Reformar el sistema es más complicado que llegar a una renovación puntual del órgano de gobierno de los jueces. Lo dice el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, ante la insistencia del Partido Popular que exige cambiar el modelo de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial antes que proceder a la renovación del ilegítimo órgano que lleva cinco años caducado.
El PP es consciente de que pide un imposible, pero así se justifica ante Bruselas y, mientras tanto, sigue controlando la judicatura. De esa manera, con la estimable colaboración de la “caverna mediática”, puede cometer barbaridades como poner en boca del CGPJ una declaración contra la ley de amnistía que sólo ha votado una mayoría del pleno afín a Génova, que no se corresponde con la realidad política y social que vive el país. Así pues, quedan dos alternativas a las que Reynders es reticente, de momento, aunque es consciente de que son las únicas posibilidades de desbloqueo. La dimisión en bloque de los vocales, algo que los conservadores no van a tener la vergüenza de hacer, o la reducción de la mayoría necesaria para llevar a cabo esa renovación. No hay otra por mucho que se busque.
“Primero renovar y después iniciar una reforma en línea con los estándares europeos”. A la Comisión Europea le duele la boca de repetirlo, pero la derecha tergiversa esta explicación tan directa que no admite interpretaciones fuera de contexto. Aún así, le dan la vuelta e interpretan que lo que pide Europa es una reforma del sistema judicial español en línea con la que ellos proponen: que sean los jueces los que eligen a su órgano de gobierno.
La reforma del poder judicial que pretende el PP requiere una modificación de la ley orgánica que lo regula. Una reforma que no sólo quedaría en la forma de designar a los 20 vocales, sino también en sus funciones que experimentaron modificaciones a lo largo de los últimos años. Alberto Ruiz Gallardón califica de “vergonzante” la situación actual del CGPJ, pero cuando fue ministro de Justicia no hizo los cambios que el Partido Popular viene proponiendo en sus programas electorales. Pero sí dejó que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial que fue director general con Aznar, modificase el reglamento interno de tal manera que hubo un momento en el que para designar a los magistrados del Supremo no hicieron falta los tres quintos de vocales presentes en el pleno del organismo. Bastaba con mayoría simple. Y así fue como salas tan fundamentales como es la segunda de Lo Penal del TS pasó a tener de 9 jueces de tendencia progresista frente a 4 conservadores, en 1997, a 11 conservadores frente a 4 progresistas en el presente ejercicio.
El abuso de Lesmes a la hora de designar no sólo a los magistrados del Tribunal Supremo sino a los miembros de los tribunales territoriales, llevó al PSOE y a Podemos a presentar una proposición de ley para reformar la LOPJ. Una reforma aprobada en mayo de 2022 y en la que se limitan las competencias del órgano de gobierno de los jueces. Se acabó la barra libre y entonces vinieron las protestas y las presiones. Los jueces conservadores declararon la guerra al Gobierno atrincherándose en el Consejo General del Poder Judicial hasta tal punto que han llegado a hacer el ridículo aprobando una resolución, sin contar con los vocales del sector progresista, contra la amnistía sin conocer un texto que todavía ni había sido ultimado ni presentado en el registro del Congreso. La derecha mediática se encargó de manipular la declaración haciéndola partícipe de todo el Consejo. Apenas se informó de que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, no acudió al pleno porque argumentó que la convocatoria era ilegal.
Precisamente es Álvaro Cuesta el que ha vuelto a proponer la dimisión en bloque de los vocales que todavía permanecen en el CGPJ para forzar la búsqueda de una solución que, aunque simplemente fuese de compromiso, serviría para satisfacer no sólo las demandas de Bruselas sino de toda la sociedad, y, lo más importante, del estamento judicial más afectado por la situación de interinidad, el Tribunal Supremo, ya que la renovación supondría recuperar las competencias en materia de designación de jueces de las altas instancias. Sólo en el TS se deben cubrir 13 vacantes urgentemente.
No parece que la propuesta de Cuesta, que no es la primera vez que la efectúa, vaya a tener eco ni siquiera entre los vocales de su adscripción. Y menos entre los 9 conservadores los cuales insisten en que no se irán hasta que los diputados y senadores no encuentren una solución al bloqueo. “No vamos a dejar de cumplir con nuestro trabajo”, dicen aún a sabiendas de que han “doblado” mandato, cinco de esos diez años de manera irregular.
El PP quiere controlar el CGPJ a través de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados. De ahí que no quieran acordar otra cosa que no sea la reforma del sistema de elección de los 20 vocales. Porque se han comprometido con la asociación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, que sería la gran beneficiada de esta operación al poder llegar a monopolizar el CGPJ debido a que dobla en número de afiliados a las otras dos grandes asociaciones, la Francisco de Vitoria y la de Juezas y Jueces para la Democracia.
Lo que no dice el PP es que esa promesa a las asociaciones judiciales no sólo exigiría la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial sino también del artículo 117 de la Constitución donde se establece que es el Parlamento el que debe designar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Puede hacerse mediante la extracción de los candidatos del mundo judicial y académico como ocurre ahora, o a través de otros medios. Pero son los diputados y senadores los que tienen la última palabra y no el resultado de unas elecciones de tipo corporativo como se hace en el Consejo Fiscal. Por eso el comisario Reynders no habla de un Consejo General del Poder Judicial que sea elegido directamente por los jueces sino de que el nuevo sistema “vaya en línea con los estándares europeos” los cuales nada tienen que ver con el pretendido por la derecha.
La propuesta del PP es inviable porque supondría abrir un trámite parlamentario de un año de duración como mínimo. Y Bruselas ya lo ha dicho claramente. Es urgente la renovación. Y si no se hace con el sistema actual habrá que rebajar la proporción de tres quintos necesaria en la actualidad. ¿Mayoría simple? Pues a pesar de que ni la Comisión Europea ni Moncloa ve con buenos ojos esta alternativa, en estos momentos, y salvo un milagro de ultima hora, es la única vía posible.