El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón, dice el refrán castellano. Pedro Sánchez puede salir finalmente indultado de la crisis de la factura de la luz si, tal como anunció ayer, aplica su ambiciosa batería de medidas contra la piratería de las eléctricas. La decisión del Gobierno de coalición de recuperar para las arcas públicas cerca de 2.600 millones de euros que las corporaciones esperaban cobrar como “beneficios caídos del cielo” y aplicar ese dinero a una reducción de la factura del consumidor supone un paso importante hacia el socialismo real y demuestra que no es lo mismo que gobiernen unos a que lo hagan otros.
Con Pablo Casado en La Moncloa, una medida de este calibre hubiese sido impensable, lo cual demuestra que no tienen razón aquellos que proclaman que da igual que esté en el poder la izquierda o la derecha porque todos son iguales y nada cambiará. En esa especie de pesimismo autodestructivo pretende hacernos caer la ultraderecha de Vox con su discurso de brocha gorda, de tal forma que lleguemos a pensar que la democracia es una mentira, un camelo, y ellos la única alternativa como auténticos salvapatrias. Es preciso rebatir ese discurso falaz una y otra vez.
Recortar los beneficios de las multinacionales energéticas no es ninguna broma. Hablamos de una medida íntegramente intervencionista, socialista, en consonancia con lo que ordena la Constitución para sostener el Estado de Bienestar. No tardará el PP en despotricar contra el decreto del Gobierno acusándolo de chavista y bolivariano y cuando eso ocurra tendremos que tener en cuenta que algo bueno ha hecho el Ejecutivo de coalición frente a quienes defienden los beneficios sin límite de aquellos que esquilman nuestros bolsillos y juegan perversamente con un bien tan esencial para la vida humana como es la energía eléctrica.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reveló la importancia del momento cuando, al explicar cómo se aplicará el recortazo a las eléctricas, aclaró que se hará siempre con el “respeto a las empresas del sector” y a su rentabilidad. Que dedicara un minuto a lanzar un mensaje tranquilizador a las grandes compañías del sector demuestra el calado de una medida que no ha gustado al gran capital. El PP ya ha advertido de que se opondrá a cualquier plan intervencionista que suponga un tijeretazo a los beneficios de las hidroeléctricas y no debería extrañarnos que recurra el Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional.
Hace solo un par de días, en la Cadena Cope, el propio Casado se lamentaba de que el Gobierno siempre recurra al “exprópiese” y a “meter la mano” en el bolsillo “de las empresas, del ciudadano o del trabajador” cuando se trata de solucionar un problema como es el de los abusos en la factura de la luz. Es obvio que el plan le ha escocido como buen ultraliberal hasta las cachas que es. Habrá que ver cómo repercuten las medidas en la economía de las familias con menos recursos, pero una cosa está clara: si a Casado no le gusta la idea de limitar los beneficios caídos del cielo es que el Gobierno va por la buena senda socialista y debe ir pensando ya, más a largo plazo, en la creación de una gran empresa nacional de la energía.
Límite a las eléctricas
Con el plan Sánchez, el Ejecutivo restará a las eléctricas los “beneficios extra” que obtiene con la generación de energías diferentes al gas, como pueden ser la nuclear o la hidroeléctrica. Pero además recoge otras siete medidas de aplicación inmediata y que deberían suponer una rebaja en la factura de la luz de un consumidor medio de un 22 por ciento al mes hasta final de año, un alivio que, junto a la rebaja del IVA aprobada en junio y la supresión temporal del impuesto de generación, podría llegar hasta el 30 por ciento, lo cual no es poco si tenemos en cuenta que en el mes de agosto la luz subió una media de más de un 34 por ciento y hoy por hoy sigue batiendo récords históricos cada día.
En definitiva, bien sea porque Unidas Podemos ha presionado para que Sánchez plante cara al bandolerismo de las eléctricas o bien porque el presidente ha tomado conciencia del problema por sí mismo, debemos congratularnos de que aún quede algo de socialismo. Nunca antes un Gobierno se había atrevido a meterle la tijera tan profundamente a los especuladores, traficantes y subasteros de la energía, esos que han terminado por aterrorizar al ciudadano con sus facturas abusonas y delictivas.
Jamás podremos olvidar este verano en el que, después de hacer frente a los estragos de una terrible pandemia, los bucaneros del megavatio nos condenaron a apagar el aire acondicionado y a volver al abanico y al ventilador, como en los tiempos de la posguerra, porque no podíamos hacer frente a la dolorosa de la luz. Ya que la Justicia no se ha atrevido a meterse con esa pandilla de desalmados que nos ha estado asfixiando y torturando con el calor en uno de los peores años que se recuerdan, al menos es de agradecer que el Gobierno haya respondido con sensibilidad, aunque sea tarde y con injustificable retraso. Sánchez se comprometió y parece que va a cumplir. Al César lo que es del César.