciencias morales y políticas, Consejo General de la Abogacía, Consejo Económico y Social, Fiscalía General del Estado, Banco de España y Comisión de Codificación y Servicio Jurídico del Estado. En realidad, la atención de este organismo queda en un segundo plano para el Partido Popular al ser de tipo consultivo, aunque en la actual etapa, el gobierno progresista se ha encontrado con muchísimas alegaciones contrarias a las normas que legalmente tienen que someterse a su examen
Cuando Alberto Núñez Feijóo habla de “derogar el sanchismo” no se refiere a la judicatura que está controlada por la derecha. Pero en Génova sí tienen claro que van a entrar a saco en este poder porque no sólo lo quieren controlar sino asegurarse de que, pase lo que pase en un futuro, la carrera fiscal y judicial siempre estará de su lado. Para que no haya mas sustos como el de los casos de corrupción que les salpicó y que les supuso que a uno de los suyos, Mariano Rajoy, lo echaran de una manera que ellos consideran indigna.